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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Lunes 15 de noviembre de 2021
El día de hoy el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) inicia una primera visita de trabajo a México que se prolongará hasta el 26 de noviembre.
La visita de la delegación del CED estará compuesta por 4 de los 10 expertos y expertas independientes: Carmen Rosa Villa Quintana, Presidenta del Comité y Jefe de la Delegación, Juan-Pablo Albán Alencastro, Juan-José López Ortega y Horacio Ravenna, quienes visitarán 12 estados en el país donde se reunirán con familiares y colectivos de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguelo Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), se espera que autoridades del más alto nivel, incluyendo al titular de la Fiscalía General de la República, se reúnan con el Comité y que al final de la visita el presidente Andrés Manuel López Obrador emita un mensaje sobre la aceptación de las recomendaciones y la ruta de su implementación.
El Centro Prodh consideró esta visita un logro de las familias y colectivos de búsqueda que no han dejado de insistir en visibilizar y señalar la grave crisis en el país y esperan que las recomendaciones que emita el Comité puedan contribuir al diseño de una verdadera política de Estado, misma que aún no existe.
«Frente a esto, el gobierno tiene la oportunidad de demostrar que está abierto al escrutinio internacional y que es proactivo a las recomendaciones de organismos internacionales como el CED».
Recordó que en 2018, el Comité consideró que la desaparición generalizada de personas en gran parte del territorio mexicano se mantiene en condiciones de impunidad y revictimización. Además, que la falta de datos confiables sobre desaparición, el reducido número de condenas, así como el alto número de cuerpos sin identificar y fosas clandestinas son las principales preocupaciones respecto a México.
Señaló, también, que existen obstáculos estructurales para el acceso a la verdad, además de los que enfrentan las familias para participar en instituciones de búsqueda e investigación también son vistos con preocupación por el CED.
En todas las recomendaciones, el CED considera relevante la participación de las familias. Por ejemplo, tener un plan completo y verificable para implementar en su totalidad la Ley General en la Materia de Desaparición Forzada, a nivel federal y local, con la participación de las víctimas y el presupuesto adecuado; crear y poner en marcha los registros que estipula la Ley General, como el Banco Nacional de Datos Forenses; frente a la emergencia forense, instó a generar condiciones para que todos los cadáveres y restos óseos puedan ser identificados y entregados de manera digna, de la mano de la creación del MEIF; asegurar la independencia y autonomía en la Fiscalía General de la República con el fin de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de los casos de desaparición, asegurando la participación de las familias y sus representantes en la investigación; asegurar que las investigaciones sean integrales, tomando en cuenta patrones y análisis de contexto, considerando cadenas de mandos y otras formas de participación y autoría en casos de desaparición; garantizar la protección a familias y personas defensoras de derechos humanos en todas sus acciones de búsqueda; y retirar a las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública a través de un plan gradual, ordenado y verificable.
El Centro Prodh explicó que el Comité CED está compuesto por 10 expertas y expertos independientes, supervisan la aplicación por parte de los Estados que han ratificado la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entró en vigor en diciembre del 2010 y México la ratificó en 2008. México fue evaluado por primera vez en 2015, cuando las cifras de desaparición se encontraban en más de 29 mil personas. Hoy, la cifra está en más de 94 mil.
Imagen de portada del Centro Prodh con fotos de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.
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