Austeridad y presupuesto, problemas estructurales de la CEAV desde su creación: ONG

SOMOSMASS99

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Viernes 5 de junio de 2020

• La CEAV se caracteriza por su ineficiencia, apatía, burocracia, y opacidad propiciada por la ausencia de un reglamento interno pendiente de emisión desde el año 2017, señalaron

El recorte presupuestal a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) con motivo de la pandemia de Covid-19, con el que las víctimas serán quienes sufran las peores consecuencias, se da en un escenario en el que el gobierno mexicano continúa sin establecer como una prioridad de Estado el tema de la atención a víctimas y, al contrario, parece desconocer la necesidad de contar con una estructura institucional que garantice efectivamente los derechos de las víctimas, denunciaron sobrevivientes de tortura, familiares, víctimas de desplazamiento forzado y organizaciones defensoras de los derechos humanos (ONG).

Foto: Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Sostuvieron que en un contexto de crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes como el que se vive en México, en el que la situación de vulnerabilidad de las víctimas se agudiza, se requiere fortalecer a la CEAV para cumplir con todas sus obligaciones de ley y dotarla de los recursos humanos y materiales necesarios para ofrecer asesoría jurídica victimal y garantizar el derecho de acceso a la justicia a los cientos de miles de víctimas en todo el país.

Las y los denunciantes señalaron lo anterior en el contexto del comunicado de prensa publicado por la CEAV en los días recientes, en el que hizo pública la reducción del 75% de su presupuesto operativo como resultado de las medidas de austeridad señaladas en el Decreto publicado el 23 de abril de 2020. Ante las circunstancias, la CEAV advirtió que “frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento”.

Recordaron que la titular de la CEAV, Mara Gómez Pérez, ha señalado al respecto que la institución no cuenta con suficiencia presupuestaria para cumplir con las obligaciones que le impone la Ley General de Víctimas.

De tal cuenta que las debilidades institucionales de origen en la CEAV, como la falta de personal y recursos básicos para cumplir con su mandato de ley, se verán agudizadas por el recorte presupuestal, y serán las víctimas quienes sufran las peores consecuencias.

«Desde hace varios años, organizaciones civiles y colectivos de víctimas hemos advertido sobre la grave crisis de atención a víctimas y las graves deficiencias de la CEAV. A pesar de ello, la Comisión Ejecutiva aún se caracteriza por su ineficiencia, apatía, burocracia, y opacidad propiciada por la ausencia de un reglamento interno pendiente de emisión desde el año 2017. Además de carecer de espacios para la consulta y participación de sociedad civil, colectivos de víctimas, y víctimas.

«Por ello, organizaciones y colectivos de víctimas hemos solicitado en reiteradas ocasiones la creación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y la realización de un  profundo ejercicio de reingeniería institucional, tanto de su estructura como de sus procesos, a fin de eliminar obstáculos, eficientar su desempeño, y el uso de sus recursos».

Las organizaciones y colectivos dijeron, a través de un comunicado, que ya con anterioridad han advertido que la atención a víctimas no es tarea exclusiva de la CEAV, sino de todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), en los tres niveles de gobierno. No obstante, el pleno del SNAV no ha sesionado desde el año 2014, pese a que la Ley General de Víctimas establece que “deberá ser convocado por lo menos una vez cada seis meses a convocatoria del presidente de la República”. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de una audiencia temática sobre la crisis en materia de atención a víctimas en México, señaló que el mayor obstáculo es la falta de coordinación y articulación de las instituciones que conforman al Sistema.

Además de los retos anteriormente expuestos, se incorporan los señalados por la CEAV en su comunicado, entre ellos, la grave acumulación de 453 juicios de amparo interpuestos en su contra.

Mara Gómez Pérez, titular de la CEAV. | Foto: Presidencia de la República.

De tal cuenta, para las organizaciones y las víctimas resulta indispensable un análisis profundo sobre las fallas que generaron la situación actual de la CEAV, pues además existe una «gran preocupación» por el paradigma adoptado por la Comisión Ejecutiva «que aparenta una estrategia para ‘defender los intereses del Estado’, alejándose de su máximo objetivo que es el de atender, defender y reparar –en condiciones de  dignidad– a las víctimas».

Ante todo lo expuesto, las organizaciones y colectivos firmantes solicitaron lo siguiente:

• Ante la ausencia de información clara, precisa y actualizada sobre la situación financiera de la CEAV, exhortamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que garantice la suficiencia presupuestal para el desarrollo de las actividades de la Comisión Ejecutiva y otorgue recursos específicos que le permitan  complir con sus obligaciones conforme a la Ley General de Víctimas.
• Exhortamos a la CEAV a informar públicamente sobre los resultados de su diagnóstico acerca de su situación operativa y financiera, así como de publicar su propuesta de plan de trabajo para superar los desafíos señalados por las víctimas y organizaciones civiles– la falta de reglamento, la ausencia de un modelo de atención integral a víctimas, y las irregularidades en el uso de recursos financieros– en particular aquello relativo a la implementación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que contribuyan al uso eficiente de sus recursos para mejorar el desempeño de la institución.
• Ante la ausencia de articulación y coordinación de las instituciones encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, y defensa de los derechos humanos de las víctimas en los tres niveles de gobierno, exhortamos al presidente Andrés Manuel López Obrador a convocar a la brevedad al pleno del SNAV para avanzar en la construcción de una verdadera política integral de atención a víctimas y con ello cumplir con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado mexicano.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos y personas firmantes del comunicado son la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; I(dh)eas. Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas; Red Nacional de Peritos/as y Expertos/as Independientes Contra la Tortura, y Colectivo Liquidámbar. Sobre vivientes de tortura y familiares: Luis Enrique Biu González, Evanibaldo Larraga Galván, Rogelio Amaya Martínez, Miriam Jazbeth Ramírez Jiménez, Mayra López Vázquez, Ramiro López Vázquez, Lenica Morales Zavaleta, Jaime Domínguez Pérez, Mayra G., Contreras Flores, Ivonne Irais Ramírez Maldonado, Ma. De Lurdes Fuentes Chavira, Silvia León Porcayo, Amada Chavira Bolaños Noe Fuentes Chavira, Felipe Fuentes Chavira, Yolanda Barranco Hernández, Damián Gallardo Martínez, Martha Patricia Salvatierra Muñiz, Samantha Elizabeth Rodríguez Salvatierra, Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra, Rosa Mora Perdomo, Mercedes Rodríguez Rosas, Antonio Almanza Ledezma, María de la Luz Ávila Ugalde e Hilda Almanza Cerriteño. Personas Víctimas de Desplazamiento Interno Forzado: Minerva Espinoza Ramos y Dora Elva Ponce Ríos.

Foto de portada: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.