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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
A diferencia de los diputados federales que muy orondos se fueron a descansar cinco días para festejar el natalicio de Benito Juárez, los rectores de la UNAM, UdeG y UAM exhortaron este lunes al Congreso de la Unión a abrir a todos los sectores del país una consulta amplia, plural e incluyente para la promulgación de la nueva Ley General de Aguas.
Aunque los legisladores del PRI, PAN y PVEM dedicaron un par de sesiones al tema en las anteriores dos semanas, una en comisiones unidas y otra en la Junta de Coordinación Política –la primera para aprobar el dictamen enviado por el Ejecutivo federal y la segunda en que con todos los partidos acordaron posponer el debate en el pleno-, y los del PRD el tiempo necesario para organizar el jueves un foro, en general las y los diputados no han hecho lo suficiente para tomar realmente en cuenta la opinión de los expertos y de las organizaciones civiles.
Como es probable que el periodo de “reflexión” anunciado el lunes de la semana pasada sólo sea una simulación para hacer creer que se escucharon y resolvieron las dudas de quienes alertan sobre los intentos de crear una ley privatizadora, los rectores quizá percibieron el riesgo y consideraron necesario pronunciarse al respecto.
José Narro Robles, Tonatiuh Bravo Padilla y Salvador Vega y León, a nombre de las instituciones que encabezan, reconocen en su comunicado conjunto “la sensibilidad mostrada” en el Palacio Legislativo de San Lázaro para diferir la discusión del dictamen y, por la “trascendencia y complejidad de la temática del agua”, se pronuncian por la organización de un debate con las características referidas. El fin es que la nueva legislación garantice “el cabal cumplimiento del derecho humano al agua, la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable de nuestro país”.
En Jalisco, Puebla, Oaxaca, Morelos, Michoacán y varios estados de la República las organizaciones civiles no descansan. Han organizado foros públicos, cuyos resultados serán puestos a consideración de los legisladores. Una postura que tiene mucho que ver con lo que pasa en Guanajuato la expusieron ya el IMDEC, el ITESO, los ciudadanos en defensa de Temacapulín y el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco, agrupaciones que rechazaron el proyecto del Ejecutivo federal para la nueva Ley General de Aguas por considerarlo privatizador del recurso hídrico. Señalan que esa propuesta “profundiza y agrava la privatización del agua”, por lo que alertaron que de ser aprobada la iniciativa presidencial se facilitará “la imposición de trasvases como el acueducto El Zapotillo-León”.
Así pues, la materia detrás de la declarada apertura de los diputados está en plena ebullición en las discusiones que se llevan a cabo desde la sociedad civil. De modo que ahora que regresen a laborar, los diputados se encontrarán con el exhorto de los rectores de la UNAM, UdeG y UAM, además de un activismo social que luce decidido a luchar por garantizar el acceso al agua como derecho humano.
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