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Radio del Mar
Santiago de Chile, Chi. / Miércoles 30 de marzo de 2022
El informe de Derechos Humanos para el año 2021 de Amnistía Internacional realizó una contundente crítica al actuar del gobierno de Sebastián Piñera frente al «estallido social» y llamó al nuevo gobierno del Presidente Gabriel Boric a «avanzar hacia un plan integral de reparación para todas las víctimas, en la reforma estructural a Carabineros y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que estos hechos tan brutales no vuelvan a ocurrir nunca más».
Uso excesivo de la fuerza
Las protestas continuaron, aunque con menor intensidad a causa de la pandemia. La policía siguió haciendo un uso excesivo de la fuerza y se registraron al menos dos casos más de lesiones oculares.
En febrero, un malabarista callejero murió por disparos de un policía en la localidad de Panguipulli. La fiscalía de la región de Los Ríos presentó pruebas de que el disparo mortal se había efectuado mientras la víctima se hallaba inmovilizada en el suelo. Un agente estaba siendo investigado al finalizar el año.
En marzo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos denunció que las investigaciones sobre los más de 3.000 casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2019 y 2020 habían sido paralizadas. La Fiscalía Nacional declaró que casi la mitad de los casos bajo su responsabilidad se habían archivado sin que se hubieran presentado cargos. En mayo, el fiscal nacional ordenó a todos los representantes del ministerio público que revisaran sus casos y consideraran la posibilidad de abrirlos de nuevo si no se habían cumplido los criterios mínimos de investigación.
Carabinero. | Foto: Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
Derechos de los pueblos indígenas
En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó el examen de la admisibilidad de un recurso presentado por José Tralcal, Luis Tralcal y José Peralino, tres varones mapuches declarados culpables en un juicio injusto en relación con un incendio en el que habían muerto dos personas.
En mayo, la Corte Suprema confirmó las sentencias de siete expolicías y un abogado implicados en la muerte de un joven mapuche, Camilo Catrillanca, en las heridas causadas a un adolescente que lo acompañaba y en la obstrucción de la investigación sobre el caso. Las dos víctimas habían recibido disparos de la policía durante la persecución de los presuntos autores de un robo, en el que ninguno de ellos había participado. Se esperaba que tres de los exagentes policiales cumplieran penas de cárcel.
En abril, la policía hirió de bala al líder mapuche Alberto Curamil durante su arresto tras una manifestación, y después le negó el tratamiento médico inmediato. El acto se celebraba en apoyo a Elena Paine, una lideresa mapuche cuya casa había sido incendiada el día anterior.
En el caso de Chile, el gobierno de Sebastián Piñera dejó un legado sombrío en materia de derechos humanos en particular en lo referido al estallido social. Las investigaciones de los casos de violaciones a los derechos humanos prácticamente no han avanzado. Según Fiscalía, de las más de 10 mil denuncias tan solo nueve han llegado a sentencias condenatorias. La lucha por la verdad, justicia y reparación está más viva que nunca. El nuevo gobierno de Gabriel Boric debe avanzar hacia un plan integral de reparación para todas las víctimas, en la reforma estructural a Carabineros y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que estos hechos tan brutales no vuelvan a ocurrir nunca más.
La nota completa se puede leer en el enlace.
Imagen de portada: Sebastián Piñera y Gabriel Boric. | Foto: Presidencia de Chile.
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