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Alertan a UE de grave crisis de DDHH en México y exigen cancelar megaproyectos

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SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Martes 14 de julio de 2020

 


  • Exigen al gobierno de México y a la Unión Europea fortalecer mecanismos de consulta y participación de la sociedad civil, así como de transparencia y rendición de cuentas

 

Alrededor de 300 organizaciones civiles (OSC) mexicanas y del extranjero denunciaron ante el Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, la grave crisis de derechos humanos en México, que se ha agudizado por los efectos de la pandemia de Covid-19 y la incertidumbre económica «que ha impactado de forma desproporcionada a los derechos humanos de las víctimas, particularmente a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad».

A través de un comunicado de prensa, las organizaciones civiles exhortaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la Unión Europea cancelar los megaproyectos «que han provocado asesinatos» de personas defensoras y suspender aquellos que carecen de valoraciones sobre sus impactos en derechos humanos y consultas, además de implementar mecanismos obligatorios para identificar, prevenir, abordar y reparar los daños actuales y posibles de las actividades empresariales públicas y privadas, tanto domésticas como extranjeras.

Mina El Carrizalillo, Guerrero. | Foto: Cristian Leyva / Subversiones.

También les pidieron reevaluar sus estrategias de derechos humanos dirigidas a la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres, personas defensoras, periodistas, migrantes, personas LGBTTTI+, pueblos indígenas y niñas, niños y adolescentes «ante el recrudecimiento de la violencia en el contexto de la pandemia»; diseñar una política migratoria y de asilo con enfoque de derechos humanos; fortalecer su cooperación técnica para un mayor acceso a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos; y fortalecer su cooperación política, técnica y económica, para paliar los efectos de la crisis por Covid-19 y sus impactos a corto, mediano y largo plazo.

Los exhortos de las organizaciones civiles se da en el contexto de la IX edición del Diálogo Bilateral de Alto Nivel en materia de derechos humanos que sostuvieron el gobierno mexicano y la Unión Europea el 10 de julio, cuando las OSC les entregaron un diagnóstico sobre la crisis de derechos humanos en México y formularon una serie de recomendaciones a autoridades mexicanas y europeas.

En ese encuentro, las OSC apuntaron como un hecho positivo que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya reconocido, en parte, la magnitud de la crisis en materia de derechos humanos y se haya comprometido a resolver algunas de las problemáticas más graves, como las desapariciones de personas.

«Sin embargo -sostuvieron las organizaciones- en la práctica se siguen manteniendo los altos índices de violencia y violaciones a los derechos humanos e impunidad. La crisis de desapariciones se mantiene en el país, con un registro oficial de 61 mil 637 personas desaparecidas, incluidas cinco mil 184 personas desaparecidas en 2019, de las cuales  mil 277 son niñas y mujeres. Las personas defensoras de derechos humanos, particularmente las defensoras indígenas de la tierra y del territorio, son el blanco de agresiones por parte de actores tanto privados como públicos. Los datos confirman que desde inicios de 2019, 33 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas, de entre las cuales cuatro fueron mujeres, incluyendo dos mujeres trans defensoras de derechos humanos, y 19 periodistas, demostrando que la labor periodística es de alto riesgo en México.

«La violencia de género se torna particularmente alarmante con el encierro, como lo reflejan las 11 mujeres, en promedio, asesinadas cada día. Cada 30 minutos un niño o niña es víctima de abuso sexual. Las niñas, niños y adolescentes son, por su parte, víctimas de siete asesinatos y siete desapariciones al día. Tan sólo en el primer año de la (actual) administración, 117 crímenes de odio contra personas LGBTTTI+ fueron contabilizados. Los datos públicos disponibles, si bien no reflejan la totalidad de los casos, sí dejan entrever un aumento de la violencia y violaciones a los derechos humanos en el contexto de la pandemia».

Recordaron, además, que la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, informó que de marzo a junio, en el contexto de la contingencia sanitaria por Covid-19, se registraron 103 agresiones en contra personas defensoras del derecho a la salud y 47 ataques contra el personal de salud; 141 agresiones contra personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas, y 237 personas desaparecidas.

Particularmente, expresaron su preocupación «ante las deficiencias estructurales de las instituciones de administración y procuración de justicia, que propician la persistencia de la impunidad, la ausencia de políticas integrales de atención a víctimas, el mantenimiento de la política de militarización de la seguridad pública y el incumplimiento de México con recomendaciones y resoluciones internacionales». E hicieron hincapié en el impacto de las medidas de austeridad sobre las instituciones de derechos humanos, así como la falta de criterios técnicos para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas relacionadas con derechos humanos.

Respecto al Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México, resaltaron el cierre de las negociaciones durante la pandemia sin consulta ni participación de la sociedad civil, «lo que evidencia la priorización de los actores económicos sobre los derechos humanos, contraviniendo los principios europeos de gobernanza y participación. Esto se refleja en la falta de evaluaciones de impacto en derechos humanos y ambientales incluyendo consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe, como se ha hecho con los megaproyectos del Tren Maya y del Corredor Transístmico, cuyas consecuencias ambientales y sociales serán devastadoras».

Finalmente, las OSC instaron al gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a hacer públicos los resultados del diálogo de Alto Nivel sostenido con la Unión Europea, en particular su valoración acerca del diagnóstico presentado y su propuesta para el seguimiento de las recomendaciones.

Entre las organizaciones que firman el comunicado se encuentran, por México, Artículo 19, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Espacio OSC, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Servicio Internacional para La Paz, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos. Por las organizaciones europeas, firman la Coordinadora Alemana por los Derechos  Humanos en México, Colectivo París Ayotzinapa, Federación Internaciopnal por los Derechos Humanos, Organización Mundial contra la Tortura, Taula per Mèxic, La Adhesiva, la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia y el President de la Comissió de DDHH del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya y vicepresidente de la Fundación DDHH del Consejo General de la Abogacía Española, Decano del Colegio abogacía Girona, Carles McCragh.


Foto de portada: SomosMass99 / Archivo.






Luis López




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