Telesur / Redacción SomosMass99
Perú / Domingo 17 de mayo de 2015
- Grupo México no acaba de resolver sus problemas; mientras en Perú ponen en cuarentena el proyecto Tía María, en España le suspendieron la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.
A Grupo México se le acumulan los problemas. La compañía responsable del «peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos», cuya afectación en 2014 al río Sonora aún no acaba de resolver, enfrenta también el retiro del proyecto Aznalcollar en España luego de que un juez hallara «múltiples irregularidades» en la adjudicación de la mina, además de que otra filial del grupo, la minera Southern Copper, ha anunciado una «pausa» en el desarrollo de su millonario proyecto clave Tía María en Perú debido a la ola de violentas protestas en el sur de ese país por opositores al desarrollo minero.
No es no
Tía María es un proyecto minero de explotación y procesamiento de cobre a cielo abierto, en la provincia de Islay en la región de Arequipa, distrito Cocacharra, al sur de Perú. El proyecto pertenece a la empresa mexicano-estadounidense Southern Copper Corporation (SCC) y tendría una duración de 21 años para extraer unas 10 mil toneladas de cobre diarias utilizando las aguas subterráneas a través de pozos que se ubicarán en el Valle del río Tambo. Desde el primer trimestre del 2009, los pobladores locales han venido denunciando la iniciativa y señalan que éste afectaría la disponibilidad de agua y por tanto limitaría la producción de arroz, caña de azúcar y páprika (pimentón o ají rojo) en el valle del río Tambo. Las primeras protestas causaron enfrentamientos con la Policía que dejaron un saldo de tres muertos y medio centenar de heridos. Lucha social Ante la represión de las autoridades peruanas y el inminente impacto ambiental del proyecto, los campesinos y trabajadores se organizaron en el Frente de Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Cocachacra. En julio del 2009 la SCC presentó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el marco de los procedimientos administrativos del Ministerio de Energía y Minas de Perú. Dicho estudio debía ser presentado en audiencia pública a fines de agosto a la población del distrito de Cocachacra, pero la audiencia fue suspendida por la masiva oposición de los pobladores.
En ese sentido, los gobiernos municipales de los distritos de Cocachacra, Islay-Matarani, Mollendo, Punta de Bombón, Dean Valdivia y Mejía, emitieron la Ordenanza Municipal que convocaba a una consulta, realizada en septiembre de ese año, la cual arrojó que un 97 por ciento de la población se mostró contra del proyecto minero. A pesar de la legitimidad y legalidad de la consulta, las propias autoridades que la convocaron no sólo la desconocieron, sino que convocaron a una audiencia pública para aprobar el EIA elaborado por la empresa y avalado por el gobierno. En abril del 2010, cientos de agricultores y pobladores de la zona tomaron la carretera Panamericana Sur durante 6 días, señalando que el EIA no respondía al cuidado ambiental del valle. El Frente de Defensa de Islay, que agrupa a campesinos, obreros, pobladores, movimientos sociales y medio ambientales, realizó cerca de 3 mil observaciones al EIA. El Gobierno de Perú declaró la intangibilidad de las aguas superficiales y subterráneas del Río Tambo.
La masiva resistencia comunitaria sufrió la arremetida de la empresa y el gobierno central. A finales de marzo del año 2011 se inició un paro indefinido y generalizado de la comunidad, que buscaba el rechazo definitivo de un nuevo EIA del proyecto, lo que dejó tres víctimas fatales. Dada la represión contra los ciudadanos, el Ejecutivo peruano se vio en la obligación de considerar inadmisible el estudio de impacto ambiental.
El proyecto minero Tía María en Perú:
*Infringe el derecho de los ciudadanos a gozar y disponer plenamente de sus recursos naturales.
*Viola el derecho de los pueblos a la autodeterminación.
*Viola el derecho de los pueblos al desarrollo. Vale destacar que las principales actividades económicas de Cocachacra son la agricultura, la ganadería y la transformación de materias primas agrícolas. Por tanto, la contaminación de las aguas subterráneas y los ríos tendría un efecto devastador sobre la vida material de los campesinos y pobladores.
A pesar del rechazo total al proyecto y los muertos ocasionados por la represión policial, el 5 de noviembre de 2013, Southern Perú presentó al Ministerio de Energía y Minas el nuevo EIA de la iniciativa. Para agosto de 2014, el Ejecutivo peruano aprobó el segundo EIA propuesto por la Southern Copper Corporation, luego de supuestamente “subsanarse las observaciones a dicho plan ambiental”. Los representantes de la transnacional minera afirmaron que el agua que utilizarían para operar la mina “sería obtenida del mar” y prometieron la construcción de una planta desalinizadora.
En ese sentido, a través de un comunicado, la SCC declaró en marzo de 2015 que continuará proyecto. Desde la declaración de la compañía minera de continuar el proyecto, resurgieron las protestas de los campesinos y pobladores locales. Diversas autoridades, como el alcalde de la provincia de Islay, Richard Ale Cruz y de los distritos de Deán Valdivia, de Cocachacra y de la Punta de Bombón, se reunieron el 21 de abril con dirigentes de la provincia de Arequipa para ultimar detalles de un paro regional. Los alcaldes ratificaron en ese entonces su posición de no otorgar licencia social al proyecto minero Tía María. La represión estatal no se hizo esperar y al día siguiente -cuando inició el paro- fue asesinado Victoriano Huayna Nina, de 61 años, por impacto de bala en el abdomen. Otras 20 personas resultaron también heridas de bala en enfrentamientos contra efectivos de la Policía Nacional en la provincia de Islay, en Arequipa.
- La empresa tiene en su currículum haber causado uno de los desastres ambientales más graves de México y, además, quiso ocultarlo.
El 5 de mayo, luego de varias reuniones entre los campesinos y el Gobierno de Perú, se produjo otra arremetida contra la población civil. En esta ocasión los choques se suscitaron en la zona de Alto Inclán en Mollendo, donde fueron asesinados Henry Checlla Chura, de 35 años, y Alberto Vázquez Durand, de 51 años, por heridas de bala y golpes, respectivamente. En la primera semana de mayo fueron desplegados dos mil policías en la provincia de Islay, con el fin de “establecer el orden” en dicha demarcación. Desde el reinicio de las protestas el saldo oficial de heridos es de 120. Las autoridades peruanas insisten en que solo se abrirán al diálogo si cesan las actividades de protesta que desarrollan desde hace más de 40 días. La Defensoría del Pueblo de Perú instó a la Policía Nacional y al Ministerio Público a garantizar la vida e integridad física de los pobladores en las protestas que éstos puedan convocar.
El proyecto de cobre al sur de Perú, es uno de los 211 conflictos sociales registrados hasta el mes de marzo por la Defensoría del Pueblo, que por lo general atiende temas socioambientales de actividades extractivas. El paro de los pobladores del valle del Tambo cumplió 52 días este miércoles 13 de mayo.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, hizo un llamado a la calma y advirtió que puede declarar estado de emergencia si las acciones de calle continúan. Pidió a la población retomar el diálogo en torno al proyecto cuprífero Tía María, y se negó a viajar a Arequipa para enfrentar el problema.
“Respeto a la ley”
En un comunicado emitido en México, el Grupo México afirmó que «en las varias décadas en las que la empresa ha invertido responsablemente y trabajado de la mano de la comunidad peruana, en todo momento se ha comportado con la más estricta ética y con absoluto apego a la ley y respeto a las instituciones».
El Grupo México expresó su «compromiso con Perú y con todas las comunidades de este gran país de vocación minera» y aseguró haberse ceñido a la legalidad y las normas internacionales, ante las protestas contra el proyecto minero Tía María.
- De arrancar Tía María, los pobladores de la zonas señalan que afectaría la disponibilidad de agua y por tanto limitaría la producción de arroz, caña de azúcar y páprika (pimentón o ají rojo) en el valle del río Tambo.
La empresa asegura que se invertirán 1.400 millones de dólares en el proyecto Tía María, que producirá 120.000 toneladas de cobre electrolítico por año bajo el método de lixiviación y extracción por solventes, el cual es «mundialmente reconocido como el mejor en minimizar el impacto ambiental».
El grupo mexicano ha decidido frenar el proyecto para despejar dudas de los opositores al plan y para ellos se han dado un plazo de 60 días. «Hemos escuchado al (…) Presidente (Ollanta Humala) y en el espíritu de recobrar el clima de convivencia pacífica que el país requiere, le solicitamos el tiempo y las facilidades necesarias para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes en los próximos 60 días», dijo el presidente de Southern Copper, Oscar González.
Con información de www.teleSURtv.net y www.economiahoy.mx
Comparte en Facebook
Twittéalo
