SOMOSMASS99
Alfonso Díaz Rey*
Viernes 14 de mayo de 2021
El 1 de julio de 2018, a partir del momento en que la derecha, con la oligarquía local y extranjera al frente, se percató de su estrepitosa derrota electoral, cobró más fuerza la campaña de desprestigio contra Andrés Manuel López Obrador, el candidato ganador, campaña que abiertamente se desarrolló desde el año 2004, cuando con el intento de desafuero, siendo Jefe de Gobierno del Distrito Federal, pretendieron obstaculizar su candidatura a la elección presidencial de 2006.
Falló el desafuero, sin embargo mediante el fraude electoral, precedido de una campaña de mentiras y difamaciones, la derecha logró su objetivo y con Felipe Calderón como presidente de la República, el país prosiguió por la senda neoliberal, iniciada durante la gestión de Miguel De la Madrid y continuada por los gobiernos de Salinas De Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Y así nos fue.
En 2012, otro fraude electoral, con la misma campaña en contra, impidieron que López Obrador ascendiera a la presidencia. La derecha alcanzó nuevamente su objetivo y con Enrique Peña Nieto nos fue peor.
Para cuando llegó la elección presidencial de 2018, la mayoría del pueblo y la ciudadanía estaban hartos de promesas incumplidas, de la corrupción desenfrenada y descarada, de la violencia generalizada y de un bienestar que cada día estaba más distante, que pese a campañas en contra, con su voto arrollador cerró el paso al fraude y eligió a quien ofreció luchar contra la corrupción y atender, en primera instancia, a los pobres de este país.
El hecho de que el nuevo gobierno se declarara antineoliberal —no anticapitalista— e iniciara acciones contra la corrupción, otorgara apoyos a sectores vulnerables de la población e intente recuperar para la nación parte de lo que fue el despojo neoliberal, implica para la oligarquía y sus personeros pérdida de privilegios y ganancias, lo que es inadmisible para ellos.
Por esa razón se ha mantenido y agudizado la campaña contra el gobierno, enfocada principalmente contra el presidente. La finalidad es desprestigiarlo y desacreditarlo, junto con sus seguidores y simpatizantes al grado de que en la elección intermedia de este año las fuerzas de la derecha recuperen la mayoría de escaños en la Cámara de diputados, y en la presidencial de 2024 retomen la presidencia de la república y la mayoría en ambas cámaras.
En pos de esos objetivos se organizan para la lucha electoral. Juntan en una coalición, Va por México, a los tres partidos políticos que se unieron en el Pacto por México para aprobar las [contra] reformas a la Constitución y a otras leyes, con lo que prepararon el golpe de gracia al país en el despojo neoliberal de los bienes nacionales o la legitimación de lo que de manera facciosa e inconstitucional habían despojado.
Detrás de esos partidos, en la dirección de esa «oposición», están los sectores más reaccionarios de la oligarquía, para quienes la opción electoral en su intención de recobrar el control total del país y recuperar y acrecentar privilegios, no es la única carta que juegan.
Además, tienen toda una estructura en el área judicial y de organismos «autónomos», creados por y para ellos, que con base en una infraestructura jurídica que aún persiste se encargan de obstaculizar medidas y acciones del gobierno, argumentando violaciones al Estado de derecho creado, paradójicamente, también por ellos.
Si lo anterior fuera poco, en su opción golpista cuentan con el apoyo de la oligarquía extranjera, sus fundaciones y personeros para desestabilizar política, económica y socialmente al país y crear el ambiente propicio para un golpe blando. En este aspecto, hay evidencias de injerencia del gobierno de Estados Unidos, a través de la USAID (siglas en inglés de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), reconocido brazo de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y del Departamento de Estado, para desestabilizar gobiernos que no se le subordinan o le desagradan. Y para el colmo, también participa la inefable OEA, el Ministerio de Colonias de Estados Unidos.
No es de extrañar tal tipo de injerencia. Casi no hay país en el mundo en el que Estados Unidos no haya intervenido en sus asuntos internos para imponer sus intereses, que son los del capital, más cuando se trata de gobiernos con políticas en favor de sus pueblos o con prioridades en las que el capital no es preponderante. En Nuestra América tenemos ejemplos de sobra.
Hoy, más que nunca, es necesario estar atentos a las acciones de la derecha, la electoral, la incrustada en la administración pública y la golpista, para defender los pocos pero importantes cambios que se han llevado a cabo en el país, y buscar la las formas de organización necesarias para ampliarlos e intentar las transformaciones para que el pueblo alcance una vida digna y podamos construir una patria unida, libre, soberana.
* Miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Imagen de portada: Wikipedia.
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