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Zoe Alexandra / Peoples Dispatch
Jueves 22 de junio de 2023
La provincia liderada por el gobernador conservador Gerardo Morales ha sido sacudida por protestas masivas contra la reforma de la constitución que socava los derechos indígenas y el derecho a protestar.
En Jujuy, Argentina, comunidades y organizaciones se han movilizado en las calles y carreteras para rechazar la reforma constitucional que fue impulsada a través de una aprobación temprana por parte del gobierno provincial del conservador Gerardo Morales en la madrugada del viernes 16 de junio. Las protestas masivas en ciudades y pueblos de toda la provincia, que han contado con la participación de comunidades indígenas, sindicatos y movimientos sociales, se han encontrado con una fuerte represión por parte de las fuerzas estatales.
El sábado 17 de junio en Purmamarca, Jujuy, la policía reprimió el bloqueo de la carretera 9 organizado por comunidades indígenas y movimientos sociales desde la madrugada del viernes. Decenas de personas resultaron heridas por los ataques con gases lacrimógenos, balas de goma y porras, y la policía también detuvo a 30 manifestantes. Mijael Lian Lamas, de 17 años, perdió uno de sus ojos después de recibir un disparo en el ojo con una bala de goma.
Decenas resultaron heridos en la represión del sábado 17 de junio en Purmamarca. | Foto: Peoples Dispatch.
El secretario nacional de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, viajó este domingo a la provincia para verificar la situación en terreno y ha llamado al gobernador a sentarse a dialogar con los diferentes sectores sociales que han salido a las calles e insistió en que abandone su «caprichosa» posición. Pietragalla expresó su preocupación de que si las autoridades provinciales no toman medidas para abordar las quejas planteadas por las comunidades, la situación podría empeorar.
La aprobación expresa de la reforma se produce en medio de un contexto de gran malestar social en la provincia gobernada por el partido derechista Unión Cívica Radical bajo Morales. Los maestros de la provincia se encuentran actualmente en la segunda semana de una huelga organizada por la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) y el Centro de Maestros de Enseñanza Media y Media (CEDEMS) para exigir aumentos salariales. Tras el anuncio de las reformas constitucionales la semana pasada, sindicatos, organizaciones indígenas y otras organizaciones progresistas convocaron una huelga general de un día de duración en toda la provincia el viernes 16 de junio para expresar su oposición.
En la noche del jueves 15 de junio, mientras los legisladores de la Convención Constitucional votaban, miles marchaban por las calles de la capital con antorchas en oposición a las reformas y como parte de la huelga de maestros en curso.
Días antes de que se aprobara la reforma, la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, encabezada por Pietragalla, emitió un comunicado sobre la situación de los derechos humanos en Jujuy, refiriéndose a las protestas en curso y la oposición masiva a la reforma propuesta. El organismo nacional expresó su preocupación por lo que calificó de «grave retroceso en los derechos del pueblo de Jujuy» y advirtió que «la consolidación de las acciones autoritarias del gobierno de Morales representaría una amenaza para el sistema democrático en la República Argentina».
Las reformas constitucionales socavan los derechos
Las reformas a la constitución provincial han galvanizado la oposición generalizada de diversos sectores sociales que se han unido en las calles para exigir la renuncia de Morales y la revocación de la reforma.
Uno de los principales puntos de discusión es la reforma al artículo 36 sobre el «derecho a la propiedad privada». La reforma otorga mayores derechos a los propietarios, ya que brinda «mecanismos y rutas rápidas y expeditas que protegen la propiedad privada y restablecen cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor del titular». También allana el camino para una ley que determine las condiciones para el desalojo.
Muchas comunidades indígenas han señalado que a pesar de ser habitantes ancestrales, el 90% de las comunidades indígenas carecen de títulos de propiedad. Dicen que esta reforma faculta a los propietarios privados para desalojarlos, especialmente en un contexto de crecientes disputas por los derechos sobre la tierra con respecto a la extracción de litio por parte de corporaciones multinacionales en la provincia. Jujuy es el hogar de varios proyectos de extracción de litio, como el proyecto Cauchari-Olaroz, uno de cuyos principales accionistas es el gigante canadiense Lithium Americas, así como los proyectos Cauchari y Olaroz de la compañía australiana de litio Lake Resources.
El otro punto clave de la reforma que ha provocado una oposición masiva es el punto llamado «Derecho a la paz social y la vida pacífica democrática» que incorporó a la constitución la «prohibición expresa de bloqueos totales de carreteras y carreteras, así como todas las demás interrupciones al derecho a la libre circulación de los habitantes de la provincia y sus consecuencias legales». Organizaciones de todo el país han condenado este punto como una grave amenaza al derecho a la protesta y a la plena garantía de los derechos humanos.
Respuesta nacional
A pesar de los intentos de aplastar la resistencia a la reforma, la fuerte represión de los manifestantes y la naturaleza antidemocrática de la reforma ha provocado una respuesta nacional. El lunes 19 de junio, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que realizaría un paro nacional el jueves 22 de junio para exigir a Morales el cese de la represión contra el pueblo de Jujuy y revertir la reforma constitucional.
En un comunicado, el sindicato nacional escribió: «Instamos al gobierno de Jujuy a cesar estas actitudes y acciones, que nada tienen que ver con el ejercicio de la democracia, exigimos la liberación de nuestros compañeros injustamente detenidos y llamamos a un fuerte Paro Nacional para mostrar nuestro repudio a esta situación».
Legisladores del partido gobernante nacional Frente de Todos (FdT), así como líderes sindicales y defensores de derechos humanos celebraron una conferencia de prensa en la capital, Buenos Aires, el lunes para expresar su rechazo a la «brutal represión» de las protestas en Jujuy y anunciaron una movilización masiva frente a la Casa Provincial de Jujuy en la ciudad el 22 de junio.
Hugo Yasky, secretario general de la Central Sindical de Trabajadores (CTA) y diputado nacional por FdT, dijo en la conferencia de prensa que la reforma va en contra de la Constitución Nacional y advirtió que Jujuy es un caso de prueba de lo que «la derecha quiere para Argentina».
El 19 de junio, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, la Fundación para el Desarrollo de la Justicia y la Paz (FUNDAPAZ), junto con varias otras organizaciones de derechos humanos y juristas del país, emitieron un comunicado titulado «Exigimos la suspensión de la reforma constitucional en Jujuy».
Destacando las múltiples irregularidades en el proceso desde las cuestiones procesales en la aprobación, la exclusión de sectores sociales en la discusión, hasta los problemas de «legalidad y legitimidad» de la reforma, y la fuerte represión de las protestas, las organizaciones dicen que la única medida para responder a las demandas del pueblo y «garantizar una necesaria, debate obligatorio y participativo de todos los sectores de la sociedad en Jujuy» es para la Convención Constituyente y el gobernador Morales sospechar de la reforma.
Las organizaciones declaran que: «Avanzar en dicha reforma conducirá inevitablemente a su inmediata impugnación en los tribunales, ya que varias de sus disposiciones contradicen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, lo que comprometerá la responsabilidad del Estado argentino ante el sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos».
Imagen de portada: El bloqueo de la ruta 9 en Purmamarca fue fuertemente reprimido el sábado 17 de junio. | Foto: Edgardo Valera / TELAM, vía Peoples Dispatch.
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