Inseguridad
Agustín Galo Samario
En los días recientes fueron asesinados Leobardo Magaña, ex funcionario municipal de Irapuato; la doctora Paulina Méndez, que laboraba en el Hospital General Regional de la urbe leonesa; y Miguel Ángel Castro Quiroz, egresado de la Universidad de León. Son casos que han generado una gran indignación entre los guanajuatenses porque reflejan el nivel al que ha llegado la inseguridad en el estado.
No es cosa nueva. Se trata de un fenómeno cuyos prolegómenos se remontan a sexenios atrás. Por ejemplo, al sexenio 2000-2006, cuando el entonces gobernador Juan Carlos Romero Hicks parecía considerar la seguridad como un tema exclusivo para la nota roja y que sólo interesaba al populacho.
Ya desde ese tiempo ocurrían ejecuciones a plena luz del día. Como aquella en que una pareja fue asesinada al interior de una camioneta de lujo frente a Plaza Mayor. El sicario, como los profesionales del crimen, huyó a pie sin que nadie lo molestara. Los ciudadanos se alarmaron igual que la clase política y empresarial. Se decía que ya se tomaban las medidas necesarias para que Guanajuato no entrara en la espiral que ya se vivía en otras entidades, porque nuestro estado era de los más seguros del país y la delincuencia sólo estaba de paso.
Sería hasta irresponsable decir que la comisión de delitos comunes es lo que ahora cobra vidas y que eso hace la gran diferencia con aquellos tiempos. Porque lo que sucede en realidad es que la impunidad es la que se ha esparcido por nuestro territorio. Guanajuato ha ingresado desde hace tiempo a las estadísticas de las desapariciones forzosas y es uno de los estados donde más se asesina, además de que no se le excluye de las cifras nacionales que señalan que más del 90 por ciento de los delitos no se denuncian, sean de los fueros federal o estatal.
Ocurre que nuestros funcionarios, en una tendencia también nacional, tienden casi siempre a negar el problema, minimizarlo o, en el extremo, a politizarlo. Así es actualmente. Al secretario de Desarrollo Social y Humano, Éctor Ramírez Barba, lo escuchamos decir que se siente indignado porque Bárbara Botello afirma que a pesar de los últimos homicidios León es una ciudad segura, y porque si no se reconoce el problema de la inseguridad nunca va a haber una solución. Y antes, la alcaldesa había dicho que si se le exigía su renuncia por la violencia en la ciudad, también deberían dimitir otros presidentes municipales que tienen serios problemas en sus demarcaciones, como Sixto Zetina en Irapuato.
Este tipo de posturas alcanzan incluso otras esferas. El gobernador Miguel Márquez decidió hacer lo mismo hace unos días respecto a la muerte del estudiante de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Esparza, en Guanajuato capital durante el Festival Cervantino. Bastó con que pidiera no politizar el caso para que se hiciera político, y eso que acababa de hablar con su homólogo de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
Será difícil que la inseguridad pueda disminuir si nuestros funcionarios están más dispuestos a confrontarse entre sí, sobre todo si son de distintos partidos políticos, que a coordinarse para hacer frente a la criminalidad. De cualquier modo, como suele decirse, el fenómeno es multifactorial. Tienen que ver la escasa cobertura en educación, la falta de fuentes de trabajo y la abundancia de empleos mal pagados; la galopante pobreza y la oprobiosa desigualdad. Si a ello le sumamos la impunidad y el escaso compromiso contra la corrupción en las corporaciones policíacas, el panorama no puede ser más que preocupante para los ciudadanos. La indignación puede escalar.
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