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Servindi
Perú / Viernes 28 de julio de 2023
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) pide vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos, condiciones para ejercer el derecho a la protesta social y convocatoria inmediata a elecciones generales por un Perú donde la justicia haga la paz.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) lanzó un pronunciamiento en el que señala que a dos años del bicentenario la democracia, los derechos humanos y la justicia se encuentran cada vez más lejanos.
La coalición que agrupa a 78 organismos que promueven los derechos fundamentales en Perú denuncia el proyecto político e ideológico conservador y autoritario detrás de la crisis.
Este proyecto desestabiliza la institucionalidad democrática, viola derechos humanos y revierte las conquistas sociales y ciudadanas en el reconocimiento de derechos.
El documento enumera un conjunto de hechos orquestados entre el Congreso de la República y el Ejecutivo que deterioran y debilitan la institucionalidad democrática.
Entre ellos, cita la sentencia del Tribunal Constitucional que impide al Poder Judicial controlar los excesos del Congreso y altera el equilibrio de poderes.
Asimismo, el nombramiento de un Defensor del Pueblo por un procedimiento “ajeno a la meritocracia, la transparencia y la participación ciudadana”.
También la intromisión del Congreso en las funciones de una ex fiscal de la Nación, limitando el desempeño autónomo de la función jurisdiccional y la anulación del derecho ciudadano al referéndum.
Además, las propuestas de leyes para modificar la ley forestal y favorecer la desforestación de territorios habitados por pueblos indígenas en situación de aislamiento o en contacto inicial.
Como si fuera poco, se menciona la autorización a los Comités de Autodefensa de Desarrollo Rural (CAD) a adquirir armas del Estado o particulares y la propuesta para limitar el mecanismo de colaboración eficaz para luchar contra las redes de corrupción.
Demandas de la sociedad civil
Frente a la crisis política y de derechos humanos la CNDDHH demanda la autonomía e independencia de todos los poderes del Estado, en particular del sistema electoral y la administración de justicia.
De igual modo, el cese de la estigmatización y la criminalización de la protesta social, el pleno respeto a los derechos humanos de las mujeres y niñas en su diversidad y de la igualdad de género.
Recuerda la urgencia de aprobar e implementar medidas de prevención y mitigación de riesgos para reducir la vulnerabilidad frente a la amenaza del fenómeno del Niño.
Exige asimismo la investigación y juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos y las posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas en las recientes protestas sociales.
A dos años del bicentenario democracia, derechos humanos y justicia, cada vez más lejos
Pronunciamiento
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entidad que agrupa a nivel nacional a 78 organismos que promueven los derechos fundamentales de la persona, señala lo siguiente:
Las crisis políticas y de derechos humanos en el Perú obedecen a la implementación de un proyecto político e ideológico conservador y autoritario que ha ido desestabilizando la institucionalidad democrática, violando derechos humanos y revirtiendo las conquistas sociales y ciudadanas en el reconocimiento de derechos, especialmente de las poblacionales a las que se quiere subordinar por su etnia y su cultura, su sexo o identidad de género, su clase social o edad.
La actuación orquestada del Congreso de la República y del Ejecutivo están deteriorando la institucionalidad democrática con:
- Una sentencia del Tribunal Constitucional que impide al Poder Judicial controlar los excesos del Congreso, altera el equilibrio de poderes y lo coloca por encima de los demás poderes del Estado y de la Constitución.
- Una mayoría congresal decidida a controlar el Sistema Electoral y acusar constitucionalmente a sus miembros.
- El nombramiento de un Defensor del Pueblo a través de un procedimiento ajeno a la meritocracia, la transparencia y la participación ciudadana.
- La intromisión del Congreso en las funciones de una ex fiscal de la Nación, limitando el desempeño autónomo de la función jurisdiccional.
- Un papel de la Fiscal de la Nación que, a la hora de investigar las posibles ejecuciones extrajudiciales y las graves violaciones a los derechos humanos y sus responsables, expresa parcialidad política.
- Una Fiscalía que se ha volcado a la persecución y encausamiento de las y los ciudadanos que protestan, en particular de las y los líderes de las organizaciones sociales, a través de supuestas denuncias “preventivas”.
- La anulación del derecho ciudadano al referéndum.
- El reestablecimiento de la bicameralidad para hacer del Senado una cámara de notables con reelección congresal.
- Una intolerancia a la pluralidad e impunidad frente a los grupos neofascistas, que agreden a periodistas y activistas de derechos humanos, con la anuencia del gobierno y otros grupos políticos de derecha.
- Abierto incumplimiento de las recomendaciones formuladas al Estado peruano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por organismos internacionales de derechos humanos consultivos ante la OEA.
- Propuestas de leyes para modificar la ley forestal y favorecer la desforestación de territorios habitados por Pueblos Indígenas u Originarios en situación de Aislamiento o en situación de contacto Inicial; así como la aprobación de leyes que autorizan a los Comités de Autodefensa de Desarrollo Rural (CAD) a adquirir armas del Estado o particulares. Sin olvidar, la propuesta que limita el mecanismo de colaboración eficaz para luchar contra las redes de corrupción.
Por todo lo señalado, demandamos:
- Autonomía e independencia de todos los poderes del Estado, en particular del sistema electoral y la administración de justicia.
- Cese de la estigmatización y criminalización de la protesta social.
- Respeto pleno a los derechos humanos de las mujeres y niñas en su diversidad y de la igualdad de género.
- Aprobación e implementación de medidas de prevención y mitigación de riesgos para reducir la vulnerabilidad frente a la amenaza del fenómeno del Niño.
- Vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos.
- Condiciones para el ejercicio del derecho a la protesta social y la escucha de los distintos reclamos de la población.
- Investigación y juzgamiento de las graves violaciones de los derechos humanos y las posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas en las recientes protestas.
Finalmente, reiteramos que urge la necesidad de una convocatoria inmediata a elecciones generales por un Perú, donde la justicia haga la paz.
¡Adelanto de Elecciones Generales Ya!
27 de julio de 2023
Foto: Servindi.
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