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Pepe Ramírez*
Miércoles 1 de septiembre de 2021
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) surge en el seno del SNTE, el gremio magisterial más grande de América Latina con alrededor de un millón 600 mil afiliados.
Si bien los antecedentes del origen del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se remontan a la segunda década del Siglo XX, su fundación como la organización que es hoy data de 1943, después de profundas divisiones, desencuentros y conflictos entre las organizaciones magisteriales de la época.
El SNTE, desde su fundación, pugnó por la unidad de los maestros del país en una sola agrupación político-sindical. Gozó, prácticamente desde su origen, de la tutela del Estado y de su control por parte de líderes vinculados al sistema político mexicano y respondiendo a los intereses de los presidentes en turno, aún en contra de los intereses de sus agremiados.
El abandono de las demandas de los maestros, principalmente en el tema de las mejoras salariales, así como la corrupción de sus líderes, dio lugar a que grupos de maestros disidentes iniciaran, desde el interior del propio SNTE, la construcción de una alternativa política que daría origen, en diciembre de 1979, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Muchas fueron las batallas que libró la disidencia magisterial desde entonces: en 1989 se celebraron protestas con alcance nacional para exigir democracia sindical y aumento salarial, protestas que culminaron con la salida de Carlos Jongitud Barrios como dirigente del SNTE; con la caída de Jonguitud ocurrió el arribo de Elba Esther Gordillo, apoyada por Carlos Salinas de Gortari. La respuesta a las exigencias de la disidencia magisterial fue, comúnmente, la represión.
Narrativamente, la CNTE, durante más de 40 años, ha venido construyendo la imagen de una organización de la izquierda social que representa muchas de las demandas del sector educativo: aumento salarial, defensa de la educación pública, democracia sindical, plazas automáticas en el sistema educativo nacional para egresados de las normales, entre otras.
En los años del peñato (2012-2018), la CNTE se perfiló, por su naturaleza, como la principal fuerza opositora a la Reforma Educativa, una más de las reformas estructurales impulsadas por Enrique Peña Nieto, con el respaldo de las fuerzas más conservadoras del país. Fueron arduas jornadas de lucha y resistencia.
La respuesta a las acciones de la Coordinadora, una vez más, fue la represión: los maestros pusieron a los golpeados, detenidos y asesinados; el gobierno puso a la Policía Federal, las armas, los toletes, la intransigencia y las acciones jurídicas para dejar sin plazas a los maestros que se negaron a ser evaluados por las instancias que la propia reforma educativa creó para tal propósito.
Andrés Manuel López Obrador, siendo candidato a la presidencia de la República, se comprometió a “no dejar ni una coma” de la reforma educativa de Peña Nieto. Así, en 2019, ésta se deroga, y se crea, desde el gobierno de la 4T, una nueva forma de relación con los maestros de México, basada en el respeto, el reconocimiento y el diálogo para superar diferencias y atender demandas.
El cumplimiento de derogar la reforma peñanietista permitió al gobierno federal avanzar en los temas educativos en los últimos dos años, sin los conflictos y enfrentamientos que se vivieron durante la época neoliberal. Se ha dado una relación de respeto, de entendimiento, no exento de diferencias, entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y las representaciones de los maestros, el SNTE y la CNTE.
Por ello, el primer extrañado de lo sucedido en la visita de López Obrador al estado de Chiapas, el último fin de semana del mes de agosto, fue el propio presidente.
Claro es que no se trata, como quiere hacer ver la derecha mexicana, de un desencuentro del presidente de la República con el magisterio disidente de aquella entidad. López Obrador, según las crónicas periodísticas de los últimos días, se ha reunido por lo menos en 18 ocasiones con líderes de la disidencia magisterial.
Sí se trata, pensamos, de la incapacidad política del gobierno de aquella entidad para procesar los conflictos. Tengamos presente que Chiapas es un estado de alta conflictividad social. Recordemos los enfrentamientos entre los pueblos de Chenalhó y Aldama, la reciente creación de las autodefensas de Pantelhó para enfrentar a los grupos paramilitares y la represión a los estudiantes de la normal de Mactumatzá apenas en mayo pasado. Tampoco olvidemos que Chiapas es cuna y residencia del movimiento zapatista, organización que ha sido crítica del sistema político mexicano en su conjunto, incluida la izquierda partidaria. Sin olvidar, por supuesto, los siglos de discriminación, opresión y olvido en el que han vivido los pueblos originarios de la entidad.
Morena y los partidos y movimientos políticos de izquierda, a raíz de los sucesos vividos durante la gira del presidente López Obrador en Chiapas, requieren de un ejercicio de autocrítica, seria, honesta y profunda. Reconocer que existe una izquierda social -grupos de disidencia magisterial, ambientalistas, organizaciones feministas, etc.- que tienen una agenda que no necesariamente es la agenda de la izquierda partidaria ni de un gobierno como el de la Cuarta Transformación. Aceptar que hay en esas agendas puntos de encuentro, pero también de desencuentro, de marcadas diferencias en cuanto a propósitos, estrategias y formas de ver el mundo. El propio López Obrador reconoce la necesidad de dejar atrás el pensamiento único que imbuyó en nosotros el neoliberalismo desde su vertiente ideológica, para avanzar en la construcción de una forma de pensamiento crítico que nos permita observar y reconocer la diversidad de ideas y acciones en torno a los problemas nacionales, pero también a los de carácter regional o local.
Chiapas es una llamada de atención… una vez más.
* Esta es una colaboración del Colectivo Miguel Hidalgo de Celaya, Guanajuato, al que pertenece el autor.
Foto de portada: Foto: Escuela Normal Rural Mactumactzá Fecsm.
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