SOMOSMASS99
Oscar Alzaga*
Martes 22 de febrero de 2022
Es fama pública la corrupción extrema que caracterizó el gobierno de Calderón en todos los aspectos de la vida: pública, privada y familiar, interna e internacional. Incluidos negocios de droga y armas con narcos y el fraude electoral de 2006. Supera a sus antecesores, difícil de lograr: a Salinas, Zedillo y Fox y después a Peña Nieto. La acumulación de 36 años provocó el despeñadero del neoliberalismo y la caída del PRI, PAN y PRD. De la Madrid fue un neoliberal tibio, el desenfreno de la derecha política y la oligarquía llegó con Salinas, dejando una huella profunda difícil de superar, como los 36 años de la dictadura porfirista, frenada por la Revolución, la Constitución y el cardenismo. Veamos el caso de Cananea de 2007 a 2011.
A Cananea la privatizan bajo el signo del autoritarismo, corrupción e ilegalidad de Salinas, que declaró la quiebra de la mina paraestatal en 1989, en plena bonanza, y justifica con mentiras la privatización, usando el ejército para reprimir la protesta minera. Fue un gran negocio sucio para Germán Larrea y Grupo México. Usurpando Salinas el patrimonio nacional para enriquecer más al oligarca.
La ambición sin freno del oligarca lo llevó 15 años después a negar el pago por el 5% de las acciones de la empresa, que pertenecían a los mineros, lo que provocó en octubre de 2004 la huelga de Cananea de 17 días, que lo obligó a pagar ese 5%, con odio irracional; entrega al Sindicato la cantidad, no a los mineros, menos a los que no eran de Cananea. Entonces, Larrea y Televisa realizan una campaña de desprestigio contra Napoleón Gómez Urrutia, que coincide con la tragedia de Pasta de Conchos del 19 de febrero de 2006, tragedia que Gómez Urrutia denuncia como homicidio industrial de Germán Larrea, por incumplir las medidas de seguridad, que lleva a la muerte a 65 mineros. En reacción, Fox presiona con 11 órdenes para encarcelar a Gómez Urrutia, que lo obligan a salir del país por 13 años de exilio forzado.
Varias inspecciones de la Secretaría de Trabajo detectan condiciones de inseguridad en las minas, que ponen en riesgo la vida y salud de los obreros de Cananea, Taxco y Sombrerete, en 2007, mismas que Grupo México se niega a corregir, lo que provoca las tres huelgas el 30 de julio de 2007; la prepotencia de Grupo México desconoce a la dirección sindical y no cubre las cuotas sindicales.
Se degradan como nunca las autoridades de trabajo, el poder ejecutivo y el judicial ante el oligarca y la corrupción de su dinero. Al iniciar las huelgas, la empresa pide las inexistencias de ellas e inmediatamente la servil Junta Federal las concede. Pierden las empresas y la Junta, con los amparos del Sindicato. En Cananea se llega a 4 inexistencias y 4 amparos que gana el Sindicato. No pudiendo hacer nada con las inexistencias y ante las pruebas plenas de las causas de las huelgas, Grupo México acude a recursos ilegales para atacar las huelgas y ese derecho, que la Junta Federal acepta. Germán Larrea y Felipe Calderón llegan al extremo, de noviembre de 2008 a julio de 2010, de nombrar como secretario de Gobernación al abogado particular de Grupo México, Fernando Gómez-Mont, para facilitar el triunfo de los negocios del oligarca.
Esos apoyos facilitan en Taxco las 2 demandas de Grupo México para despedir a todos los mineros “por causa del agotamiento de las reservas de la mina”, pero las 2 veces los despachos de Larrea pierden los juicios y la huelga sigue hasta hoy. En Sombrerete igual, para acabar con la huelga, la empresa demanda 2 veces la titularidad del contrato colectivo de trabajo (CCT) y las 2 veces pierde los juicios y la huelga sigue hasta hoy. En este caso, en 2021 el Sindicato logra en la Suprema Corte una resolución trascendental a favor de la huelga de Sombrerete, e igual a favor del derecho de huelga, forjando un importante precedente.
En Cananea, la mina más grande de las tres, la empresa demanda por “causas de fuerza mayor” el cierre la mina, despedir a 1200 mineros, acabar con el CCT y la representación sindical, lo que logra en un día y una audiencia (en juicios que llevan 5 o más años), el 14 de abril de 2009, con base en una sola prueba de inspección a favor de la empresa, realizada por la Secretaría de Economía, que acredita las “causas de fuerza mayor…”, inspección que no se realiza en la mina y se desechan todas las pruebas del Sindicato y los mineros. Pese a esas irregularidades e ilegalidades, la Junta dicta su laudo a favor del patrón y, en el mismo sentido, resuelven los tribunales de amparo y hasta la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve de fondo y en definitiva el 18 de julio de 2011, con esa sola prueba, que no prueba nada.
Así da por concluida la relación de trabajo individual y colectiva la Suprema Corte, creando el peor precedente de injusticia del siglo XXI y dejando degradados hasta las raíces a la Junta Federal y los tribunales judiciales, ni mencionar el envilecido poder Ejecutivo. Tan falsa e ilegal fue la “la causa de fuerza mayor” que hicieron válida las autoridades y hasta la Suprema Corte, que tal causa desapareció por arte de magia, al reabrir la empresa un mes después, pero con otro sindicato, uno servil de la CTM-Sonora, con otro contrato colectivo, pero de protección patronal y los salarios y prestaciones mucho menores a un tercio de los eran con el sindicato minero.
Lo que el oligarca no logró con sus despachos en los marcos de la ley, lo hizo con corrupción a través de los mismos despachos y con el secretario de Gobernación, Gómez-Mont, el de Trabajo, Javier Lozano, el procurador, Medina Mora, el secretario de Seguridad Pública, hoy preso, Genaro García Luna, y con la cómplice CTM-Sonora. Calderón y Peña Nieto coronan su trayectoria con la reforma laboral del 30 de noviembre de 2012 y poco después con el “Pacto por México”.
En julio de 2010, Gómez-Mont deja la secretaría de Gobernación, ya que había asegurado el triunfo patronal de Cananea, dejando pendiente solo trámites. Hoy su hija es prófuga de la justicia, conmoviendo a toda la familia panista.
Negada la justicia en México a los mineros de Cananea, el Sindicato acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en enero de 2012, y presenta su solicitud de apoyo, exponiendo todo el caso. Para 2017, el Estado mexicano presenta ante la CIDH su informe con puras mentiras. Con derecho a réplica, el Sindicato demuestra que el gobierno de Peña Nieto miente al pedir que al Sindicato le nieguen la Admisibilidad. En cambio, el Sindicato con pruebas de copias certificadas demuestra la verdad.
Durante todo este tiempo, de 2007 a 2022, las huelgas han estado activas y en lucha, con marchas, protestas, actos públicos, asambleas constantes y regulares, con información de ida y vuelta de la dirección a la bese y a la inversa. En las huelgas han tenido la solidaridad de las demás secciones del Sindicato minero y el apoyo nacional e internacional de trabajadores. Han tenido una resistencia férrea, de unidad y dignidad, pese a las múltiples adversidades, enfermedades, sin trabajo y salario, con familiares y compañeros muertos, pero siempre con la cabeza en alto. Las tres huelgas de 15 años están en pie de lucha con la mayoría de cada sección.
En dos ocasiones el secretario de Seguridad Pública, García Luna, y la Policía Federal Preventiva, con lujo de violencia desalojaron a los huelguistas de la mina y durante varias horas resistieron los mineros y sus familiares; una, el 11 de enero de 2008, por la orden de desalojo que giró la Junta Federal, al declarar inexistente la huelga. Pero el amparo del Sindicato declaró nula la inexistencia y regresaron los mineros a la huelga. Y el 6 de junio de 2010, al negar la Suprema Corte el amparo al Sindicato, la Junta Federal ordenó el desalojo definitivo de los huelguistas y de sus familiares que salieron a apoyarlos, fue un acto cobarde de los dos gobiernos federal y estatal: en la noche y por las puertas traseras fue el asalto y desalojo violento, usando helicópteros y miles de soldados. Para asegurar “la propiedad” de Larrea y la continuidad de sus ganancias.
Pese a que la sección 65 de Cananea anunció mucho tiempo antes la amenaza de un derrame de presas de jales de desechos tóxicos, ante la empresa y autoridades, la empresa no hizo el menor caso, al contrario, se hizo la sorprendida el 6 de agosto de 2014, cuando se derramaron 40 mil metros cúbicos de tóxicos con metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora, dañando a 25 mil habitantes. Lo que también tomó en cuenta la CIDH.
Por primera vez un asunto colectivo sindical nacional avanza en la CIDH
En mayo de 2021, la CIDH otorgó la Admisibilidad al Sindicato Minero, reviviendo los derechos fundamentales de los 828 mineros y sus familiares; y en enero de 2022 abrió el diálogo amistoso entre el Estado mexicano y el Sindicato Minero para buscar una solución al conflicto. Evidente es el problema del tiempo, pero sabiendo de ese factor, desde la asamblea del 30 de julio de 2011 se acordó luchar todo el tiempo necesario, resistir todas las adversidades y lograr otro resultado, distinto del decidido por el gobierno de Calderón en 2011 y ratificado ante la misma CIDH por Peña Nieto, en 2017.
La Admisibilidad de la CIDH (sin ser resolución) pone al descubierto las diversas actuaciones ilegales del gobierno de Calderón y la falta de independencia del poder judicial, junto con el servilismo al gran capital y la complicidad de la CTM-Sonora. Al otorgar la Admisibilidad, en el núm. de expediente caso 14.575 México, avanzan los mineros de Cananea en un terreno inédito para la lucha obrera nacional, si bien ya habían logrado, gracias a Napoleón Gómez Urrutia, la solidaridad internacional de Industriall Global Union, de la Central Sindical Internacional, Central Sindical de las Américas, United Steel Workers y otras organizaciones. Ahora los mineros de Cananea y su dirigente abren nuevas alternativas y rumbos a los trabajadores.
No obstante, en México no tuvo una buena recepción la noticia de la Admisibilidad, ya que en la reunión del gobierno federal del 11 de noviembre de 2021 en Sonora, en “El Plan de Justicia para Cananea”, expuesto por la secretaria de Trabajo María Luisa Alcalde, se excluyó la huelga minera de 2007 en el discurso y en el acto; al contrario, se llenó de elogios a Grupo México y a su representante lo sentó junto al Presidente de la Nación, sin invitar al líder de los mineros y senador, Napoleón Gómez Urrutia, ni a un huelguista a esa mesa.
Tampoco se informó al lic. Andrés Manuel López Obrador de la Admisibilidad y del “diálogo amistoso” propuesto por la CIDH entre el Estado mexicano y los peticionarios, los 828 mineros y sus familias y su representante el Comité Ejecutivo Nacional. La Secretaría de Trabajo habló del diálogo entre la empresa y el sindicato, etc. En los hechos se negó la propuesta de la CIDH, por lo que los mineros en huelga decidieron protestar el día 18 de enero de 2022 en la carretera Ímuris-Cananea, para exigir un diálogo serio con el secretario de Gobernación, lo que amablemente aceptó el Lic. Adán Augusto López Hernández. La reunión se realizó el 21 de enero de 2022.
El 3 de febrero los mineros propusieron al secretario de Gobernación: I. Que el gobierno actual restablezca la justicia que los gobiernos neoliberales de Calderón y Peña negaron a los mineros de Cananea, como un triunfo del actual Estado mexicano. II. Volver a dignificar la ciudad histórica de Cananea, símbolo de la justicia laboral, la lucha obrera y precursora de la Revolución y del Artículo 123 de la Constitución. Recordar que Ricardo Flores Magón organizó la huelga de Cananea de 1906. III. Resolver, con el diálogo, la huelga actual de casi 15 años.
* Abogado del Sindicato Minero y la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), y la Asociación Internacional de Juristas Democráticos (AIJD).
Foto de portada: El Siglo de Torreón.
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