SOMOSMASS99
Oscar Alzaga*
Martes 27 de abril de 2021
Indudablemente la reforma laboral sobre la subcontratación aprobada en el Senado el 19 de abril, y celebrada el 23 abril en la “mañanera”, es un notable avance y una importante herramienta de los trabajadores para la defensa de sus derechos e intereses, que afecta a más de 8 millones. Pero no olvidemos que sus creadores y promotores fueron los patrones, con la complicidad de los anteriores gobiernos y autoridades, igual que con la complacencia de las centrales y sindicatos del PRI, los que ahora en la “mañanera” fingen estar en contra del outsourcing. ¿Qué será en la realidad?
La reforma laboral del 30 de noviembre de 2012 legalizó lo ilegal, ese cáncer laboral, que existía en los hechos, impulsado por los patrones más fuertes y la complicidad de autoridades del trabajo; con el beneplácito de sindicatos del PRI: CTM, CROC, STPRM, SUTERM, STFRM, FSTSE, SNTE y otros que, lejos de protestar, apoyaron esa medida y otras, como los Contratos Colectivos de Protección Patronal (CCPP), la caída salarial y la creciente debilidad de los sindicatos, frente a la cada vez más poderosa organización patronal de 1982 a 2018.
A partir de 2012 creció como nunca el cáncer de la subcontratación multiplicando sus efectos y daños negativos, en primer lugar, para las y los trabajadores y sus familias y, en segundo lugar, para las instituciones del Estado: IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, SAT, etc.; hasta llegar a ocupar en 2018 a 8 millones de personas bajo condiciones ilegales que fueron peor que la reforma de 2012: con puro empleo eventual, sin justificación y aunque subsistiera la materia de trabajo, seguía siendo eventual y autorizado por la Juntas, la Federal y las estatales.
La principal base de todos los derechos del trabajo es la estabilidad en el empleo o planta, sin ésta solo hay: salarios bajos, empleo precario, despidos fáciles y baratos, abusos patronales, intermediación simulada, etc. Y lo más grave: a las y los trabajadores eventuales se les impide su defensa, que es organizar un sindicato, un contrato colectivo y acudir a la huelga. Les es imposible formar una organización para la defensa de sus derechos e intereses, de ellos y sus familias, ya que al menor intento los despiden. Así, esta población: 8 millones de trabajadores y sus familias -24 millones en total- tienen derechos humanos…en el papel.
Los empresarios son conscientes de que ellos crearon esas prácticas y la reforma de 2012 de la subcontratación y la proliferación de empleos eventuales, sobre todo los grandes empresarios como Slim, Larrea, Bailleres, etc. La banca, en particular, esquilmó a sus empleados. Asimismo, los gobiernos y autoridades apoyaron el crecimiento sin medida de ese cáncer laboral: Pemex, CFE, FFCC y las secretarías de los gobiernos fueron los campeones del outsourcing. Las centrales y sindicatos del PRI apoyaron esas medidas, en particular para debilitar a los sindicatos, a cambio de mayor corrupción.
La reforma laboral de 2019 excluyó la subcontratación, aceptando su contenido y apoyando a la patronal, la beneficiaria en todos los sentidos económicos, sociales y políticos: tener trabajadores sin sindicatos e indefensos. Después de mayo de 2019, la Secretaría del Trabajo promovió mesas de trabajo con los representantes sindicales sobre la implementación de la Reforma, en ellas se opuso a reformar y cambiar la subcontratación. Luego la STPS se opuso a la iniciativa de reforma del Senado encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, logrando junto con la patronal y Monreal “congelar” la iniciativa todo el año 2020.
Sería hasta que Andrés Manuel López Obrador hace suya la demanda de los trabajadores de frenar la descarriada subcontratación y obligó a Luisa María Alcalde a asumir su postura, el panorama cambió, pero solo con esta reforma. Porque la reforma de 2019 aún no se aplica lo principal en la realidad. Sigue pendiente la libertad sindical, las elecciones por voto secreto en todos los sindicatos del PRI. ¿Se podrá implementar la nueva reforma en los hechos? Ya que su aplicación depende de la STPS, la Junta Federal, las estatales, la patronal, las centrales y sindicatos del PRI, para que se realice.
En “la mañanera” citada, tanto Alcalde, la patronal y la CTM afirmaron estar del lado de las y los trabajadores y, radicalmente, Lomelí, a nombre del CCE de los patrones, exigió que no hubiera simulación en la aplicación de la nueva reforma. ¿Se les podrá creer que cambiaron?
La reforma de la subcontratación es un buen avance, pero solo en manos de las y los trabajadores será una realidad.
Los buenos aires apuntan hacia la libertad sindical y los cambios siguen. Lo demuestra y nos sorprende la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con sus 12 nuevas jurisprudencias sobre la libertad sindical (26-III-21), van más allá que la reforma laboral de 2019, la apuntalan y la fortalecen, justo en su tema central.
Las centrales y sindicatos del PRI, de los que hablamos aquí, se lanzaron en contra de la reforma de 2019 e interpusieron amparos para echarla abajo, en los aspectos centrales, pero: “les salió el tiro por la culata”, ya que les desecharon más de 500 amparos y la SCJN solo tomó en serio 60 de ellos, para formular resoluciones a favor de la libertad sindical en varios aspectos claves y, por supuesto, en contra de los viejos charros, hoy más bien patronales.
Por su parte, la Cámara de Diputados acordó, en el pleno del 21 de abril de 2021, la iniciativa de la diputada Anita Sánchez Castro a favor de la libertad sindical en el ámbito de los trabajadores al servicio del Estado, que no se había tocado por la STPS. Reforma el artículo 123, Apartado B, de la Constitución y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, atacando las viejas reglas corporativas del PRI que daban el control sindical a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y todas las dependencias de gobierno se alineaban en esa postura, que ahora se rompe para abrir cauces a la democracia y libertad sindical de casi 4.5 millones de trabajadores.
El Senado aprobó por unanimidad la reforma legislativa de igualdad salarial entre mujeres y hombres, bajo el principio de “a trabajo igual salario igual”, por iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia, otra herramienta importante que en manos de las trabajadoras puede llegar a ser realidad esa demanda histórica en México y el mundo.
Para el primero de mayo de 2021, otras perspectivas:
En parte el discurso del líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) es demagógico, pero también preventivo ante el 1 de mayo, pues sabe que hay un creciente descontento entre los trabajadores, advierte que las corrientes disidentes de los grandes sindicatos avanzan y, sobre todo, sabe la debilidad de los viejos dirigentes, antes protegidos por los gobiernos, el PRI y los empresarios, ahora atados al más débil partido, el que va detrás del PAN y ambos, detrás de los patrones.
Ya la STPS no es del todo confiable, necesita del apoyo de Gobernación en los conflictos más delicados, tampoco pulsa el descontento obrero ni tiene la experiencia indispensable para hacer una auténtica conciliación apegada a la LFT, a la ley vigente: favorable a la libertad sindical.
La conciliación no es una negociación entre comerciantes, es una alternativa que abrevia los conflictos dentro del marco de la ley, no fuera ni en contra de legislación laboral de hoy, a favor de la libertad sindical y apoyada en la interpretación de la Suprema Corte, ya que concilia derechos humanos e intereses que forman parte básica de los trabajadores y sus familias, bajo el principio de la Constitución: al afectar a un trabajador también se afecta su familia, son derechos indivisibles.
Las y los trabajadores tienen la palabra, el apoyo de la Constitución y del Tribunal Supremo: “Los derechos se defienden ejerciéndolos”, afirma el lema de la ANAD, en base al pensamiento de Juárez.
*Abogado, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.
Imagen de portada: El presidente Andrés Manuel López Obrador con su gabinete y representantes de los sectores obrero y empresarial en la conferencia matutina del 23 de abril en Palacio Nacional. | Foto: Presidencia de la República.
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