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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 15 de septiembre de 2021
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (Grupo de Trabajo) pidió al Estado mexicano la liberación inmediata de Verónica y Erick Iván Razo Casales, víctimas de tortura y detención arbitraria a manos de elementos de la Policía Federal en 2011, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) informó que la petición del Grupo de Trabajo de la ONU se dio el 3 de agosto, fecha en que notificó la adopción de su opinión número 14/2021. En el documento pide al gobierno de México liberar a los hermanos Iván Razo Casales por ser víctimas de tortura y otras violaciones graves a derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
En opinión del Grupo de Trabajo, el 8 de junio de 2011 Erick Iván y Verónica Razo Casales fueron detenidos arbitrariamente por elementos de la Policía Federal vestidos de civiles, quienes no presentaron una orden de aprehensión en su contra, ni les informaron las razones de su detención.

Hermanos Razo Casales. | Foto: CMDPDH.
Durante la detención y el proceso judicial seguido en su contra, fueron sometidos a tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes con el objetivo de obtener su confesión sobre la planificación de un delito que no cometieron, secuestro. «En particular, Verónica Razo Casales fue víctima de tortura sexual por parte de agentes de la Policía Federal. En ese sentido, el caso de Erick y Verónica refleja el contexto de detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual, fabricación de culpables e impunidad que se vive en México», sostuvo la CMDPDH.
Los hechos ocurrieron año y medio antes de que concluyera el mandato del presidente Felipe Calderón Hinojosa y la encomienda de Genero García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, de quien dependía Luis Cárdenas Palomino como alto mando de la Policía Federal. Actualmente ambos están encarcelados, el primero en Estados Unidos acusado de delitos del crimen organizado y el segundo en México, por el delito de tortura en el caso Israel Vallarte-Florence Cassez.
La CMDPDH destacó el hecho de que a más de diez años de que ocurrieran estos hechos, Erick y Verónica continúan en prisión preventiva y su proceso penal sigue abierto en espera de que se dicte sentencia. Al respecto, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ya se ha pronunciado contra la figura de prisión preventiva oficiosa contenida en el artículo 19 de la Constitución, a la cual considera contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que México es parte.
En su opinión número 14/2021, el Grupo de Trabajo determinó que la detención continuada de Erick y Verónica es arbitraria, en tanto que no existió fundamento jurídico alguno que la justificara y, por el contrario, viola gravemente su derecho a un juicio imparcial. Por ello, pidió al gobierno de México adoptar las medidas necesarias para remediar esta situación, y consideró que «el remedio adecuado sería poner al Sr. Razo Casales y a la Sra. Razo Casales inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación».
Además, instó al gobierno de México a investigar exhaustiva e independientemente las circunstancias que rodean esta detención, así como adoptar medidas contra quienes cometieron violaciones a los derechos humanos en contra de Erick y Verónica.
En estrecha relación con el contenido de esta opinión, el 25 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo relativo a la preliberación e identificación de personas que hayan sido víctimas de tortura, cuyo artículo tercero instruye a la Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a identificar los casos de víctimas de tortura y promover las medidas pertinentes respecto de la libertad de estas víctimas.
Si bien este Acuerdo, explicó la Comisión Mexicana, «exige de manera desproporcionada e innecesaria acreditar la tortura con dictámenes correspondientes al Protocolo de Estambul y comprobar que la única prueba incriminatoria en el proceso penal se obtuvo mediante tortura, Erick y Verónica Razo Casales podrían beneficiarse de su aplicación dado que su acusación se basa en la información obtenida por agentes del Estado tras torturarlos».
Por ello, la CMDPDH lanzó «un atento y enérgico llamado» al Juez Miguel Ángel Burguete García, titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México (en Naucalpan) para acatar la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y, en consecuencia, ordenar la libertad absoluta e inmediata de Verónica y Erick Iván Razo Casales, tras más de una década de privación injusta de la libertad. «Sólo esto permitirá garantizar sus derechos humanos y representaría un ejemplo emblemático de aplicación del citado Acuerdo».
Imagen de portada: Fotograma del video del caso Razo Casales.
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