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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
A ocho meses de la noche de Iguala nada ha cambiado: la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue en la impunidad y sus familiares continúan en su búsqueda. El clamor de justicia no se apaga, aunque con menos voces que las de hace medio año, sigue extendiéndose en distintos puntos de la geografía nacional y en el extranjero.
Hace casi dos semanas Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, descartó la posibilidad de que los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala fueran entrevistados directamente por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes consideraron que realizar ese interrogatorio resultaba “clave” en las investigaciones que realizan para esclarecer lo sucedido la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. El subsecretario de Derechos Humanos de esa dependencia, Roberto Campa, coincidió con Osorio Chong con la afirmación de que no hay, “ni en el marco legal ni en la jurisprudencia, sustento para estas diligencias”.
El Estado mexicano ha decidido encerrarse y bloquear los caminos para evitar que la CIDH llegue a la conclusión de que se trata de un caso de desaparición forzada. Postura que no hizo más que alentar la sospecha de que lo que se busca es ocultar la verdad y de que, efectivamente, integrantes del Ejército estuvieron involucrados en los hechos.
Lo palpable es que en México se violan flagrantemente los derechos humanos y que, en este caso en concreto, la impunidad reina mientras la justicia se esconde. Los familiares de los 43 normalistas no dejarán de buscarlos, su incansable lucha sigue.
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