SOMOSMASS99
Agustín Galo Samario
Lunes 24 de agosto de 2020
Quien conozca a Héctor López Santillana sabe que es una persona de muy buenas maneras, correcto en el hablar y elegante, diríase por algunos, todo un caballero. Un panista a toda prueba y católico por convicción, que gobierna la ciudad de León, Guanajuato, donde sus policías agreden sexualmente a muchachitas, y si otras se solidarizan y protestan, las detienen. Acto ejemplarizante para quien se atreva a hacer la pregunta impertinente: ¿y la justicia?
Lo sucedido la noche del sábado es sólo la última aparición de ese rostro de la decencia. Cerca de 300 jóvenes, algunas de ellas adolescentes, decidieron manifestarse por la agresión sexual que una chica llamada Evelyn sufrió días atrás a manos de policías leoneses. La respuesta de la autoridad encabezada por López Santillana fue la que se conoce: a golpes, sometidas por el cuello, arrastradas e insultadas, 23 de ellas fueron detenidas arbitrariamente. Algunas fueron desaparecidas durante horas por las y los agentes policíacos que las obligaron a subirse a camionetas de la corporación municipal, donde otra vez fueron agredidas y al menos dos adolescentes – una de 17 años- violentadas sexualmente. Sin dejar atrás que cuatro periodistas que cumplían su labor recibieron amenazas.
Esto paso ayer en León Guanajuato, México. Policías ahorcaron y patearon a varias manifestantes. pic.twitter.com/4XxhPIU6Ns
— ʟᴀ ᴅʀᴀᴍᴀs_ʟɪᴠᴇ👔 ˢᵉᵐᵖᵉʳ ᶠⁱ (@sofia_ridicula) August 24, 2020
El autoritarismo instaurado por la ultraderecha católica en León reproduce el escenario construido por la administración de Enrique Peña Nieto para las mujeres de Atenco en mayo de 2006. Hoy el PRIAN aparece de nuevo, en toda su significación ideológica y partidaria, bajo el guión establecido para la ocasión: ante una protesta, se procede a detener arbitrariamente a un grupo de mujeres y se les aplica el rigor de la fuerza policiaca en nombre de la ley y las instituciones. Si en el Estado de México se dijo que se hizo uso de la fuerza pública para preservar la tranquilidad social, en León aparece un comunicado en que el gobierno municipal intenta adelantarse a la objeción. «Refrenda» su respeto al derecho de manifestación, a las garantías individuales, a la libertad de expresión y su «compromiso» de «propiciar total apertura y transparencia en los procesos», sin olvidar los protocolos para iniciar la investigación 305/20-POL con el fin de «garantizar que la actuación de la autoridad se hizo bajo el Estado de Derecho». Así, pues, el gobierno de López Santillana avisa que va a hacer todo lo posible para negar, ocultar e invisibilizar las torturas, agresiones sexuales y todas las violaciones a los derechos humanos de las jóvenes manifestantes, cometidas por sus policías y solapadas -acaso ordenadas- por sus jefes y toda la cadena de mando, hasta los más altos niveles. Para eso hay uno de los suyos como fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre, para encargarse de las investigaciones. Ese es su Estado de derecho, torcido y corrupto, pero su Estado de derecho. Ese que le permite mostrarse magnánimo y a la vez anunciar que se dejó en libertad a las detenidas con sólo una amonestación de por medio.
Si bien hay muchos adoctrinados en estos casi 30 años de gobiernos de ultraderecha panista en Guanajuato, que cobijados en el manto machista exigen que las mujeres se queden en casa a hacer frijoles o que les den una «paliza» por andar de «revoltosas», también hay personas que dan cuenta del contexto en que se da este nuevo ataque contra mujeres. Saben a las claras que el conservadurismo católico que gobierna la entidad no duda en ensañarse contra la mujeres que levantan la voz por las libertades y contra las injusticias. Que así lo hizo en julio pasado con las madres, hermanas e hijas de los desaparecidos, y así lo hace ahora con las jóvenes que protestan contra las agresiones sexuales de la policía leonesa. Saben que cada vez hay más niñas, adolescentes y mujeres adultas desaparecidas, violentadas sexualmente o sustraídas de sus hogares para llevarlas a un destino incierto.
Pero ellas no están solas, ellas se acompañan y cada vez son más. Los ataques del sábado contra feministas de León desató una marea de solidaridad nacional. A la Red de Movimientos Feministas de Guanajuato, Red Feminista León, el Colectivo A Tu Encuentro, Sembrando Comunidad, Agenda Ambiental Irapuato, Acción Colectiva y a la Consultoría en Política Criminal y Desarrollo Humano Integral se les sumaron Amnistía Internacional México, la Red Nacional de Periodistas, Amicus Hidalgo, Red Jurídica Feminista, Apostasía Mexicana, Vulvas Combativas, Redim-Derechos de la Infancia, Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, entre otras organizaciones civiles. Además, las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados federal que aseguraron este domingo que darán seguimiento a las denuncias formales que presenten las víctimas por detención arbitraria y conductas que pueden constituir los delitos de tortura y agresión sexual.
Esta solidaridad llama al optimismo. Más, si se tiene en cuenta que el déspota, el autoritarismo que gobierna, lo que pretende es que los ciudadanos no sean tales sino que sus corazones y sus cabezas respondan a los lineamientos enseñados por su autoridad. Porque así es más sencillo que se acepte, por igual, su idea de que ante todo primero el orden, el respeto y las obligaciones. Por eso hay muchas personas, aleccionadas durante años por la ultraderecha, que exigen castigos ejemplares a las mujeres que protestan, porque «vandalizan» las piedras de la fachada de una iglesia o el mobiliario urbano pagado con nuestros impuestos. Despotismos realmente escalofriantes son estos que aplican toda la fuerza del Estado contra quienes protestan y expresan ideas distintas; contra quienes se atreven a denunciar lo que les daña y a quienes las dañan -a través de mensajes en aerosol en monumentos, por ejemplo-, para que todos sepan que semejante manifestación de inconformidad merece un castigo, que supone una desgracia, como una desgracia es la violencia sexual perpetrada por policías.
El caso de las mujeres de Atenco torturadas sexualmente en 2006 en el Estado de México es muy similar al de las feministas violentadas en León, y ya juzgado por tribunales internacionales. En los puntos 203 y 204 de la sentencia Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs México, del 28 de noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la actuación de los policías «parecería indicar que el propósito era precisamente que las demás manifestantes vieran o supieran lo que ocurría a sus mujeres cuando se reta su autoridad, bajo una concepción machista de las mujeres como una posesión u objeto a dominar para doblegar al grupo que se está tratando de controlar.
«Por tanto, la Corte concluye que, en el presente caso, los agentes policiales instrumentalizaron los cuerpos de las mujeres detenidas como herramientas para transmitir su mensaje de represión y desaprobación de los medios de protesta empleados por los manifestantes. Cosificaron a las mujeres para humillar, atemorizar e intimidar las voces de disidencia a su potestad de mando. La violencia sexual fue utilizada como un arma más en la represión de la protesta, como si (…) constituyeran sencillamente una táctica adicional para alcanzar el propósito de dispersar la protesta y asegurarse de que no volviera a cuestionarse la autoridad del Estado».
La ultraderecha que gobierna Guanajuato debiera tener en cuenta que ellas no se detendrán. Con sus protestas han hecho lo que muchos apenas si imaginamos, pero que no nos atrevemos. En ellas, sobre todo en las más jóvenes, está la esperanza de un México mejor. No en ellos.
Foto de portada: Alonso Merino Lubetzky vía Change Org.
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