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Alfonso Díaz Rey*
Viernes 31 de julio de 2020
A raíz de la detención y extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, comienza a destaparse una cloaca de corrupción y complicidades cuyo hedor, desde mucho antes, resulta insoportable para la nación.
Mucho de esa corrupción y complicidades constituían un secreto a voces; sin embargo, no son exclusivas de la anterior administración federal, la de Peña Nieto; vienen de tiempo atrás y se agudizaron a partir del inicio de la imposición de la doctrina neoliberal en la administración pública, en el sexenio gobernado por Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988).
Los dictados y «recetas» neoliberales fueron impuestas por organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional y El Banco Mundial, así como por los acreedores internacionales. El objetivo de tal imposición era la recomposición del sistema a escala internacional, para sortear la grave crisis estructural que padecía desde finales de la década de los sesenta del pasado siglo. Y nuestro país debía contribuir a ello.
Mediante prácticas corruptas, precedidas de propaganda que con base en mentiras y promesas nunca cumplidas, ofrecieron el tránsito a un primer mundo y con ello la solución a los problemas del país y de sus habitantes, para lo cual era necesario que México se «modernizara» y se insertara en la «globalización». Tal modernización e inserción se tradujo en el despojo a la nación y desmantelamiento de su patrimonio y sus bienes naturales, así como de la planta productiva, hasta prácticamente dejar al país en la calle. Hoy, ese primer mundo está cada día más lejano y los problemas, si hacemos un balance, son más y mayores.
Para imponer la doctrina neoliberal recurrieron a flagrantes violaciones a la Constitución, la que posteriormente reformaron para adecuar y legalizar sus actos; realizaron tres grandes fraudes electorales (1988, 2006 y 2012), para darle continuidad a su proyecto; compraron voluntades en los poderes legislativo y judicial; entraron en componendas con grupos monopólicos locales y extranjeros; y vulneraron seriamente la soberanía nacional.
Por esa vía se consiguieron las «conquistas» neoliberales, que se tradujeron en la entrega al capital privado local y extranjero de una serie de bienes y servicios propiedad de la nación, administrados por el Estado. De ese modo entregaron la industria petroquímica, bancos, puertos, aeropuertos, telefonía, televisoras, aerolíneas, ferrocarriles, carreteras, minas, centrales azucareros, importantes áreas del sector energético, el sistema de comunicación vía satélite, franjas costeras, el espacio radioeléctrico, la siderurgia y otros, muchos de ellos estratégicos o prioritarios para el desarrollo del país.
Muchas de esas transferencias representaron enormes ganancias para los empresarios privados adquirientes, miembros de la oligarquía local e internacional, y para políticos que impulsaron o participaron en esas «operaciones» de desincorporación de los bienes nacionales.
El principal perjudicado por las acciones, medidas y políticas que se implementaron durante los seis gobiernos neoliberales fue el pueblo mexicano, especialmente los trabajadores manuales e intelectuales, del campo y la ciudad, quienes experimentaron la disminución de sus salarios e ingresos reales, pérdida de conquistas y derechos laborales y sindicales, precarización del empleo, deterioro de servicios de seguridad social y educación, en fin, la cancelación de su futuro; situación especialmente grave para los que laboran en el sector informal de la economía y para los desempleados.
Por si lo anterior fuera poco, quienes trabajan en el sector formal vieron como sus fondos de pensiones se privatizaron, para servir de apoyo financiero a proyectos de los oligarcas que participaron en el despojo a la nación, para de esa manera incrementar sus ganancias y fortunas.
Por lo anterior, en la elección federal del 1 de julio de 2018, el pueblo acudió a las urnas y dio su voto al candidato que ofreció un cambio en la conducción del país, centrando su oferta política en la erradicación de la corrupción y la atención y apoyo a los más necesitados.
Ahora, con la cloaca a la vista y el olor de todos, la exigencia popular es que se haga justicia y se sancione ejemplarmente a los implicados, no solamente en el caso que concierne al exdirector de Pemex, sino de quienes resulten responsables del gran atraco a la nación que se dio durante esos seis gobiernos neoliberales.
Por otro lado, a los que se beneficiaron de esas prácticas y a sus lacayos les ha dolido sobremanera la pérdida de privilegios y prebendas, por lo que son ahora quienes dirigen y promueven campañas de descrédito contra el actual gobierno, acusándolo de autoritario y comunista. Es de suponer que conocen bien el significado del primer calificativo, pues lo practicaron amplia y constantemente, no así del segundo, del que no tienen la mínima idea de lo que en realidad es.
El actual gobierno no es ni siquiera anticapitalista, pero comprende que la corrupción y la pobreza deben atenderse y atacarse, para evitar condiciones que desemboquen en un estallido social que origine grandes pérdidas en todos los aspectos de la vida.
El combate a la corrupción y a la pobreza implica en sí un cambio en la conducción política del país. Pero no es suficiente. Desigualdad, inequidad, inseguridad física y social, injusticia, deterioro ambiental y otros obstáculos a vencer para aspirar a una vida digna son materia pendiente desde hace muchísimo tiempo en nuestro país. Solamente podrán superarse con el concurso consciente y organizado de nuestro pueblo.
* Alfonso Díaz Rey es miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Imagen de portada: Nikolai (@nikxcsr) / Twitter.
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