Impunidad, ¿otra vez?
Agustín Galo Samario
La resolución de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) respecto a las agresiones sufridas por Karla Janeth Silva Guerrero, corresponsal en Silao del periódico El Heraldo de León, no sentarán precedente alguno si no se logra castigar al autor intelectual del ataque. O sentarán el precedente de que cuando se tuvo la oportunidad de castigar al o a los que atentaron contra la libertad de expresión de una periodista y, junto con ella, de todo el gremio periodístico, se optó una vez más por la impunidad.
La información difundida por la oficina del ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera destaca en primer término que la PDHG concluyó las investigaciones relacionadas con el expediente 222/14-A por la queja iniciada de manera oficiosa y ratificada por Karla Janeth Silva. Después, recuerda que dictó medidas precautorias a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para salvaguardar la integridad y seguridad de la reportera, las cuales fueron cumplidas por la corporación estatal. Y ya en tercer término entra en materia, al señalar que “advierte como resultado del caudal probatorio que se obtuvo, que la administración pública municipal de Silao no cumplió con la obligación de proteger a periodistas y trabajadores de medios de comunicación en riesgo, pues se acreditó que Karla Janeth Silva Guerrero informó a Jorge Alejandro Fonseca Durán, entonces coordinador operativo de la Policía Municipal de Silao, Guanajuato, hechos que indicaban una situación de riesgo, circunstancia que fue ignorada por el servidor público”.
En el mismo comunicado, en los párrafos 8, 9 y 10 da cuenta de la revisión que realizó de las notas publicadas por la periodista durante tres meses (de junio al 3 de septiembre), en las que descubre que de un total de 132 informaciones relacionadas al gobierno municipal, en 108 hay “alguna expresión crítica, ya sea emitida o recogida por Karla Janeth Silva Guerrero”, es decir, en un 46.35 por ciento. Y es hasta el párrafo 11 donde señala que “en el desahogo de pruebas se consignan diferentes momentos en que la comunicadora y el alcalde de Silao tienen diferencias por los cuestionamientos y las respuestas que se formulan dentro de varias entrevistas”.
Pero no sólo eso, sino que en el párrafo siguiente la PDHG informa que sumó a la investigación “el testimonio de otro periodista, que anteriormente cubría la fuente de presidencia municipal de Silao y que señala recibió por parte del munícipe amenazas por su labor”.
Como puede verse, según lo informado por el organismo encabezado por Rodríguez Junquera y como se ha presumido desde que se conocieron las agresiones a Karla Janeth Silva el 4 de septiembre pasado, el alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola continúa con las evidencias en contra, las que lo señalarían como el autor intelectual del ataque a la periodista con el único propósito de que dejara de ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Así es, aunque debe tenerse en cuenta que del total de recomendaciones la única que le atañe personalmente al presidente municipal es la de “hacer pública una disculpa institucional”. Las demás, invariablemente, son sugerencias para que su administración inicie procedimientos de responsabilidad contra los funcionarios involucrados en el caso (Nicasio Aguirre Guerrero, el hoy prófugo ex director de la Policía Preventiva, y Jorge Alejandro Fonseca Durán, ex coordinador operativo de la corporación); para que indemnice a Karla Janeth Silva; para que los policías municipales reciban instrucción en derecho a la libertad de expresión; para que adopte medidas para evitar nuevas agresiones a comunicadores; para que elabore estadísticas precisas sobre la violencia contra periodistas; para que “en cooperación con la autoridad estatal”, adopte las medidas necesarias “para garantizar la seguridad” de periodistas; y para que “se implementen y/o fortalezcan las políticas públicas de comunicación social” en materia de respeto a los derechos humanos”.
El trabajo realizado por la PDHG es revelador. Pero, ¿a quién corresponde llegar al fondo del asunto? ¿Quién va a investigar al alcalde? Es más, ¿no se va a indagar el caso del otro periodista que fue amenazado por Solís Arzola? El ataque contra Karla Janeth Silva Guerrero, ya lo comprobó Rodríguez Junquera, es un atentado contra la libre expresión de los periodistas, contra el derecho de la sociedad a ser informada. En pocas palabras, contra la democracia en Guanajuato. ¿Quedará impune?
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