SOMOSMASS99
Rigoberto Beltrán Vargas* y Perla Raquel García Pérez
Miércoles 5 de febrero de 2025
En el arranque del nuevo gobierno (9 días) hasta el viernes 31 de enero de este año habían sido deportadas seis mil 244 personas de las cuales cuatro mil 873 son mexicanas, lo que representa un promedio de 544 al día.
Por lo que parece esta actividad se ha vuelto rutinaria: en el primer mes de 2023 se reportaron 622 y en 2020 fueron 591 (datos del gobierno federal).
Hablando de las cantidades por año: en 2023 fueron 214 mil 838; en 2022, 250 mil; en 2021, 160 mil 689, y en 2020 expulsaron a 184 mil 402 mexicanos.
Ante este fenómeno vale la pena reflexionar en dos actitudes que manifiestan y dejan evidencia de su expresión contraria y del valor ético de una con la ausencia de este, en la otra experiencia.
México conoce bien el problema de las migraciones. El ser humano en general tiene experiencia no solo desde fuera sino en su propia naturaleza. La migración es un hecho que pertenece a nuestra propia manera de ser, de pensar, de existir y hoy es además un signo repetitivo cuya manifestación es de estos tiempos que constituye un desafío para la humanidad y desde luego para la Iglesia.
Situando este asunto en el campo ético-moral evidencia que las estructuras de pecado causan molestia, sufrimiento y muertes en último caso.
Los migrantes dejan todo, lugar de origen, casa, familia, costumbres, lengua, historia y muchas veces hasta costumbres religiosas… en busca de conseguir otra vida mejor, sueñan variadas y esperanzadoras oportunidades, no les importan los peligros.
La historia nos enseña que dentro de esta búsqueda se dan muchas veces, no siempre una sucesión de desequilibrios entre variables demográficas, sociales y físicas que conducen a la injusticia.
Nuestra historia está marcada por ellas, las ha habido legales hacia el norte, los braceros, mientras Estados Unidos los necesitó para sustituir a los trabajadores que convertidos en soldados dejaron puestos laborales. Después los trabajadores siguientes, “los mojados”, han sido ilegales en la medida en que restricciones oficiales estadunidenses se endurecieron.
El otro caso fue el de 40 mil guatemaltecos en México alrededor del año 1989 como resultado de las gravísimas represiones que las poblaciones indígenas mayas sufrían en su país. Estaban dispersos en más de cien pequeños asentamientos a lo largo de la frontera México- Guatemala en condiciones gravísimas. Nuestro gobierno con base en los derechos humanos organizó su traslado y asentamiento en los estados de Campeche y Quintana Roo. En su recorrido de cientos de kilómetros en selvas vírgenes y su posterior establecimiento siempre estuvo presente el principio de la protección a la dignidad humana y vigente su derecho en su momento regresar a sus tierras.
Fueron dos casos. El mismo ser humano. Dos tratamientos desiguales.
* Rigoberto Beltrán Vargas es presbítero y coordinador del Observatorio Acambarense por los Derechos Humanos Raúl Vera López.
Foto de portada: Wikimedia Commons.
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