Redacción / SomosMass99
Oaxaca, Oax. / Jueves 9 de abril de 2015
Contra el dictamen del Ejecutivo federal para la nueva Ley General de Aguas, la construcción de la presa El Zapotillo, del acueducto que llevará agua a León, Guanajuato, y de los proyectos de infraestructura hidráulica en todo el país, más de una docena de organizaciones sociales presentaron en esta ciudad la campaña nacional Conagua negocia con el Agua.
- Las organizaciones sociales se pronunciaron contra el dictamen del Ejecutivo federal para la nueva Ley General de Aguas y la construcción de la presa El Zapotillo.
Al mismo tiempo en que en la Ciudad de México presentaba su renuncia David Korenfeld a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los activistas participaron en la Segunda Jornada por los Pueblos, el Agua y la Vida –que se lleva a cabo este 9 y 10 de abril- e invitaron a ciudadanos, movimientos y otras organizaciones sociales a sumarse al esfuerzo que busca articular voces de pueblos y comunidades de todo el territorio nacional para denunciar “la política extractivista, autoritaria y privatizadora del agua en México, promovida por la Conagua en contubernio con la iniciativa privada”.
El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) con sede en Guadalajara, Jalisco, dijo en un comunicado que través de la campaña se denunciará “el mapa del negocio promovido por la Conagua en contubernio con las empresas españolas FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) y Abengoa”, que construyen, por ejemplo, la presa El Zapotillo y el acueducto que llevará agua de ese embalse hasta la ciudad de León, Guanajuato.
En este contexto, La organización oaxaqueña Servicios para una Educación Alternativa (Educa) explicó al sumarse a la iniciativa que la campaña nacional Conagua negocia con el Agua documenta la corrupción de las autoridades del agua en México. “Un ejemplo reciente que muestra el abuso de poder y la violación al Estado de derecho con que actúan los funcionarios del agua es el cometido por el director nacional de Conagua, David Korenfeld, al usar indebidamente un helicóptero de la dependencia para su servicio personal y familiar”. De tal cuenta, la campaña permitirá visibilizar a “los capitales nacionales y transnacionales que promueven los proyectos hidráulicos en México”, la “búsqueda por parte de Conagua y de las empresas privadas por apropiarse y despojarnos de nuestros bienes naturales”, lo que queda “completamente” evidenciado en la iniciativa de Ley General de Aguas elaborada por el Ejecutivo federal a través de la Conagua.
La ley y las pretensiones
Los participantes en esta reunión de defensores del derecho al agua se adhirieron a un documento en el que explican que de aprobarse la iniciativa presidencial para la nueva Ley General de Aguas -elaborada por Conagua y aprobada en comisiones a principios de marzo por las bancadas del PRI, PAN y PVEM en la Cámara de Diputados federal-, “se profundizaría y agravaría la privatización del agua en México, proceso que se viene impulsando desde 1994 a través de la Ley Nacional del Agua, cuando dejó de ser un bien natural y social fundamental para la vida, para convertirse en una mercancía. Queda claro que esta ley busca favorecer sólo a las empresas nacionales y trasnacionales vinculadas al poder político, en detrimento de los derechos más básicos y el bienestar del pueblo mexicano”.
Exigieron “la cancelación inmediata” de los proyectos El Zapotillo y el acueducto El Zapotillo-León, en Jalisco y Guanajuato; los denominados Aprovechamiento Hidroeléctrico de Usos Múltiples Paso de la Reina y Presa Paso Ancho, en Oaxaca; el Acueducto Independencia en Sonora; el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México; el Proyecto Integral Morelos, en Puebla, Morelos y Tlaxcala; y el Acueducto Monterrey VI.
- Hubo pronunciamientos de apoyo a los defensores y defensoras del agua de La Parota y la Tribu Yaqui que sufren criminalización.
A la vez, expresaron su solidaridad con los defensores y defensoras del agua y de los territorios “que sufren criminalización y represión por parte del Estado y la iniciativa privada”, y demandaron la liberación inmediata de los activistas Marco Antonio Suástegui, Emilio Solís, Julio Ventura y María de la Cruz Dorantes, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP); de Mario Luna y Fernando Jiménez, integrantes de la Tribu Yaqui y la cancelación de las órdenes de aprehensión contra otros miembros del movimiento sonorense.
Finalmente, de denunciaron “enérgicamente el asesinato del compañero Atilano Román, líder comunero de las y los afectados por la presa Picachos, el pasado 11 de octubre de 2014 en Mazatlán, Sinaloa.”
Entre los firmantes se cuenta al Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; la Tribu Yaqui; el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala; el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco; Afectados/as por el Acueducto Monterrey VI; El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER); la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua (COMDA); la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDTT); el Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); el Colectivo de Abogad@s; Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); y Servicios para una Educación Alternativa (Educa).
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