SOMOSMASS99
Alfonso Díaz Rey*
Viernes 19 de marzo de 2021
«[…] a partir del momento en que las burguesías dejan de ser históricamente capaces de abrir el cauce a un desarrollo nacional independiente, solo los pueblos pueden hacerlo».[1]
– Alonso Aguilar Monteverde
No debe extrañar la reacción de las empresas privadas generadoras de energía eléctrica a las recientes reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, ni la actuación de jueces defendiendo intereses contrarios a la nación.
Seguramente esos mismos jueces aplaudieron la reforma energética de Peña Nieto, con la que «legalizaron» las violaciones a la Constitución y el despojo a la nación que desde tiempo antes se llevaba a cabo. No alzaron la voz ni actuaron en defensa del orden constitucional que existía, como no lo hicieron en otros actos de despojo efectuados por la oligarquía y sus personeros durante los gobiernos neoliberales. Y para que ese saqueo a la nación se perpetrara, fue clave el silencio y la complicidad de la Suprema Corte de Justicia.
La reacción de la oligarquía interna e internacional junto a sus aliados y lacayos locales obedece a una posición de clase, de igual manera la actuación de los jueces que casi inmediatamente a la entrada en vigor de las reformas a esa ley concedieron la suspensión provisional de los efectos que pudieren tener sobre las empresas privadas en el ramo de la generación de energía eléctrica.
Los jueces, no obstante la autonomía e independencia con la que deben actuar, están, en primer lugar, para velar y defender lo que es justo. En este caso por ningún lado se observan la autonomía y la independencia, mucho menos la justicia.
No tienen cabida los argumentos en su defensa aludiendo que su «único compromiso es con la Constitución y la independencia para garantizar un efectivo estado de derecho”[2], porque defienden un estado de derecho resultante de violaciones y modificaciones a la Carta Magna que se llevaron a cabo para «legalizar» y cometer atracos y despojos a la nación, en defensa de intereses de los atracadores.
Ese estado de derecho que defienden fue construido a modo para servir y defender los intereses de la oligarquía como grupo dominante, mismo que ha creado e impuesto toda una superestructura jurídica y legal para afianzar y legitimar su dominio. Previo a ello, durante mucho tiempo desplegaron una larga ofensiva ideológica para dividir y enajenar al pueblo, de modo que este comparta y acepte la visión de quienes lo dominan.
Ahora, cuando un gobierno con posiciones nacionalistas intenta recuperar parte de ese despojo, surge la defensa del estado de derecho, de ese que permite a la oligarquía continuar saqueando al país, de ese que condena a la mayor parte de nuestro pueblo a la precarización constante de sus condiciones de vida y trabajo, a la pobreza y la miseria.
Históricamente la burguesía y su sector hegemónico, la oligarquía, han sido incapaces de impulsar el desarrollo independiente en nuestro país. Todo lo contrario, lo hundieron en el subdesarrollo, la dependencia estructural y lesionaron y comprometieron la soberanía nacional y popular. Los neoliberales vinieron a agudizar esa situación y, como contraparte, fortalecieron más a la oligarquía.
En tanto las riquezas naturales, las áreas estratégicas de la economía y los servicios sociales y esenciales sean de manejo parcial o total de la iniciativa privada, el país y el pueblo estarán lejos de lograr su independencia y ejercer plenamente su soberanía.
Ante esa incapacidad de la clase dominante y el peligro que conlleva la pérdida cada vez mayor de independencia y de soberanía, el pueblo organizado, con su acción consciente, es el único que puede alcanzar para nuestro país la condición de independiente y soberano.
El respaldo y la defensa de las acciones nacionalistas del gobierno son, sin duda, importantes; sin embargo, es urgente y necesario el impulso a todas las acciones y medidas que impliquen transitar hacia una verdadera transformación de México, para construir una patria unida, libre, soberana.
Referencias:
[1] Aguilar Monteverde, Alonso. Defensa de nuestra soberanía nacional y popular. México. Editorial Nuestro Tiempo, 1989, p. 36.
[2] Declaraciones de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Periódico La Jornada, 13 de marzo de 2021, p. 4).
* Miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Foto de portada: Bill Oxford (@bill_oxford) / Unsplash.
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