SOMOSMASS99
Juan Manuel Ayala López*
Viernes 31 de julio de 2020
El Documento de Santa Fe II. Una Estrategia para América Latina en la década de 1990, redactado por la CIA en la ciudad de ese nombre en Nuevo México, inspirado, como otros del mismo talante, frente al temor de la propagación progresista en la región, ha servido como base operativa del fortalecimiento de la política de dominación estadounidense en América Latina. El espectro de las amenazas aún mantiene el temor al “comunismo”, pero se amplía al terrorismo (alude al zapatismo, varios años antes del alzamiento del EZLN), la migración como resultado de la pobreza, y al narcotráfico, cuya supuesta lucha contra este flagelo sirve para fortalecer la presencia militar de Estados Unidos y para financiar a grupos paramilitares, criminalizando, con un política punitiva y militarista, la juventud y la pobreza.
Por ende, como lo señala la Dra. María José Rodríguez Rejas, la “norteamericanización de la seguridad en México y América Latina ha dejado hasta el momento un rastro de descomposición institucional y social. La corrupción y el caos han minado las instituciones policiales, militares y de justicia, así como a la propia clase policía…. La destrucción del tejido social, el miedo y el caos son altamente funcionales para el control de los territorios y sus recursos, es decir para la reproducción de la dominación capitalista” (La norteamericanización de la seguridad en América Latina, 2017:89).
La violación de los derechos humanos asociada a la militarización de la lucha contra el narcotráfico, la corrupción de militares y policías y el paramilitarismo será igualmente parte de los impactos de esa estrategia.
Lo anterior, nos lleva a empezar a entender la manera en que el sistema político mexicano ha contribuido a crear un enemigo formidable en estos tiempos de permanente crisis de seguridad nacional.
Siguiendo la inercia estadounidense, los medios de comunicación pronto se acostumbraron a llamar “cárteles” a las organizaciones que encabezaban estos personajes. Pero “la palabra ‘cártel’, como prácticamente todo el vocabulario asociado al ‘narco’, tiene un origen oficial”, como lo señala atinadamente el investigador Osvaldo Zavala.
El sociólogo Luis Astorga subraya la contradicción de referirse a los grupos de traficantes como “cárteles” a pesar de que, según la inteligencia oficial, lejos de colaborar horizontalmente para potenciar sus ganancias, los “cárteles” actúan como rivales en pugna dispuestos a eliminarse unos a otros.
En una entrevista que la revista Time le hizo en 1994 a Gilberto Rodríguez Orejuela, el traficante colombiano que supuestamente lideraba, junto a su hermano Miguel, el “cártel de Cali”. El traficante declara: el “cártel de Cali” simplemente no existe. “Es una invención de la DEA […] Hay muchos grupos, no sólo un cártel”. Los fiscales estadounidenses los llaman ‘cárteles’ para hacer más fáciles sus casos. Todo es parte del juego. La policía lo sabe. También la DEA. Pero prefieren inventar un enemigo monolítico (Osvaldo Zavala en Los cárteles no existen, 2018: 8).
Existe, es evidente, la violencia atribuida a los supuestos “cárteles”, pero esa violencia obedece muchas veces más a las estrategias disciplinarias de las propias estructuras del Estado que a la acción criminal de los llamados “narcos”. Pero pretender analizar la violencia que sufre el país con movimientos estratégicos de grandes cárteles es simplificar demasiado el asunto. “Hemos pasado a muchas más bandas dedicadas a más cosas, donde la violencia se ha vuelto muy local, como en el caso del estado de Guanajuato. Hay cadenas de venganzas, cuya violencia ya no tiene que ver con el origen de la disputa, se trata más de mantener el capital reputacional de los “malandros”. La violencia involucra ya no sólo a los sicarios, sino a pandillas con sus propias peleas”, explica el analista en temas de seguridad, Alejandro Hope.
Para los reporteros de investigación Ignacio Alvarado y Julián Cardona, los “cárteles” son un dispositivo simbólico cuya función principal consiste en ocultar las verdaderas redes del poder oficial que determinaban los flujos del tráfico de drogas.
Como se ha dicho al principio, la “guerra contra las drogas”, promovida por los Estados Unidos, que había comenzado en la década de 1970 durante la presidencia de Richard Nixon como una estrategia doméstica para combatir la disidencia de izquierda, ahora tomaría el lugar del comunismo para legitimar la política intervencionista estadounidense.
Terrence E. Poppa, en su libro Druglord. The Life and Death of a Mexican Kingpin (Señor droga: Vida y muerte de un capo mexicano), logró comprender el control que el sistema político mexicano estableció sobre el crimen organizado, sometiéndolo a su estructura de poder. Ese control se expresa, por ejemplo, en la noción de “plaza”. Entre 1975 y 1985, es decir, entre la Operación Cóndor y el asesinato de Enrique Camarena, el agente de la DEA en Guadalajara, el sistema político sometió de forma absoluta al crimen organizado, limitando sus lugares de operación a ciudades específicas, determinando sus rutas de tráfico y, todavía más importante, marginándolo del poder político, civil y militar.
A partir de la adopción abierta del discurso de seguridad nacional estadounidense, sobre todo con la creación del CISEN en 1989, el sistema político incrementó gradualmente una violenta estrategia militarista que culminó, como pudimos atestiguar en el horror cotidiano de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la presidencia de Felipe Calderón.
La supuesta crisis de seguridad nacional, que según este presidente justificó la “guerra contra las drogas”, está sustentada principalmente en una estrategia discursiva sin fundamento material. El sociólogo Fernando Escalante Gonzalbo (Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso, Nexos, 2011) mostró ya, con un simple análisis estadístico basado en cifras oficiales, que la violencia en el país comenzó después de la militarización ordenada por el gobierno federal en 2008.
La violencia sólo repuntó en las zonas del país donde se concentraron los miles de soldados y los agentes federales enviados por Calderón. La presidencia de éste quiso militarizar el país para contener una supuesta “guerra de cárteles” que no producía violencia. El ejército y los agentes federales tomaron ciudades donde no había ninguna emergencia.
En 2007, Luis Astorga publicó uno de sus libros más importantes, Seguridad, traficantes y militares, donde señalaba: “En el campo del poder, los traficantes han estado históricamente subordinados al poder político, no han competido con éste ni han intentado hacerlo creando asociaciones o partidos políticos; tampoco han desarrollado una estrategia de “infiltración” de largo alcance para invertir la relación de subordinación. Hay corrupción puntual, especialmente en corporaciones policiacas, no un plan consensuado de organizaciones criminales ni un complot para impulsar una modificación sistémica o “probar” al presidente. En otras palabras, los traficantes son algunos de los agentes sociales cuyas actividades y acciones dificultan sin duda la gobernabilidad, pero no disputan el poder político ni la dirección del Estado”.
Ignacio Alvarado con sus investigaciones y aportaciones periodísticas nos puede ayudar a comenzar a entender esta acuciante cuestión: “La violencia en México no se explica a partir de una guerra entre narcos ni es una disputa por la plaza. Es más: no existe un sólo narcotraficante con capacidad para desafiar a instituciones como el Ejército, la Marina o la Policía Federal. Ni siquiera el recientemente sentenciado a cadena perpetua, “El Chapo” Guzmán. Más allá de las versiones del propio gobierno, nada sustenta la verdad de lo que se afirma. En el núcleo de la violencia, la droga es sólo el pretexto. La influencia del Departamento de Estado estadounidense en este tema es la clave. Todo con un propósito de interés capital, en el que el Plan Mérida es el instrumento perfecto para la manipulación social y política del país. El sistema de terror tiene un propósito de destierro, un objetivo para despoblar territorios inmensos, ricos en hidrocarburos, minerales y agua. Existe un antes y un después de las reformas estructurales, como la energética, que hoy permiten la participación de capitales privados y extranjeros en la explotación de los recursos, pero cuya idea existe desde dos décadas anteriores”.
Concluyamos, como Osvaldo Zavala, en su libro Los carteles no existen: “… El ‘narco’ aparece en nuestra sociedad como una temible caja de Pandora que, de ser abierta, creemos que desataría un reino de muerte y destrucción. Si pudiéramos vencer el miedo y confrontar aquello que llamamos ‘narco’ abriendo por fin la caja, no encontraríamos en ella a un violento traficante, sino al lenguaje oficial que lo inventa: escucharíamos palabras sin objeto, tan frágiles y maleables como la arena”. Empecemos, pues, a abrir la caja y sus miedos.
* Vocero del Observatorio Acambarense por los Derechos Humanos Raúl Vera López.
Imagen de portada: Observatorio Acambarense por los Derechos Humanos Raúl Vera López.
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