Animal Político / 4 de noviembre de 2014
El alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron arrestados en Iztapalapa, en el límite del Estado de México y el Distrito Federal, en una operación en la que no se realizó ningún disparo, detallaron a AP dos funcionarios federales mexicanos bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar con la prensa.
- La detención del exalcalde de Iguala y de su esposa se realizó en una casa de Iztapalapa, en la ciudad de México.
De acuerdo con fuentes federales, dos vecinos del lugar llevaron a las autoridades a la casa donde estaba la pareja, que rentaba un cuarto a una mujer que no ha sido identificada. Asimismo, informaron que en el operativo participaron al menos 20 elementos de élite de la Policía Federal.
En una conferencia de prensa encabezada por los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido, el gobierno federal aclaró detalles sobre la detención del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, además de informar sobre una tercera detención de una mujer que encubrió a la pareja.
La detención de los Abarca se llevó a cabo a las 2:30 horas de este martes en un operativo encabezado por agentes de la Policía Federal y agentes del Ministerio Público de la Federación, detalló Murillo Karam.
El procurador afirmó que a la misma hora, en otro operativo relacionado con el caso también en la delegación Iztapalapa, se detuvo a Noemí Berumen Rodríguez, acusada de encubrir a los detenidos y haber facilitado el domicilio al exalcalde. Ambos operativos se llevaron a cabo sin un solo disparo
El procurador afirmó que la localización de Abarca se dio gracias al trabajo de inteligencia y el uso de herramientas tecnológicas y recolección de datos. Los detenidos fueron remitidos a la SEIDO, donde se les realizaron exámenes médicos, y ya declaran ante el Ministerio Público de la Federación.
Murillo agregó que en unos cuantos días se espera entregar a la sociedad y medios de comunicación un avance importante de la investigación.
- A horas de su detención, José Luis Abarca declara en la SEIDO.
Sobre la detención, el comisionado nacional de Seguridad, Alejandro Rubido, afirmó que a partir de que Abarca solicitó licencia, se empezó a tratar de ubicarlo, iniciando con los inmuebles que poseía la pareja y sus familias, tanto en el estado de Guerrero como en otras entidades del país.
Las autoridades realizaron también un diagrama de vínculos familiares, de amistades y socios para establecer una lista de aproximación de objetivos. Fue con base en las investigaciones como se precisó que las dos plazas con mayor probabilidad de que estuvieran los prófugos eran Monterrey y el Distrito Federal.
En esa lógica se montaron discretas vigilancias a quienes entraban y salían de los inmuebles ya identificados, resaltando el inmueble de Noemí Berumen Rodríguez.
Finalmente, se privilegiaron tres domicilios -todos ellos en Iztapalapa- y se establecieron tres grupos de trabajo en la Policía Federal, cada uno con 20 elementos, los cuales, tras un operativo de vigilancia consiguieron la madrugada de hoy las detenciones de Abarca y su esposa en una casa que parecía estar abandonada.
Enfrenta tres cargos
Posterior al anuncio de la detención, el gobernador sustituto de Guerrero, Rogelio Ortega —quien tomó el cargo tras la solicitud de licencia del perredista Ángel Aguirre—, se refirió a la detención de la pareja que hasta este momento está en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada(SEIDO), donde se les realizaron exámenes médicos previo a rendir su declaración.
En una conferencia de prensa, alrededor de las 13 horas, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que espera que “la detención (de Abarca y su esposa) contribuya a la investigación que está realizando la PGR”.
Abarca tiene tres órdenes de aprehensión. Una por homicidio calificado, debido a la muerte de tres personas en el ataque previo a la desaparición de los normalistas; una más por homicidio en grado de tentativa, por los 43 normalistas desaparecidos, y otra más por el asesinato de un líder local ocurrido en 2013.
Abarca y Pineda son señalados como los autores intelectuales del ataque de la policía municipal a normalistas el 26 de septiembre pasado, y la posterior intervención del grupo delictivo Guerreros Unidos, que derivó en la muerte de seis personas —entre ellas tres estudiantes— y la desaparición de los 43 normalistas.
El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ha dicho que la intención del ataque, que se registró el 26 de septiembre, fue evitar que los estudiantes se manifestaran contra la presentación de un informe de actividades de la esposa del alcalde, vinculada por las autoridades con el cártel de narcotraficantes de los Beltrán Leyva.
Murillo ha dicho que todavía no se conoce el paradero de los jóvenes pese a que en la investigación en curso han aparecido por el momento nueve fosas con un total de 30 cadáveres. Según los informes preliminares, no pertenecen a ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos, pero tampoco han sido identificados.
Un equipo de antropología forense argentino está realizando un segundo estudio de los restos para descartar posibles errores.
El 22 de octubre, Murillo Karam ofreció un relato detallado de los hechos que figuran por el momento en la investigación federal, que continúa abierta y ha destapado que el grupo de narcotraficantes de los Guerreros Unidos, una escisión del Cártel de los Beltrán Leyva, habían tejido una red de complicidades con varias alcaldías del estado de Guerrero: Iguala, Cocula e Ixtapan de la Sal, que implicaban tanto a funcionarios de la administración como a policías locales.
- Peña Nieto hizo un reconocimiento a las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública federales por la detención de estos presuntos responsables de los hechos ocurridos en Iguala.
El procurador detalló que los Guerreros Unidos entregaban con periodicidad variable, semanal y mensual, entre 2 y 3 millones de pesos (entre 148 mil y 222 mil dólares) a las autoridades municipales. De ese dinero se pagaba la nómina de los policías.
El grupo delincuencial, cuyo principal operador era Pineda, hermana de dos responsables financieros del Cártel de los Beltrán Leyva, decidía incluso los ingresos de nuevos policías municipales.
Por el momento, 52 personas, entre policías, funcionarios municipales y miembros de los Guerreros Unidos están detenidas.
Respecto a los hechos del 26 de septiembre, la alcaldía temía que se produjesen incidentes el día que desaparecieron los estudiantes debido a que ya había antecedentes: en junio de 2013 la alcaldía de Iguala fue agredida durante un enfrentamiento entre personas afines al alcalde y un grupo de manifestantes entre los que se encontraban estudiantes de la misma escuela de los hoy desaparecidos.
El día de los incidentes, alrededor de las 6 de la tarde los estudiantes abordaron dos camiones en Ayotzinapa, tres horas más tarde llegaron a Iguala y tomaron dos unidades adicionales. En ese momento, los vigías que realizan labores de vigilancia para el crimen organizado, coludidos con la policía municipal y la alcaldía, reportaron los hechos al centro de mando de la policía municipal.
El alcalde y su esposa asumieron entonces que el grupo que se avecinaba se dirigía a sabotear la celebración del informe de actividades de la esposa del alcalde, como presidenta del DIF municipal y ordenaron a la policía que reaccionase para evitarlo. Tras un tiroteo que dejó seis muertos y una persecución, 43 estudiantes detenidos ingresaron a la cárcel municipal de Iguala.
De la cárcel municipal de Iguala, siempre según el relato del procurador, a los estudiantes se los llevó la policía municipal de Cocula, una localidad vecina a Iguala, también a las órdenes del grupo de los Guerreros Unidos.
Los agentes tomaron un camino de terracería hacia una zona conocida como Pueblo Viejo donde entregaron a los 43 estudiantes a miembros de los Guerreros Unidos y a partir de ese momento se les pierde la pista.
Se tienen identificados por lo menos a tres de los integrantes de los Guerreros Unidos que recibieron a los detenidos por los policías y el camino por el que fueron internados a un paraje.
El procurador ha dicho que el subjefe de la policía municipal de Cocula contactó al líder de los Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, detenido desde la semana pasada y que en su declaración ante las autoridades afirmó no haber hecho nada por evitar la desaparición de los estudiantes porque creyó que se trataba de un grupo de narcotraficantes rivales.
“Cientos de personas los buscan (a los estudiantes)”, ha declarado Murillo. “Es nuestra principal prioridad en este momento”. (Con información de AP).
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