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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
Ayer por la noche concluyó la visita a Estados Unidos de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Con andar acompasado, durante un mes recorrieron 40 ciudades de ese país para relatar a activistas, ciudadanos en general, principalmente latinos, y a funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU la tragedia de hace siete meses y su infructuosa búsqueda de justicia en México.
Las historias contadas por los padres y madres, dolidos e indignados por el desconocido destino que han tenido sus hijos, son el sello de injusticia que marca el primer tercio del gobierno federal, cuya voluntad para esclarecer los hechos ha sido puesta en entredicho por organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos, medios de comunicación mexicanos y extranjeros, y de miles de ciudadanos que mes con mes salen a las calles a protestar por la impunidad que impera en este caso y que en general lacera al país entero.
Contrarios a la posición que prácticamente ha asumido el gobierno de la República, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU el caso no está cerrado. Y no lo está porque un caso de tal gravedad no se puede cerrar hasta que no se conozca toda la verdad, hasta que los responsables reales sean juzgados y castigados, y reparados los daños causados a las víctimas.
Mientras eso no suceda, la desaparición forzada de los 43 normalistas no dejará de poner en evidencia al Estado mexicano, a su sistema de justicia y la disposición política de sus principales funcionarios. Por este caso y otros tantos que han hecho estallar la crisis de derechos humanos en el país, los ciudadanos ya no dejarán de protestar. Les asiste ese derecho.
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