SOMOSMASS99
Alfonso Díaz Rey*
Viernes 7 de mayo de 2021
La democracia burguesa se presenta a sí misma como la única forma en que, mediante sus «representantes», el pueblo puede ejercer sus derechos y cubrir sus más apremiantes necesidades. Esos representantes surgen de una elección en la que, generalmente, el sistema (léase los representantes del capital) designa los candidatos y la ciudadanía «elige»; y, como es de suponer, los elegidos responden a los intereses de quienes los designaron y el pueblo sigue con sus problemas sin solución, sus derechos violentados y sus necesidades en continuo crecimiento. Nuestro país padece de tal tipo de democracia.
En esta democracia abundan las promesas —que no se cumplirán—, las mentiras y la simulación, creando un ambiente propicio para que la corrupción adquiera dimensiones de escándalo y se convierta en una de las formas en que la clase dominante incrementa su poder económico y político, y de paso, con la ayuda de sus mecanismos de control ideológico y sus medios masivos de [des]información y difusión, ejerce, mantiene e incrementa su dominio sobre importantes sectores de la sociedad.
De esa manera se suceden gobiernos que protegen a los que les precedieron; la clase dominante disfruta de la «tranquilidad» que le da el poder y el control del Estado y la sociedad, y se dedica a mantener y reproducir las condiciones que le garanticen tal dominio (modifica leyes, controla jueces, crea organismos «no gubernamentales» e instituciones «autónomas» bajo su control, y construye un estado de derecho a modo).
Pero, al mismo tiempo, genera contradicciones que son la expresión del antagonismo entre clases sociales, contradicciones a las que es incapaz de encontrarles una solución que no las agudice. En estas circunstancias puede ocurrir que en una elección los votantes se inclinen por candidatos que no tengan el «visto bueno» del sistema; entonces la clase dominante pierde ciertas posiciones de gobierno y algunos de sus privilegios, situación que afecta sus negocios y ganancias.
Cuando esto sucede, esa clase desesperadamente intenta retornar a las condiciones que le permitan recuperar el control y dominio total de la sociedad, y con ello, sus privilegios.
Lo primero que exige es el respeto a las leyes, instituciones y al estado de derecho, a todo lo que dicha clase creó para eternizarse en el poder; utiliza a sus fieles servidores que conforman las direcciones de sus partidos políticos para dar la apariencia de una lucha en el terreno meramente político partidista, sin embargo no deja de mostrar quien realmente manda.
Así, en nuestro país ha surgido una oposición al actual gobierno, conformada por los partidos que se confabularon para despojarlo de las riquezas y bienes nacionales, entregarlos al capital privado y llevarlo, junto con el pueblo, a la ruina. Esos partidos van a la zaga, obedecen y protegen los intereses de sus amos: la oligarquía local y extranjera.
Ante la carencia de una oferta política y programática, la actividad de quienes se presentan como oposición política consiste, por un lado, en denostar y mentir; insisten en presentar la situación actual del país como consecuencia del actual gobierno y se ofrecen, cándidamente, como los únicos que pueden corregirla, no obstante hayan sido quienes la causaron cuando tenían el control de la administración pública. Por otro lado, intentan generar las condiciones que conduzcan a un golpe blando; para ello utilizan, además de la mentira y la difamación, todos los instrumentos que crearon cuando fueron gobierno y que aún persisten, a lo que se agregarían los no pocos elementos incrustados en la actual administración.
¿Cuánto cuesta a la nación este tipo de democracia? ¿Cuánto cuesta mantener a una multitud de partidos políticos y organismos «autónomos» que defienden intereses contrarios a los del pueblo? ¿Cuánto cuestan las elecciones?
Cuando hagamos conciencia de esos costos, incluidos los sociales, y el acumulado histórico de ellos, quizá, como sociedad, podamos empezar a organizarnos para encontrar alguna alternativa, una en la que el pueblo tenga participación real y equitativa, que designe candidatos, organice las elecciones, participe en la toma de decisiones trascendentales y tenga, en todo momento, la facultad de revocar mandatos a cualquier nivel. Eso significaría el pleno ejercicio de su soberanía.
Mientras domine don dinero, cada vez que pierda alguna posición de gobierno que afecte sus ganancias, recurrirá a sus «aliados» políticos, quienes insistirán por todos los medios en retomar el control de la administración pública para, desde ahí, servir mejor a sus amos.
Sin embargo, tienen un obstáculo nada fácil de salvar: el pueblo tiene memoria.
* Miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Foto de portada: Xataka.
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