SOMOSMASS99
Alfonso Díaz Rey*
Viernes 16 de junio de 2023
Con la imposición del neoliberalismo y la acelerada internacionalización del capital financiero monopólico, en nuestro país ocurrieron una serie de cambios que sin modificar la esencia del sistema alteraron profundamente la participación del Estado en la economía, transfirieron bienes y servicios nacionales al capital privado, aumentó la dependencia del capital extranjero, precarizaron el empleo y a los trabajadores, despojaron a pueblos originarios y a ejidatarios de sus tierras, degradaron los sistemas públicos de salud y educación, propiciaron el deterioro financiero y operativo de las dos principales empresas energéticas estatales ─petróleo y electricidad─ con objeto de privatizarlas totalmente, se privatizó el manejo de los fondos para pensión de los trabajadores, se fortalecieron la oligarquía y la alta burguesía, se incrementaron la concentración y centralización del capital, se amplió la desigualdad, se extendieron la corrupción, la delincuencia organizada y la violencia.
Como en otras partes del planeta, todo ello ocurrió por exigencias del capital como un intento para aumentar su tasa de ganancia y salir de una profunda crisis que le aquejaba no solamente en la economía sino en todos los aspectos de la vida.
El resultado de la internacionalización y movimiento especulativo sin control alguno del capital financiero monopólico y la privatización a ultranza ─siempre en busca de mejores y mayores ganancias─ provocaron una mayor dependencia estructural de las naciones menos desarrolladas y aumento de la subordinación de sus decisiones políticas y económicas a ese capital, en detrimento de sus pueblos. Los países más desarrollados también sufrieron serios desequilibrios económicos y sociales cuya solución en un ambiente de paz es imposible en el contexto de este sistema.
En México, como en otros países, el Estado quedó como el protector y garante de los intereses oligárquicos y estos violaron y modificaron la Constitución para legalizar sus fechorías. Durante 36 años de gobiernos neoliberales (1982-2018) la clase dominante incrementó su poder económico y reforzó el control político e ideológico sobre el pueblo, especialmente los trabajadores, control que se debilitó como consecuencia de la crisis y las contradicciones que se agudizaron, hecho que se reflejó en la elección presidencial del 1 de julio de 2018.
El país que el gobierno surgido de esa elección «heredó» del neoliberalismo estaba prácticamente en ruinas. Endeudado, plagado de corrupción y violencia, con gran parte de sus recursos naturales y territorio en manos del capital privado ─monopolista en buena medida─, quebrantado en su soberanía nacional y popular, subordinado ─hasta la ignominia─ a Estados Unidos, con áreas estratégicas de la economía controladas o en poder de monopolios privados, instancias de la administración pública infiltradas por el crimen organizado y la prevalencia de intereses privados sobre los nacionales, entre otras condiciones.
Como para el capitalismo es imposible sustraerse a las leyes objetivas que lo rigen, también el neoliberalismo fracasó como solución a las crisis, problemas y contradicciones del sistema, por lo que este buscará la manera de paliarlos recurriendo a una mayor explotación y expoliación de los pueblos y la naturaleza, sin descartar las amenazas y la guerra como medios para que los más poderosos se apropien de áreas y recursos estratégicos, y de esa manera mantener su hegemonía y dominio.
Para superar los impactos del neoliberalismo, erradicar sus nefastos efectos y evitar ser presa del capital financiero monopolista, México necesita continuar ─y profundizar hasta donde el pueblo lo demande─ la serie de transformaciones que inició la actual administración federal. Por ello es importante que quien desde posiciones progresistas sea la candidata o candidato a ocupar la presidencia de la república cuente con un programa en el que el pueblo vea reflejados sus anhelos, se identifique con su contenido y lo impulse hasta sus últimas consecuencias.
Sería la manera en que la mayoría de nuestro pueblo colaboraría directamente en la transformación del país y, además, garantizaría su permanencia.
* Miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Imagen de portada: Transparencia Electoral.
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