SOMOSMASS99
Alfonso Díaz Rey*
Viernes 26 de marzo de 2021
La disputa entre poderosos grupos empresariales y el gobierno federal, surgida a raíz de la reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, pareciera un ensayo de medición de fuerzas en el que los empresarios y el gran capital quieren ver hasta dónde llega el ímpetu del presidente y, sobre todo, el apoyo popular a sus iniciativas y acciones, para definir el siguiente nivel en su intento por retornar al anterior estado de cosas, tener el control total del Estado y recuperar su dominio y privilegios.
Un ensayo previo fue la oposición a las iniciativas del senador Napoleón Gómez Urrutia y del presidente de la República para reglamentar la subcontratación, las que hasta ahora han logrado detener, pues se había asegurado que en febrero de este año se votaría en ambas cámaras para resolver este problema.
Y aunque la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica fue aprobada y promulgada para entrar en vigor, la derecha —local e internacional— se siente con fuerza para enfrentar al gobierno y defiende un estado de derecho construido por ellos y para ellos; tiene de su lado la corrupción en el sistema judicial, la mayor parte de los grandes medios de difusión y, además, el control de la economía y un buen número de infiltrados en diferentes instancias de gobierno.
Por un lado, se pretende modificar una forma de producción y distribución de energía eléctrica que es altamente lesiva para el erario y la nación, y, por otro, continuar con sus privilegios y enormes ganancias, se argumenta la defensa de las energías «limpias» y la «libre» competencia.
En el fondo está la privatización total de la industria eléctrica, objetivo en el que se avanzó en buena medida con la reforma energética realizada por el anterior gobierno, que legalizó y legitimó actos en esa rama industrial que se llevaron a cabo violando la Constitución. Si no pudieron avanzar más en su obsesión privatizadora fue porque en la elección federal de 2018 el pueblo se volcó en las urnas para manifestar su hartazgo por 36 años de políticas neoliberales que precarizaron sus condiciones de vida y de trabajo.
Y quienes cometieron esas violaciones, así como quienes se favorecieron de ello, modificaron la Carta Magna para blindar sus intereses con su nuevo estado de derecho, el que defienden a capa, amparos y espada.
Y aun cuando la reciente reforma en nada afecta las concesiones y permisos a productores de energía privados, el intento de terminar con la corrupción y privilegios, que se reflejan en cuantiosas sangrías al erario y pérdidas a la Comisión Federal de Electricidad, es considerado por ellos como un ataque a la libre competencia, cuando esa corrupción y privilegios representan estratosféricas ganancias para los monopolios privados que operan en la generación de energía eléctrica.
Por ello esos grupos monopólicos no están dispuestos a perder los privilegios que obtuvieron de los gobiernos neoliberales. Y como se saben con fuerza, se sienten blindados por su estado de derecho y apoyados por el capital monopólico internacional, enfrentan decididamente al gobierno federal para medir hasta dónde este puede llegar en su «transformación» y buscan las formas de neutralizarla o de condicionarla, en tanto definen otras formas para retomar el control total del gobierno.
No hay que olvidar que estos grupos son económicamente fuertes y que mantienen un alto grado de unidad, sobre todo en lo que respecta a la posesión y ejercicio del poder, por lo que sería un error subestimarlos.
Aun con lo limitado de esta reforma —eliminación de corrupción y privilegios—, el presidente López Obrador tiene una oportunidad histórica para iniciar la recuperación de los bienes estratégicos de la nación que de una manera fraudulenta fueron transferidos al capital privado. Necesariamente requerirá de la unidad y el apoyo popular para impulsar nuevas y más ambiciosas medidas que vayan en dirección de una verdadera transformación de nuestro país.
Ello mostraría la fuerza del pueblo.
* Miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Foto de portada: Igor Sokolov (@sokol201500) / Unsplash.
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