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Alfonso Díaz Rey*
Viernes 30 de octubre de 2020
En cualquier sociedad, la forma de propiedad y manejo de sus fuentes y recursos energéticos influye en su capacidad para la toma de decisiones relativas a su conducción y desarrollo; ello confiere a esas fuentes y recursos un carácter estratégico de la más alta importancia.
En México, el petróleo y la industria petrolera, desde 1938, y la industria eléctrica, desde 1960, tuvieron ese carácter y por esta razón se convirtieron, constitucionalmente, en propiedad exclusiva de la nación, al amparo de los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna.
No obstante el amparo constitucional estas dos industrias estuvieron en la mira de las transnacionales de la energía para hacerse de ellas, tener su control comercial y asegurar, en el caso del petróleo, el recurso a sus países de origen, con todas las ventajas económicas, políticas y estratégicas que representa tal control.
Con la irrupción del neoliberalismo en nuestro país (1982) se aceleró el despojo de los bienes nacionales, incluidas las riquezas naturales, y el desmantelamiento de los sectores productivo y de servicios que operaban con capital nacional, privado y estatal, para transferirlos total o parcialmente a monopolios extranjeros y al capital transnacional. Además, se fraguaron más despojos: el de la tierra, a los campesinos, el de derechos laborales a los trabajadores, y de conquistas sociales al pueblo en general.
De esa manera, en materia de energía, se privatizó la petroquímica, la actividad petrolera con mayor valor agregado; algunas actividades manuales e intelectuales de la industria petrolera que se realizaban con personal de Pemex o con el Instituto Mexicano del Petróleo; en el campo de la electricidad, se dieron concesiones a empresas privadas, generalmente monopolios, para generar energía, y contratos a privados para realizar actividades que eran desempeñadas por personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Fue el inicio. Todo se hizo en flagrante violación a la Constitución.
En ejercicio de su poder económico y político, la clase dominante local y sus aliados, en no pocos casos amos, extranjeros avanzaron en el despojo a la nación de sus recursos energéticos, hasta que se presentó la necesidad de asestar el golpe de gracia para darle visos de legalidad y legitimidad. Entonces, con toda perversidad, elaboraron e impusieron la (contra) reforma energética (2013).
La perversidad no tuvo límite cuando para ocultar el carácter estratégico de la industria eléctrica, argumentaron: «[…] a diferencia de los hidrocarburos, la electricidad no es un recurso natural, por lo que el interés del Estado no es la propiedad sobre la energía, sino que dicha energía llegue a mejores precios a las familias mexicanas e impulse la competitividad del país».
Este engendro legal que modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y la emisión de una serie de leyes secundarias y decretos, sentó las bases en las que se amparan todos aquellos quienes de una manera perversa se benefician con el despojo a la nación de su riqueza energética y, con la mayor desfachatez, exigen al Estado que suspenda apoyos a Pemex y a la CFE; que abandone la construcción de la nueva refinería, para seguir con el negocio de importación de combustibles; que se respeten los contratos leoninos con transnacionales, para producción de energías «limpias»; y que ceda cada vez más áreas de la industria energética al sector privado.
En torno a esas exigencias se unen al coro las cúpulas de los organismos empresariales, los partidos firmantes del Pacto por México, El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, las transnacionales beneficiadas por la reforma energética, legisladores norteamericanos y europeos (en defensa de intereses de monopolios); todos ellos acompañados por los sectores de la derecha local que con el actual gobierno han perdido parte de sus privilegios.
Lo anterior refuerza la importancia estratégica de la industria energética para nuestro país, la que, incluidas las energías limpias, debe estar bajo propiedad y control de la nación (no del gobierno), para que pueda contribuir al desarrollo del país y al bienestar del pueblo. La participación privada sería complementaria y bajo estrictas reglas que garantizaran ganancias razonables pero, en ningún caso, como propietarios de recursos e instalaciones.
Para que ello ocurra, los trabajadores mexicanos, pero sobre todo los del sector energético, electricistas y petroleros, deberán desempeñar un papel protagónico en la recuperación, para la nación, de ese sector industrial.
Y, por extensión, en unión de tod@s l@s trabajador@s, la recuperación de lo que fue despojada la nación y el retorno al espíritu constitucional anterior a la llegada de los neoliberales al gobierno. Ello significaría el ejercicio de la soberanía popular en defensa de la soberanía nacional.
* Alfonso Díaz Rey es miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Imagen de portada (ilustrativa): Plataforma petrolera. | Foto: Latam.
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