Otro triunfo de Zamarripa
Agustín Galo Samario
La agresión hace una semana contra Karla Janeth Silva Guerrero, corresponsal en Silao de El Heraldo de León, además de poner a Guanajuato en el mapa de los estados donde se atenta contra la libertad de expresión y la integridad física de los periodistas, ha puesto a prueba a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
En una primera lectura, la conferencia de prensa en que el procurador Carlos Zamarripa Aguirre informó de la aprehensión de dos de los presuntos agresores materiales, la fuga de un tercero y del supuesto autor intelectual, el jefe de la Policía Preventiva, Nicasio Aguirre Guerrero, pareciera ser una buena noticia para la sociedad, el gremio periodístico y para el desarrollo democrático de Guanajuato.
Ya no lo es tanto cuando el mismo funcionario empieza por resaltar que con la aprehensión se resuelve el caso y que, de esa forma, se garantiza “el respeto al Estado de derecho” y se deja en “claro que en Guanajuato no se toleran ni quedan impunes actos criminales que atenten contra la libertad de expresión”. Todo, gracias a “investigaciones eficientes” y al “uso de la tecnología estatal, los esquemas de inteligencia y análisis de información”.
Adornarse, si se fuera tan profesional, no sería necesario. Menos si no se hubieran dejado tantos cabos sueltos. Dice el procurador que con la agresión a la reportera y el robo de pertenencias personales y de la oficina de El Heraldo “se contribuyó a mermar su trabajo periodístico”. Habría que preguntar por qué se deja fuera lo dicho por la propia Karla Janeth Silva y el jefe de información de ese periódico, Carlos Martínez Vertti, sobre la publicación de notas críticas respecto al trabajo del alcalde Benjamín Solís Arzola y los posteriores reclamos y bloqueos informativos del funcionario a la corresponsal.
No basta con que a pregunta expresa de los reporteros el procurador acepte que se va a llamar a declarar al munícipe. Hay muchas cuestiones de fondo en este caso que no deben ser ignoradas si se quiere resolver por completo un caso que es un delito sin atenuantes. Por ejemplo, las deudas del municipio con El Heraldo de León por convenios de publicidad, reconocidas por el director de Comunicación Social del municipio, J. Cruz Sánchez Oliva; o la reubicación de un reportero de otro periódico por supuestas presiones a los directivos por parte del mismo Sánchez Oliva aparentemente a pedido del propio alcalde.
Hay mucho detrás de lo que se quiere presentar como un triunfo en toda la regla de Zamarripa Aguirre y su presunto compromiso con el Estado de derecho. Habrá que ver si de verdad honran su palabra y pronto esclarecen, sin dejar lugar a dudas, todo lo que realmente provocó las agresiones a Karla Janeth Silva Guerrero.
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