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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
Según dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al PVEM se le debe penalizar por beneficiarse indebidamente con los promocionales de los informes de labores de sus legisladores transmitidos en un lapso de seis meses seguidos, de septiembre de 2014 a febrero del año que corre. De acuerdo a la resolución aprobada ayer por la Comisión de Fiscalización del INE, el castigo a aplicar es de una multa por 329.2 millones de pesos, más del monto al que ascienden sus prerrogativas anuales. Es la nueva sanción que se pide contra una organización política acostumbrada a violar la ley, pero respecto de una irregularidad que ha sido juzgada de distintas maneras y que ha aumentado en su penalidad conforme se multiplican las voces ciudadanas que exigen que se le retire el registro.
¿Los aliados de este partido buscarán defenderlo? Ya se sabe que el PRI quiere al PVEM para asegurarse la mayoría en la Cámara de Diputados federal. ¿Habrá alguien que quiera protegerlo en el Consejo General del INE? ¿Todavía habrá quien por convicción busque, como dicen los verdes, que no les corten las alas? El miércoles lo veremos cuando el asunto sea discutido en sesión del pleno del consejo.
A los dueños y empleados de la franquicia nada de esto les incomoda. Anunciaron hace ya unas semanas que pedirán un préstamo bancario para poder solventar las millonarias multas que se le han impuesto. Con ello amenazan a los ciudadanos, aprovechándose de que todo ese dineral no saldrá de sus bolsillos.
Sucede que la engañifa de transmitir spots de campaña camuflados de informes legislativos no ha resultado como lo esperaban, quizá confiados en que como en otras ocasiones contarían con la colaboración de las autoridades electorales. La segunda semana de marzo, la Sala Regional Especializada del TEPJF los condenó a dejar de promocionarse en televisión durante siete días. El día 25 de ese mes, la Sala Superior modificó la resolución y ordenó sancionarlo con 76.1 millones de pesos. Ahora es la Comisión de Fiscalización del INE la que pide 329.2 millones de pesos.
Nada más faltaría que lo que se pretenda sea aplicar un castigo ejemplar y que ahí termine la cosa. En realidad las violaciones a la ley electoral por parte del PVEM han sido reiteradas, sistemáticas y todas graves. Baste tener en cuenta que se empeñó en seguir con la transmisión de sus mensajes en televisión y en cine a pesar de que el TEPJF y el INE le ordenaron retirarlos desde diciembre, tres meses después de que inició su campaña promocional. Hace un mes que las autoridades electorales empezaron a hacer gala de firmeza, precisamente el tiempo en que las protestas ciudadanas subieron de intensidad y a exigieron que se le cancele el registro. La petición a través del sitio change.org ya roza las 150 mil firmas.
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