El poder de las Fuerzas Armadas en México no habla de una institucionalidad democrática saludable: WOLA

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Jueves 13 de mayo de 2021

 

Si bien en 2012, 2016 y 2018, durante la campaña que lo llevó a la presidencia de la República, criticó la fallida política de militarización de la seguridad pública y prometió que reorientaría la estrategia contra la violencia que desde 2006 ha registrado al menos 350 mil homicidios y dejado 85 mil desaparecidos, en menos de tres años de administración Andrés Manuel López Obrador ha fortalecido la presencia militar en diversos ámbitos de la vida nacional, más allá del de la seguridad.

Así lo señala el análisis México militarizado: la guerra se perdió, pero la paz no llega, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), que añade: «Con la seguridad en manos militares, y con las fuerzas armadas como ejecutoras de componentes importantes del proyecto de gobierno, es dable cuestionar qué margen de poder conserva el gobierno civil frente al estamento militar».

Es más, recalca, aunque a diferencia de otros países México no ha sufrido ningún golpe militar, el peso de las fuerzas armadas dentro y fuera del ámbito de la seguridad puede significar que no hace falta un golpe de Estado para que las instituciones militares ejerzan niveles de poder que, sin constituir un gobierno militar, tampoco hablan de una institucionalidad democrática saludable.

WOLA recuerda que pese a lo dicho como candidato y crítico de las medidas contra la violencia implementadas en los gobiernos anteriores, en particular los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, López Obrador apostó por profundizar el modelo militarizado.

Es así que este mes cumple un año el Acuerdo presidencial que dispone la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales hasta 2024. Se cumplen dos años de la Ley que creó la Guardia Nacional, que a pesar de depender orgánicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es una fuerza militarizada que opera bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Lo que sucede, entonces, no es alentador. Porque, incluso, si el gobierno retirara a las fuerzas armadas de las tareas policiales en 2024, dichas tareas quedarían en manos de otra institución militarizada (la Guardia Nacional). Y en este contexto se desdibuja la necesaria reforma policial civil, mientras persisten diversos factores estructurales que fomentan la violencia en México.

Tras relatar la catástrofe de la militarización de la seguridad pública desde el sexenio de Felipe Calderón a la fecha, WOLA destaca que la guerra contra la delincuencia ha detonado altos niveles de graves violaciones de derechos humanos. «Una de las caras más conocidas de esta crisis han sido las desapariciones forzadas, cometidas por el Ejército, la Marina, así como por otras fuerzas de seguridad de todos los niveles».

Otro patrón ampliamente documentado, añade, ha sido la detención arbitraria y tortura a civiles, incluyendo a personas inocentes torturadas y posteriormente acusadas por delitos que no cometieron. Según un análisis del World Justice Project, basado en los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, el 88% de las personas detenidas por la Marina y el 85% de las personas detenidas por el Ejército de 2006-2016 reportaron tortura o malos tratos. Según la misma encuesta oficial, el 41% de las mujeres detenidas por la Marina, el 21% de las mujeres detenidas por el Ejército y el 10%-13% de las mujeres detenidas por las diferentes fuerzas policiales del país reportaron haber sobrevivido violación sexual en el marco de la detención.

También existen numerosos casos documentados en los que las fuerzas armadas han privado de la vida a personas civiles que se encontraban sometidas y/o que no participaban en acto delictivo alguno, configurando así ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias. En reiteradas ocasiones, los elementos militares han alterado las escenas de estos crímenes, por ejemplo, sembrando armas a las víctimas, como ocurrió en la ejecución de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey en 2010, o como en el caso Tlatlaya de 2014, en que se reveló que los soldados operaban bajo la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Este tipo de hechos han continuado en el presente sexenio, como los eventos que dejaron saldo de un militar y 14 civiles muertos en Tepochica, Guerrero, y la privación de la vida a una pareja de jóvenes en Carbó, Sonora. Además, en julio de 2020, una ejecución extrajudicial cometida por soldados en Nuevo Laredo quedó grabada en parte en un video. Este último caso forma parte de una serie de muertes de civiles a manos de soldados en dicha ciudad en los últimos dos años, según lo documentado por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Y los riesgos de militarizar la frontera sur se materializaron en marzo de 2021 con la privación arbitraria de la vida a un ciudadano guatemalteco por un soldado en Mazapa de Madero, Chiapas.

WOLA explica que un indicador clave para detectar prácticas de presunta ejecución extrajudicial es el índice de letalidad, el cual muestra la relación entre el número de personas civiles muertas y heridas por una fuerza de seguridad en contextos de enfrentamiento. En una situación de combate, es normal que el número de personas muertas sea inferior al número de personas heridas. Es decir, un índice de letalidad “normal” sería de 1 o menos. «En México, el índice de letalidad de las fuerzas armadas, según datos presentados en diciembre de 2020 por López Obrador, dista de estar en este nivel. Ni el número actual de personas privadas de la vida por las fuerzas armadas, ni el índice de letalidad actual, alcanzan los niveles verdaderamente extremos vividos en sexenios recientes. Sin embargo, las fuerzas armadas siguen matando a cuatro o cinco civiles por cada persona civil herida, es decir, el índice de letalidad hoy se ubica en más del 400% del nivel esperado».

El análisis de WOLA concluye que «en la guerra contra la delincuencia, quien ha sufrido las pérdidas más devastadoras es la población. El modelo militarizado ha detonado más violencia sin dar paso a estrategias efectivas de seguridad».

El análisis México militarizado: la guerra se perdió, pero la paz no llega, lo puede leer aquí.

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Foto de portada: WOLA.