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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Viernes 24 de julio de 2020
A cinco años de que David Mendoza Marín, Margarita Marín Yan y Alfredo Elías Marín fueran desaparecidos de manera forzada por policías del municipio de Ahome, Sinaloa, el Estado mexicano continúa incumpliendo con sus obligaciones nacionales e internacionales vigentes, ocasionando la impunidad absoluta, dijo la organización defensora de derechos humanos I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
Todo ello, añadió, a pesar de la existencia de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde mayo de 2016 y las Acciones Urgentes dictadas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU en diciembre de 2015.
Frente a ello, este 10 de julio de 2020 el CED de la ONU envió una fuerte recomendación al Estado mexicano pidiéndole información sobre las acciones realizadas en materia de investigación y sanción de los responsables y atención integral a las víctimas.
Las omisiones han sido la constante en el caso presente, en especial por parte del fiscal general de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, quien se ha negado a cumplir un amparo judicial que le ordena ejecutar de forma inmediata las órdenes de aprehensión –libradas desde el 15 de abril de 2016–en contra de tres elementos de la policía del municipio de Ahome, Sinaloa.
A través de un comunicado de prensa, I(dh)eas añadió que también hay reiterados incumplimientos de los acuerdos emanados con la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR) y, por supuesto, con la CEAV, «institución que se ha negado a desarrollar un plan integral de atención a las víctimas, en particular la de cinco niños que quedaron huérfanos por estos brutales hechos».
El 21 de julio de 2015, David Mendoza Marín, Margarita Marín Yan y Alfredo Elías Marín fueron desaparecidos por policías del municipio de Ahome, Sinaloa, a quienes los subieron a una patrulla y después a un automóvil compacto. Sus restos fueron localizados en noviembre de 2018, en un predio al norte de Sinaloa.
A cinco años de su desaparición, la familia de los jóvenes desaparecidos y sus representantes exigen a la Fiscalía de Sinaloa y a la FGR cumplir las recomendaciones de la CED, realizando de manera seria y diligente todas las acciones para investigar las desapariciones forzadas y posterior homicidio de los tres jóvenes; a la Secretaría de Gobernación y CEAV, garantizar la protección de las víctimas y en particular atender las observaciones de la ONU en materia de atención y reparación integral de las familias y en especial los niños huérfanos «con esta brutal acción del Estado mexicano».
La organización sostuvo que la «CEAV no puede continuar negando sus obligaciones internacionales y desconociendo de manera flagrante sus obligaciones legales. Las víctimas no pueden esperar indefinidamente que los funcionarios a cargo de dicha institución resuelvan los problemas estructurales mientras miles de víctimas piden la atención a la cual tienen derecho».
Foto de portada: I(dh)eas.
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