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Caso Saweto: juicio oral tras ocho años

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Servindi

Perú / Martes 12 de abril de 2022

 



Fiscalía de Ucayali abrió juicio oral contra los cinco presuntos implicados en el asesinato de los líderes indígenas en Saweto en 2014



 

Tras ocho años del asesinato de cuatro dirigentes ashéninka que denunciaban el tráfico de madera en la comunidad Saweto, Ucayali, este 4 de abril se abrió el juicio oral contra los presuntos responsables.

Así lo reveló el Juzgado Penal Colegiado Permanente de Ucayali, que estableció 26 audiencias para atender el caso, con lo que la sentencia se programaría para fines de octubre, de acuerdo al portal Ojo Público.

Como se recuerda, Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintísima y Francisco Pinedo fueron asesinados el 1 de septiembre de 2014 cerca de Alto Tamaya Saweto, en Ucayali, y desde allí sus esposas e hijas reclaman justicia.

Mientras tanto, Diana Ríos, hija de una de las víctimas, señala que la criminalidad aumentó en la cuenca de Tamaya debido a los cultivos de hoja de coca, donde viven 13 comunidades indígenas.

Allí, once de trece comunidades, a excepción de Saweto y San Miguel, permiten la siembra de cultivos ilegales por miedo a ser asesinados como ya ha sucedido anteriormente, reportó al portal.

Situación actual

Recientemente, el fiscal Dennis Vega Sotelo de la fiscalía provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de Ucayali señaló a cinco presuntos implicados del crimen para quienes solicitó 35 años de pena privativa de libertad.

Así, se acusa a los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta como responsables intelectuales del asesinato, mientras que Eurico Mapes y los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix se identificaron como responsables directos.

Anteriormente, el 22 de junio de 2021, el Tercer juzgado de investigación preparatorio de la Corte Superior de Justicia de Ucayali había iniciado un proceso judicial contra cuatro presuntos culpables del asesinato múltiples, donde no figuraba Mapes.

 

Cabe mencionar que se modificó la “Actuación fiscal para la Prevención e Investigación de los Delitos en agravio de Personas Defensoras de Derechos Humanos» el 28 de marzo de este año.

Esto señala que, al detectarse casos de amenazas contra defensores, se debe iniciar una denuncia identificando a presuntos responsables y de tratarse de homicidios se trabajará con las fiscalías especializadas contra criminalidad organizada.

Paralelamente, para la protección de la comunidad involucrada, se señala que se coordinará con la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa para su protección.

Comunidades en peligro

Luego de ocho años del asesinato, la lideresa indígena Diana Ríos Rengifo, denunció que la deforestación y el cultivo de hoja de coca ilegal han incrementado en la cuenca del Tamaya, frontera entre Perú y Brasil.

“Antes teníamos tala ilegal, ahora hay coca y ambas actividades se benefician mutuamente. La comunidad tiene miedo, no hay presencia policial”, indicó a Ojo Público.

Se señala que, desde el asesinato de los líderes, quienes asumen el liderazgo en el territorio ashéninka son las mujeres. Ellas exigen justicia y realizan denuncias ambientales, pero la situación no ha cambiado, afirman.


Ilustración de portada: Enrique Casanto Shingari, pintor ashéninka.






Luis López




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