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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 15 de julio de 2020
La empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) y el presidente municipal de Homún, Yucatán, Manuel Jesús Chi Chim, en acción concertada, se desistieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los recursos que habían interpuesto en contra de la suspensión de 2018 que paralizó las operaciones de la granja en Homún, para así evitar la observación y revisión de las consecuencias medioambientales de la actividad de la empresa y la violación de los derechos humanos del pueblo maya.
Foto: Emiliano Monroy-Ríos blog.
Así lo informaron los representantes legales de la infancia en Homún, que lograron la suspensión en 2018, y las organizaciones civiles Kanan Ts’ono’ot y Equipo Indignación, quienes en un comunicado conjunto sostuvieron que el alcalde y la empresa también pretenden, con su desistimiento, impedir «por ahora» que el máximo tribunal del país se pronuncie sobre el grave problema que la industria porcícola está generando en la Península de Yucatán.
El 24 de junio de 2020, la SCJN determinó atraer para su conocimiento las revisiones que el alcalde de Homún y la empresa porcícola PAPO habían interpuesto en contra de la suspensión que paralizó, desde octubre de 2018, las operaciones de la granja en Homún.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al anunciar la atracción del caso, había hecho énfasis su especial importancia debido a que ofrecería a la SCJN la oportunidad de pronunciarse sobre asuntos verdaderamente transcendentes y generar criterios novedosos en materia de protección ambiental, sobre todo en torno a los elementos relacionados con la prevención, suspensión y principios precautorios frente a cualquier proyecto o actividad que pudiera vulnerar al medio ambiente, tal como ocurre con la mega granja de cerdos.
Al discutir el caso, el máximo tribunal del país revisaría las afectaciones que la industria porcícola está generando en las comunidades mayas de la Península de Yucatán y en áreas naturales protegidas como la Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes de Yucatán.
Las acciones de PAPO y del alcalde de Homún, afirmaron las organizaciones, revelan el temor que despierta en la industria porcícola la observación y revisión por parte de los más altos niveles federales de las graves consecuencias medioambientales de su actividad en la península y de la violación de los derechos del pueblo maya y los derechos ambientales de todas y todos los habitantes de Yucatán.
«El desistimiento del alcalde de Homún, Manuel Jesús Chi Chim, muestra, además, hasta qué punto la empresa PAPO parece contar con complicidades en las autoridades de diversos niveles en el estado de Yucatán para continuar con las violaciones a los derechos del pueblo maya que se derivan del establecimiento de las mega granjas de cerdos. La simultaneidad de los desistimientos de PAPO y el alcalde de Homún nos llevan a sospechar posibles actos de corrupción y/o cohecho. Además de evidenciar el nulo interés de dicho funcionario por la protección de los derechos de los habitantes de Homún».
Cenote en Homún. | Foto: Bromo.
Estimaron importante que la SCJN y el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa con sede en Yucatán, ante estos desistimientos, garanticen la seguridad jurídica de los quejosos. Y recordaron que, además, que en este juicio de amparo los demandantes son niños y niñas del pueblo maya de Homún. «Los órganos de justicia deberán ser enfáticos en establecer que el sobreseimiento de estas revisiones tiene como resultado que la suspensión definitiva otorgada a favor de los menores queda totalmente firme en tanto se resuelve el juicio principal, pues las razones por las que se concedió la suspensión definitiva siguen siendo las mismas».
Informaron también que los representantes de los menores quejosos han realizado una nueva solicitud de atracción a la SCJN sobre un recurso contra la resolución que negó a PAPO la modificación a la suspensión en octubre de 2019. Dicho recurso se encuentra actualmente en manos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa con sede en Yucatán, «que en otras ocasiones se ha mostrado parcial a favor de la empresa, razón por la cual resulta fundamental que la Suprema Corte atraiga el análisis de este recurso».
Foto de portada: LectorMx.
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