Ética periodística y derechos ciudadanos
Raúl Muñiz Torres
Hace algunos años, escribí un texto que titulé de la misma manera que hoy lo hago: “Ética periodística y derechos ciudadanos”. En dicho texto, escribía sobre la responsabilidad que deben tener medios y autoridades a la hora de señalar o acusar a una persona y exhibirla públicamente cuando ni siquiera ha sido consignada.
En estos días y tiempos en que los medios y los ataques a periodistas continúan, creo necesario seguir insistiendo en que los media, a la par de esta problemática, debemos hacer también un examen de conciencia para sabernos autocríticos y sabedores de la urgencia de una cultura de la legalidad a la que también debemos abonar y estamos obligados.
Por ello, traigo a la memoria, algunas ideas centrales de aquellas letras escritas en el año 2009:
¿Cuánto en realidad contribuye la prensa a la cultura de la legalidad? ¿Cuán respetuosos de los derechos ciudadanos y humanos son los medios informativos impresos y electrónicos? ¿En qué momento empiezan los media a cultivar el vicio como virtud y por ende se vuelve razonable el cuestionarse su ética periodística?
En el libro de Marco Lara Klarh y Frances Barata, “Nota (n) Roja”, los autores invitan a una nueva manera de informar en asuntos que conciernen a la seguridad pública y ciudadana.
Obra que en buena medida tendría que ser lectura obligada entre los periodistas dedicados a la cobertura de asuntos judiciales, Lara Klarh y Barata cuestionan por ejemplo, una práctica que entre los medios y la autoridad policíaca se asume como un logro y un dechado de virtud pero que, sin embargo, los autores reprueban seriamente. Dicen:
“Una de las rutinas periodísticas más habituales en México es la de presentar detenidos ante los medios de comunicación. Pocos se preguntan por los límites de aquel ritual que, más allá de tener como finalidad estimular la vergüenza pública, pretende marcar al inculpado con el signo de la culpabilidad cuando todavía no ha sido sentenciado y, en muchos casos, ni siquiera consignado ante la autoridad judicial. En el marco de los derechos humanos, se establece que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad”.
En consecuencia, Marco Lara y Francesc Barata, se preguntan si actuaciones como la de exhibir a detenidos presentándolos como culpables atenta contra los derechos ciudadanos.
Los mismos autores se responden con una afirmación contundente:
“En sistemas democráticos sólidos, no es válido exponer a los acusados ante los medios de comunicación tras su detención, ni facilitar su identificación, porque se asume plenamente que ello supone una violación a sus derechos”.
El problema es que una sociedad tan polarizada, alarmada, con una probada actitud de linchamiento y una falta de razonamiento sereno, tal afirmación de Lara y Barata, les suena a sacrilegio porque el mero hecho de observar a detenidos en la televisión con un arma en la mano, es imagen suficiente para señalarlo como lacra despreciable.
No siempre es así y ese es el problema: entre 2007 y 2009, se detuvieron a 226 mil 677 personas por presuntamente estar relacionadas con el narcotráfico y según informes de la Procuraduría General de la República, el 75 por ciento de esas personas fue liberadas, cabe preguntarse entonces, ¿todas ellas eran culpables? Lo más seguro es que no y si no es así, ¿Cuántas de ellas fueron exhibidas por la policía en los medios? Y si lo hicieron ¿Dónde y bajo qué concepto se puede hablar de una cultura de la legalidad?
“Policías, jueces y periodistas deberían entender que no se puede hablar de justicia con prácticas lesivas a los derechos humanos”, lapidaria lección de Lara y Barata.
No sé exactamente cuánto los medios y las autoridades judiciales han entendido este asunto pero todavía y hasta el año pasado, Marco Lara citaba al comisionado Rodrigo Escobar Gil —también Relator para México sobre Personas Privadas de la Libertad de la propia CIDH— en donde Escobar clarificaba que la exhibición de personas en medios es “una práctica inadmisible […] contraria a los derechos humanos”, “violatoria no solo de la dignidad de la persona humana, por constituir un trato inhumano, cruel y degradante […] que afecta los derechos más valiosos de la persona humana, como es el derecho a la intimidad, al buen nombre, al honor, a la honra, los derechos de la familia, e incluso tiene grave repercusión en su ámbito social y laboral…”.
Aldo González Melo, experto materia constitucional y penal, publicaba en la revista Nexos hace un par de años, que “los medios de comunicación violan el principio (presunción de inocencia) cuando difunde una versión incompleta, anticipada o inacabada de la realidad y asesta una afirmación clara cuando señala que “es perverso sostener que un juicio mediático no constituye un juicio previo que lo imbuye todo, que contamina la opinión y las condiciones de cualquier proceso”.
En una realidad en que todo mundo tiene una cámara en su mano, a nadie nos gustaría ser señalados y recibir el juicio sumario de una sociedad hambrienta de linchamiento y apasionada total a las teorías del complot.
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