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Dalal al-Zainabi y Saheli Chowdhury* / Internacionalista 360°
Jueves 27 de marzo de 2025
Durante más de una década, la República Bolivariana de Venezuela ha sido víctima de una guerra híbrida llevada a cabo por el imperio estadounidense. Lo que comenzó como una campaña de aislamiento económico y diplomático a través de medidas coercitivas unilaterales, lanzada con la Orden Ejecutiva de Obama de 2015 que declaraba al país una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos, ha ido añadiendo a su arsenal tácticas más insidiosas, una de las peores es la militarización de la migración forzada venezolana. Esta estrategia, que explota vidas humanas con fines políticos, constituye una peligrosa escalada en la guerra híbrida de Washington contra Caracas. La deportación de migrantes por parte del régimen de Trump a una prisión de máxima seguridad en El Salvador puede considerarse como la segunda fase de la guerra antivenezolana de Washington en el frente migratorio.
Primera fase: Fomento de la migración masiva
La primera fase de este asalto centrado en la migración comenzó bajo la administración Trump en 2019, pero se llevó a cabo con mayor intensidad bajo la administración Biden. Durante sus primeros años, el Grupo de Lima, una coalición ahora extinta de gobiernos latinoamericanos de extrema derecha alineados con Washington, alentó activamente a los venezolanos a huir de su patria. Presidentes del Grupo de Lima como el fallecido Sebastián Piñera de Chile, Lenin Moreno y Guillermo Lasso de Ecuador, Iván Duque de Colombia o Mauricio Macri de Argentina emitieron comunicados oficiales «dando la bienvenida» a los venezolanos e incluso los incitaron a ir a esos países sin documentos. Esta incitación abierta de los gobiernos de derecha coincidió con la escalada de la guerra económica de Occidente contra Venezuela, llevada a cabo a través de la imposición de un bloqueo económico-financiero-comercial total a partir de febrero de 2019.
Este enfoque sirvió para múltiples propósitos. Por un lado, creó una narrativa que reforzó la propaganda antivenezolana, retratando a la República Bolivariana como un Estado fallido incapaz de proteger a sus ciudadanos. Y lo que es más importante, alimentó la desestabilización interna al alentar a decenas de miles de personas a dejar atrás familias, empleos y comunidades. Este éxodo masivo debilitó el tejido social y la fuerza laboral de Venezuela, deteriorando los sectores público y productivo y agravando las dificultades causadas por las paralizantes medidas coercitivas unilaterales —eufemísticamente llamadas «sanciones»— impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y sus «aliados» en todo el mundo.
La estrategia migratoria tomó un nuevo formato durante la administración Biden. Las redes de tráfico de migrantes, o coyotes, facilitaron los cruces ilegales a Estados Unidos, convenciendo a los migrantes venezolanos, especialmente a aquellos que ya habían estado viviendo fuera del país durante los últimos años, de que la administración demócrata era más acogedora con los inmigrantes. Una vez en suelo estadounidense, estos migrantes recibieron instrucciones de entregarse a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), alegando que eran víctimas del «régimen de Maduro» o que huían del crimen en Venezuela, bajo el argumento de la «amenaza creíble».
Sin embargo, había otra capa en esta estrategia: una vez dentro de los Estados Unidos, muchos venezolanos indocumentados vivían abiertamente, aparentemente sin ser molestados por las autoridades de inmigración. Aquellos que no fueron deportados por ICE fueron rastreados y documentados, quedándose solo por la «buena voluntad» del régimen de Biden. El creciente número de migrantes venezolanos que son completamente vulnerables a la represión y la deportación, sin ningún recurso legal, se convirtió en una especie de bomba de tiempo, lista para ser explotada por el imperio cuando y de la manera que sea necesaria.
Desde 2020-2021, muchos de esos migrantes venezolanos residentes en países latinoamericanos, debido a las dificultades económicas, el endurecimiento de las políticas migratorias y la violencia estatal mezclada con xenofobia, optaron por trasladarse al Norte, especialmente a Estados Unidos y España. Esto podría no haber estado en los cálculos de aquellos en Washington que inicialmente promovieron esta migración.
Junto a esta nueva ola migratoria, EE.UU. comenzó la narrativa de criminalización alrededor de 2022-2023. Los partidarios del cambio de régimen de derecha venezolanos que ya estaban asentados en los EE. UU. contribuyeron a esta narrativa, lanzando campañas de desprestigio mezcladas con clasismo y racismo, contra los nuevos migrantes venezolanos provenientes de la clase trabajadora.
Segunda fase: Diplomacia de rehenes y guerra psicológica
Si avanzamos hasta el día de hoy, vemos el surgimiento de lo que solo puede describirse como «diplomacia de rehenes». Bajo la renovada represión del presidente Donald Trump contra la inmigración —una de sus principales promesas de campaña, miles de migrantes venezolanos han sido detenidos y están siendo deportados— no a Venezuela, sino a infames prisiones de máxima seguridad en la Bahía de Guantánamo (territorio cubano ocupado por Estados Unidos) e incluso a El Salvador. Estas deportaciones no son aleatorias; son movimientos calculados en el contexto de la campaña de «máxima presión» de Washington contra el gobierno venezolano.
¿Por qué enviar a los migrantes a lugares lejanos en lugar de repatriarlos directamente? Las autoridades estadounidenses citarían como las razones las sanciones (medidas coercitivas unilaterales) contra la aerolínea estatal venezolana Conviasa, encargada de los vuelos de repatriación de migrantes del programa gubernamental venezolano Retorno a la Patria, y la falta de relaciones diplomáticas bilaterales formales. Ambas partes también se han culpado mutuamente por los baches en el proceso de repatriación. Sin embargo, la realidad es más siniestra. En primer lugar, el gobierno de Estados Unidos sabe muy bien que Venezuela no abandonará a sus ciudadanos. A través de canales diplomáticos, el gobierno de Nicolás Maduro ya ha negociado el regreso de más de 900 migrantes desde Estados Unidos este año, incluidas 177 personas detenidas en la bahía de Guantánamo. Pero esas negociaciones tienen un costo. Cada esfuerzo de repatriación requiere una minuciosa diplomacia de canales secundarios, que a menudo implica acuerdos con terceros países como México, Honduras o Colombia. Este proceso obliga a Venezuela a gastar valiosos recursos que de otro modo se habrían utilizado para las prioridades internas.
Otro factor en esta fase es la criminalización de los migrantes venezolanos, tildándolos a todos, sin pruebas, de miembros de la ya extinta banda criminal venezolana Tren de Aragua, y transfiriéndolos a cárceles infames por ser «terroristas». La base «legal» para esta acción ilegal es la inclusión de la pandilla antes mencionada en la lista de «organizaciones terroristas extranjeras» de la administración Trump, y esto se ve reforzado por la campaña de los principales medios de comunicación de exagerar el poder del Tren de Aragua hasta el punto de equipararlo con bandas de narcotraficantes brutales, regimentadas y fuertemente armadas con control territorial como el Cartel mexicano de Sinaloa o la Mara Salvatrucha-13 (MS-13) salvadoreña. Además, las autoridades estadounidenses intentan conectar al gobierno venezolano con la pandilla, con narrativas fantasiosas de que la administración de Maduro está enviando a miembros del Tren de Aragua a Estados Unidos para desestabilizar el país, invocando así la amenaza a la seguridad nacional.
Sin embargo, los hechos sobre el terreno apuntan a lo contrario, ya que las agencias de seguridad e inteligencia venezolanas han estado realizando múltiples operaciones para erradicar toda presencia de pandillas y paramilitares en el territorio nacional desde 2019 y, según se informa, han desarticulado el Tren de Aragua en pedazos, dejándolo sin cabeza ni estructura organizativa cohesionada. Sin embargo, la propaganda conjunta de los medios de comunicación estatales estadounidenses tiene la intención de crear una imagen muy diferente con el objetivo de fabricar el consentimiento para una probable eventual «invasión humanitaria» de Venezuela.
Además, el espectáculo público de las deportaciones sirve como una herramienta de guerra psicológica contra los migrantes venezolanos en particular y la migración en general. Al mostrar el trato brutal a los migrantes, Estados Unidos pretende disuadir a otros de intentar el viaje hacia el norte. Envía un mensaje escalofriante a los venezolanos que están considerando emigrar a Estados Unidos: su destino puede incluir la detención indefinida, la separación de sus seres queridos o incluso el encarcelamiento en prisiones extranjeras. Esta táctica busca infundir miedo en el corazón de cualquiera que contemple emigrar a los Estados Unidos y al mismo tiempo, en el caso de Venezuela, socavar la moral de su población. Además, según varios analistas, así como funcionarios del gobierno venezolano, esto tiene una dimensión racista, ya que la humillación pública de los venezolanos en el extranjero se considera una humillación y un insulto a la identidad y nacionalidad venezolana.
Enfrentar la estrategia de Washington de etiquetar a los migrantes venezolanos como pandilleros no solo es necesario para salvaguardar los derechos básicos de estos migrantes, sino también para evitar una escalada de estrategias similares contra otros grupos de migrantes.
El «cambio de régimen» sigue siendo el objetivo
A pesar del cambio de métodos, el objetivo final sigue siendo el mismo: un «cambio de régimen» en Venezuela. Junto con el estrangulamiento económico y las campañas de desinformación de Washington, la estrategia actual contra los migrantes aprovecha el sufrimiento humano para lograr objetivos políticos. Esto es similar a la forma en que «Israel» anuncia públicamente su brutal tortura y humillación de los prisioneros palestinos en un esfuerzo por obtener concesiones de la resistencia palestina. Con el secuestro de migrantes —porque la deportación ilegal de personas inocentes a las cárceles de Guantánamo y El Salvador no puede llamarse por otro nombre— Estados Unidos está explotando a personas vulnerables para forzar la mano de Venezuela. Aún no está claro si espera obtener concesiones territoriales, cambios de política o una capitulación total de Venezuela, pero la intención es innegable.
Cabe destacar que tanto las administraciones demócratas como las republicanas han contribuido a este ciclo de explotación. Si bien Obama y Biden supervisaron las deportaciones silenciosas, sus administraciones sentaron las bases al alentar la migración masiva de venezolanos como arma en la guerra híbrida. Trump, siempre el showman, ha amplificado la crueldad, convirtiendo las deportaciones en eventos de alto perfil destinados a apaciguar a su base. Independientemente de la afiliación partidista, el imperialismo subyacente persiste.
Solo el gobierno venezolano puede rescatar a los migrantes
En medio de este caos, una verdad se destaca: solo el gobierno venezolano posee las herramientas para mitigar la crisis. Las organizaciones privadas y los individuos, a pesar de sus mejores intenciones, carecen de la influencia diplomática necesaria para negociar repatriaciones o garantizar un paso seguro para los migrantes varados o detenidos. Hasta ahora, todos los 919 venezolanos repatriados desde EE.UU. han regresado a casa sanos y salvos gracias a las negociaciones por debajo de la mesa llevadas a cabo por el gobierno de Venezuela, el mismo que ha sido satanizado mundialmente como «autoritario» y «despiadado». Sin estos esfuerzos, innumerables vidas quedarían en el limbo.
Esto subraya por qué la solidaridad internacional con la Revolución Bolivariana en Venezuela es crucial. La guerra económica contra Venezuela es, en primer lugar, la fuente de la mayor parte de esta migración. Las sanciones y otras medidas punitivas impuestas por Estados Unidos hacen imposible el movimiento directo de personas entre los dos países, lo que complica los esfuerzos de repatriación. A pesar de estos obstáculos, Venezuela continúa abogando por su pueblo, demostrando resiliencia frente a la adversidad. Apoyar a los migrantes venezolanos, muchos de los cuales son antichavistas, y a las autoridades del país significa oponerse al marco imperialista más amplio que está destruyendo la vida de las personas en todo el mundo.
Conclusión
La militarización de los migrantes venezolanos representa un nuevo punto bajo en la política exterior de Estados Unidos. Es una estratagema cínica que trata a los seres humanos como moneda de cambio, reduciendo problemas complejos a burdos juegos de poder y espectáculos baratos. Los venezolanos, dondequiera que estén, merecen algo mejor que quedar atrapados en el fuego cruzado de los juegos geopolíticos imperialistas. Su difícil situación nos recuerda que el imperialismo se nutre de la división y la desesperación, y que la unidad y la resistencia siguen siendo nuestras armas más poderosas contra él. Por lo tanto, es imperativo que los antiimperialistas apoyen al gobierno venezolano, a su pueblo y a todos los pueblos del mundo que luchan por la dignidad y la autodeterminación contra la máquina genocida inhumana del imperialismo estadounidense.
* Dalal al-Zainabi es colaborador y voluntario del Orinoco Tribune. | Saheli Chowdhury es de Bengala Occidental, India, estudia física como profesión, pero con una pasión por la escritura. Está interesada en la historia y los movimientos populares en todo el mundo, especialmente en el Sur Global. Es coeditora y colaboradora de Orinoco Tribune.
Foto: Internacionalista 360°.
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