SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Domingo 6 de diciembre de 2020
Organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y víctimas de violaciones a derechos humanos expresaron su profunda preocupación ante el debilitamiento operativo y presupuestario de las instituciones del gobierno federal, creadas para la defensa y protección de derechos humanos, la atención a víctimas, la erradicación y prevención de la discriminación, así como la igualdad y lucha contra la violencia de género.
Esta situación la expusieron en audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este viernes 4 de diciembre de 2020, en la que detallaron sus preocupaciones ante la manera de actuar del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
A dos años de gestión del actual gobierno, dijeron a través de un comunicado, les preocupa que tras haber contribuido y participado en la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024 (PNDH), instrumento de política pública que tendría que delinear el actuar del gobierno del presidente López Obrador por lo que resta de su sexenio en materia de derechos humanos, éste no haya sido aún publicado y se haya acotado la participación de la sociedad civil para acordar un documento final útil para la realidad y contexto del país.
«Si bien comprendemos los desafíos que ha presentado la actual emergencia sanitaria, al mismo tiempo nos preocupa que, en vez de fortalecerse las instituciones destinadas a proteger y garantizar derechos, particularmente dirigidas a los grupos de población a quienes los impactos de la pandemia les afecta de forma diferenciada, las instituciones cuya creación fue impulsada por personas defensoras de derechos humanos y víctimas, hoy se encuentren profundamente debilitadas».
Por ejemplo, la eliminación de fondos destinados a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes se han encontrado en grave peligro para ejercer su labor durante los últimos años, la extinción de fondos destinados para la reparación integral de víctimas, aunado al debilitamiento de instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la eliminación de programas destinados a la protección de mujeres indígenas y afromexicanas y la violencia institucional y consecuente revictimización que se ejerce en contra de mujeres víctimas de violencia, «son muestras claras de la poca priorización que ha dado este gobierno federal al respeto y protección de los derechos humanos en México. Cabe resaltar que la eliminación de estos fondos se aprobaron sin diagnóstico previo, ni un análisis serio en torno a las consecuencias que tendría su eliminación».
Foto (ilustrativa): desInformémonos.
Asimismo, añadieron, han sido testigos del debilitamiento de las instituciones a través de la captura corporativa del Estado, la cual se ha manifestado en el impulso de megaproyectos que benefician a élites y grupos empresariales, incluso durante el contexto de la pandemia, en detrimento de los derechos de las comunidades locales y de los pueblos indígenas.
«Paradójicamente, hemos visto cómo se debilita operativa y retóricamente a las instituciones cuyo mandato es la defensa y protección de derechos humanos, y por otro lado, se fortalece a las fuerzas castrenses y se impulsan políticas migratorias, como de seguridad pública bajo un enfoque principalmente punitivo.
«Víctimas y personas defensoras de derechos humanos hemos solicitado ser escuchadas y tomadas en cuenta en la toma de decisiones que han implicado un retroceso en la agenda de derechos humanos, no obstante hemos sido ignoradas».
Sostuvieron que a dos años de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sin ver mejoras sustantivas en la prevención, investigación, sanción y reparación integral de víctimas de tortura, ejecuciones arbitrarias, desaparición forzada, feminicidio, desplazamiento interno forzado, comunidades y pueblos indígenas afectados por megaproyectos, así como personas defensoras de derechos humanos y periodistas hostigadas, agredidas y asesinadas por su labor, resulta urgente que este gobierno priorice el respeto y protección de los derechos humanos y adopte medidas urgentes para garantizar justicia, verdad y medidas de no repetición a las miles de víctimas en el país de violaciones a derechos humanos.
Entre las organizaciones y personas que expusieron la situación actual de México ante la CIDH se encuentran Artículo 19, BORDE, CDH Fray Bartolomé de Las Casas, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos Ajusco, Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA), Familiares en Búsqueda María Herrera, INCIDE Social, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD, y Celia del Palacio, Damián Gallardo Martínez, Eliana García Laguna, Gabriela Delgado, Giselle Yañez Villaseñor, Ileana Dieguez e Ilich Avilés Ramírez, entre varios más.
Foto de portada: Gobierno de la República.
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