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Alfonso Díaz Rey*
Viernes 5 de marzo de 2021
El poder es para ejercerlo, de otra manera de nada sirve poseerlo. Quienes lo ejercen mantienen las condiciones que les permiten ocupar una posición dominante en la sociedad, crear un ambiente siempre favorable a sus intereses y contar con una serie de mecanismos y personajes que se encargan de preservar y reproducir ese estado de cosas.
Tener y ejercer el poder no se circunscribe solamente a poseer el control del gobierno, sino de los aspectos estratégicos de la política, la economía y la cultura, además de los mecanismos jurídicos, legales y coercitivos que garanticen su ejercicio.
En las sociedades divididas en clases antagónicas una de ellas detenta el poder, generalmente es la económicamente más fuerte y la que impone, y antepone, sus intereses por sobre el resto de la sociedad.
México inició su vida independiente del dominio español como un país en el que predominaban las relaciones capitalistas, con las características que le impuso el bajo nivel de desarrollo, el parasitismo de la burguesía local y su sumisión a las burguesías extranjeras, las luchas interburguesas por el control del país y, sobre todo, la pugna entre las potencias capitalistas de la época (Inglaterra, Francia, España, entre otras) por el control de territorios, y el avance de Estados Unidos, también como potencia.
Desde que se independizó de España, nuestro país no ha experimentado otra forma de organización social, política y económica que no sea el capitalismo, solamente que formando parte de la otra cara de la moneda, la que corrobora la desigualdad que ese sistema genera, el subdesarrollo y la dependencia.
Como país capitalista, la clase dominante en México es la burguesía y el poder lo ejerce su sector hegemónico, la oligarquía, que concentra y centraliza gran parte de la riqueza que se genera con el esfuerzo y trabajo del resto de la sociedad.
Esa oligarquía, aun cuando fue derrotada electoralmente, mantiene su poder y hace todo lo posible por obstaculizar las medidas que desde el gobierno federal se intentan para mejorar en parte las condiciones del pueblo y del país.
Se rasgan las vestiduras en la defensa de un estado de derecho que construyeron para defender sus intereses y privilegios, marco jurídico y legal producto de reformas a la Constitución y otras leyes, realizadas a espaldas del pueblo y en franca violación al espíritu de la Carta Magna.
Para esa defensa cuentan con la mayoría de los grandes medios de comunicación y difusión, una amplia servidumbre en la que se encuentran funcionarios públicos de diferente rango, asesores del gobierno, partidos políticos, legisladores y prominentes miembros del partido que ganó la pasada elección presidencial, y una serie de rémoras que vivían adheridas al erario, que con el cambio de gobierno perdieron ese privilegio.
Pruebas de ese poder son: el congelamiento de iniciativas de reforma para regular la subcontratación; las amenazas y chantajes en oposición a la reforma de la Ley de Energía Eléctrica, el control privado de áreas enteras o partes de lo que antes fue propiedad o de manejo exclusivo de la nación (minería, electricidad, petróleo, agua, puertos, aeropuertos, carreteras); el desmantelamiento de servicios públicos para favorecer la participación privada (salud, educación, seguridad, agua potable); el manejo privado de los fondos de pensiones de los trabajadores; la precarización del empleo y los salarios para aumentar las ganancias del capital; por citar algunos casos.
La reacción de la oligarquía ya encontró aliados en el partido representante de la derecha y los que en esta coyuntura se definieron francamente en esa corriente (el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, porque el Partido Acción Nacional ya estaba definido desde su creación).
Intentarán ganar la elección de junio de este año para tomar el control de la Cámara de Diputados y aumentar en número el bloque de gobernadores opuestos al presidente de la República, con el fin de obstaculizar los cambios que desde esa instancia se propongan. Pero el objetivo es tomar nuevamente el control de la presidencia en la elección de 2024, para recuperar y acrecentar sus privilegios y ganancias.
De lograr su objetivo vendría una época de revanchismo político, económico y social que conduciría al país y al pueblo a condiciones peores de las que hasta ahora ha impuesto el neoliberalismo. Ejemplos hay en esta América nuestra.
Impedirlo no está en manos del presidente ni del partido por el que ganó la pasada elección federal. Está en manos del pueblo, organizado y consciente en la defensa de lo en su favor se ha logrado, y en ampliar y profundizar las transformaciones necesarias que hagan de nuestro México un mejor país, una patria unida, libre, soberana.
Ello sucederá cuando el propio pueblo establezca un poder que responda a sus intereses y aspiraciones.
* Miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Foto de portada: Cámara de Diputados federal.
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