SOMOSMASS99
NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
Los tres agresores de Karla Janeth Silva Guerrero están libres. Luis Gerardo Hernández Valdenegro pagó en enero mil 466 pesos de multa. Ayer Joaquín Garnica y Samuel Órnelas, dos mil 550. Esa fue la determinación del juez de control José Luis Argüello Uribe. Al primero lo condenó a dos años y cinco meses en libertad condicional, bajo supervisión de las autoridades, y a no cometer más delitos, evitar las drogas o el alcohol y a no molestar a la periodista ni a la asistente de la corresponsalía en Silao de El Heraldo de León, Adriana Elizabeth Palacios. Y a los otros dos, a tres años y 11 meses de trabajos en beneficio de la comunidad en jornadas que no pasen de tres horas diarias.
Esa es la justicia en Guanajuato. Así se juzga el atentado contra una comunicadora por hacer su trabajo, por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Ataque que le ocasionó lesiones que pusieron en peligro su vida. Agresión que, de acuerdo a la declaración de los golpeadores, les fue ordenada a cambio de un pago por dos autoridades municipales: Enrique Benjamín Solís Arzola y Nicasio Aguirre Guerrero. Este último era director de Seguridad Pública Municipal y hoy se encuentra prófugo. El alcalde, en cambio, sigue en sus oficinas como si nada hubiera ocurrido, sin haberle hecho el mínimo caso a los tímidos citatorios del procurador General de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, para responder a los señalamientos que se le hacen.
Es innegable la relevancia legal y política de la agresión a la periodista, que lo es también en lo social porque se trata de un atentado contra el derecho de los guanajuatenses a ser informados. Eso no solo hace singular este caso, sino que amerita todavía ser juzgado de acuerdo al tamaño de su enorme trascendencia, con la repulsa por la utilización de la violencia para acallar las voces críticas y la obligación de hacer, precisamente, justicia.
Como no se ve que tenga voluntad para acudir por su propio pie, Solís Arzola debe ser sentado en el banquillo y obligado a declarar. No basta con las dizque recomendaciones del procurador de Derechos Humanos de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera. Ni con las simulaciones de citatorios de la PGJE. El alcalde es el más importante funcionario del gobierno municipal, el primero al que no le gustaban las informaciones de Karla Silva, el que ha sido señalado en público y cara a cara de exigir a medios de comunicación el retiro de periodistas críticos. Es, en resumen, el personaje con más motivos para tratar de deshacerse de la periodista y sobre el que pesan todas las sospechas.
Comparte en Facebook
Twittéalo
