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Alfonso Díaz Rey*
Viernes 3 de julio de 2020
La devastación neoliberal en nuestro país (1982-2018) arrasó prácticamente con todo y lo dejó, literalmente, en ruinas.
En esos 36 años casi todo el patrimonio nacional fue entregado al capital privado local y extranjero, con el argumento de que con la globalización, la modernización, las nuevas técnicas administrativas, la eficiencia de la empresa privada y la inserción en un mercado que regulaba absolutamente todo, nos convertiríamos en un país de «primer mundo».
Desde el Estado, aprovechando su dominio ideológico y la posesión de los grandes medios de comunicación, la oligarquía desplegó una campaña con propaganda sustentada en mentiras, promesas siempre incumplidas e ilusiones inalcanzables, para el logro de su objetivo, sin dejar de lado la represión, como razonamiento final convincente,.
Mediante modificaciones de leyes secundarias iniciaron la transferencia de bienes y patrimonio nacional al capital privado, en flagrante violación a la Constitución, la que, posteriormente, en varias ocasiones «reformaron» para dar visos de legalidad a sus fechorías y despojos.
Para evitar la pérdida del control desde el gobierno y darle continuidad a su proyecto sin mayores contratiempos, recurrieron a tres fraudes electorales (1988, 2006 y 2012)
En ese período la corrupción, ya presente como una característica del desempeño capitalista, creció como nunca, se diseminó y se tornó fundamental para el funcionamiento y control de los mecanismos del sistema, tanto a nivel público como privado.
Además, en ese ambiente crecieron considerablemente: la deuda externa, la riqueza de la oligarquía, la pobreza, la injusticia, la desigualdad, la inequidad, la impunidad, la inseguridad, la precarización del empleo y los salarios, el despojo a los pueblos originarios, la devastación a la naturaleza, la inseguridad, el crimen organizado (dentro y fuera del aparato estatal), entre otros «logros» del proyecto neoliberal.
En forma paralela, el país experimentó un aumento de la dependencia tecnológica, financiera, comercial, alimentaria, energética, política, es decir, estructural, del extranjero, principalmente de Estados Unidos, lo que significó en la práctica la cesión de parte importante de la soberanía nacional.
Ahora, cuando por el hartazgo debido al continuo deterioro de las condiciones de vida y trabajo, y el deseo de cambios para mejorar, el pueblo, en la elección del 1 de julio de 2018, echó del gobierno de la república a los neoliberales, las acciones e intentos de la actual administración federal por recuperar la soberanía nacional y resolver en parte las graves desigualdades y condiciones desventajosas para el país heredadas de los gobiernos anteriores, son calificados por personajes y organizaciones de la derecha como ataques a la propiedad privada y al capital, además de violatorias a la Constitución y al estado de derecho.
Un claro ejemplo de ello es lo que ocurre en el sector de la energía, en los casos de la industria eléctrica y la de hidrocarburos. Los intentos por regular actividades para evitar más despojos a la nación y más atracos al pueblo, aun dentro del marco legal que los gobiernos neoliberales armaron, son objeto de feroces campañas propagandísticas en las que los monopolios locales y extranjeros se presentan como víctimas, y el gobierno de la república es el agresor y violador del estado de derecho.
Los dueños y representantes del capital (locales y extranjeros) se sienten amos de este país y con todo el derecho de imponer las condiciones para evitar la merma de sus ganancias y privilegios. Por ello exigen la prevalencia de un «Estado de derecho» y la «certidumbre jurídica» construidos por ellos, para seguir con sus prácticas corruptas, legalizar el despojo que hicieron a la nación, continuar con la explotación de los bienes otrora nacionales y la devastación que ello deja a su paso.
Algunos, velada o directamente, amenazan con cese o retiro de inversiones, al mismo tiempo que despliegan una campaña de descalificación y desprestigio, dirigida fundamentalmente a la figura del presidente de la República, colocándole etiquetas de comunista, socialista ─muy gastadas, pero que todavía asustan a no pocos incautos─ o de dictador, exigiendo su inmediata renuncia.
Otros, agazapados, aparentan estar de acuerdo con las decisiones del gobierno, no tanto por coincidencias políticas sino por conveniencia económica; sin embargo, en el momento en que sus intereses económicos resulten afectados, no dudarán en sumarse, con más fuerza aún, a las campañas de la derecha.
Es cierto que son pocos en número, sin embargo, concentran un enorme poderío económico y aún mantienen buena parte del control sobre aspectos estratégicos de la vida nacional y de algunos personajes con cierta influencia en las decisiones políticas (el senador Monreal, por ejemplo).
Lo anterior deja ver que el neoliberalismo sigue presente. La oligarquía se queja de la pérdida de espacios de poder, de privilegios afectados y cancelación de mecanismos y condiciones que favorecían una descomunal corrupción que les permitía mayores ganancias, cuyos costos eran transferidos al pueblo. Su objetivo: recuperarlos.
Cuando los lobos se quejan, es síntoma de que las ovejas no se dejan.
Sin embargo, permanecer a la defensiva no es suficiente para lograr una real transformación de nuestro país, será necesario desplegar un esfuerzo, lo más amplio posible, en busca de la unidad y la organización consciente de la gente, para recuperar la soberanía nacional y popular, y construir un país mejor.
* Alfonso Díaz Rey es miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Imagen de portada: Germán Larrea, dueño de Grupo México; Carlos Slim, Grupo Carso, y Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Elektra y TvAzteca. | Composición: Tendencias.
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