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Prensa Latina
Lima, Perú / Miércoles 27 de mayo de 2015
- Militariza el gobierno peruano siete regiones que protestan por proyecto de Grupo México.
Al menos tres ciudades paralizadas, el cierre del tránsito a Bolivia, marchas y disturbios en distintos espacios marcaron hoy el rostro de la primera jornada de un paro de 48 horas convocado en ocho regiones peruanas.
Los reportes de la paralización, indican que en las ciudades de Puno y Juliaca, en la región Puno, y Tacna, en el extremo sur de la costa peruana, se interrumpieron el transporte, comercio, clases escolares y otras actividades.
En la región puneña, también se paralizó el transporte interprovincial y activistas de la protesta bloquearon las carreteras, cerrando el tránsito terrestre a otras regiones y a Bolivia, quedando solo el aeropuerto regional, ubicado en Juliaca, como vía de salida e ingreso.
En la región sureña de Arequipa la policía despejó un bloqueo de manifestantes de un puente de acceso de la carretera que lleva a Puno y miles de policías tomaron virtualmente puntos importantes de la ciudad del mismo nombre.
- Apurímac, Ayacucho, Cuzco, Moquegua, Puno, Tacna, y en Cajamarca, son las ciudades vigiladas por los soldados.
La protesta en las ocho regiones fue convocada en solidaridad con la huelga que desde el 23 de marzo mantiene la población arequipeña del valle del Tambo contra el proyecto minero Tía María, de la transnacional Grupo México.
En Cocachacra una manifestación desafió el estado de emergencia que se mantiene desde el sábado último bajo control policial y militar, y fue dispersada con gases lacrimógenos.
En Tacna la paralización tuvo alta efectividad y en la región surandina de Cusco se interrumpió el servicio de autobuses a las regiones de Puno y Arequipa, mientras en Ayacucho la policía impidió el bloqueo de la carretera que comunica con la costa e hizo siete detenciones.
También se reportaron marchas de apoyo al valle del Tambo en las regiones de Cusco, Arequipa y Cajamarca, según los reportes radiales de la zona.
- La intervención policial se mantendrá hasta el próximo 24 de junio para asegurar el orden.
El gobierno ordenó el martes el despliegue de las fuerzas armadas en siete de las regiones involucradas en la protesta y el presidente peruano llamó a evitar la violencia y afirmó que el gobierno mantendrá el orden.
De acuerdo a lo informado por Contrainjerencia, una resolución publicada en el diario oficial El Peruano indicó que los militares intervendrán en esas regiones hasta el próximo 24 de junio en apoyo a las tareas de la Policía Nacional y “con el fin de asegurar el control y mantenimiento del orden interno y evitar actos de violencia”.
Dirigentes regionales anunciaron la medida el pasado 15 de mayo, después de analizar el anuncio de la Southern de que iba a hacer una “pausa” de dos meses en la implementación del proyecto Tía María para conversar con sus opositores.
La Southern intentó, de esa manera, frenar las protestas en la provincia sureña de Islay contra el proyecto, que en más de dos meses de huelga ha dejado cuatro muertos y más de doscientos heridos, por lo que el fin de semana pasado el Gobierno decretó el estado de emergencia (excepción) en la zona.
El anuncio de la filial del Grupo México se produjo después de que el presidente de Perú, Ollanta Humala, les pidiera ejecutar acciones para generar entendimiento con la población de Islay, en huelga contra el proyecto, que consideran que contaminará con polvo ácido sus cultivos y el agua del río Tambo.
El Ejecutivo precisó en su resolución de hoy que la actuación de las fuerzas armadas solo será en apoyo a la Policía Nacional “y no releva la activa participación de esta”, que mantendrá el control del orden interno.
Los militares se dedicarán a “garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales”, así como la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el funcionamiento de los servicios públicos y a resguardar puntos críticos para el desarrollo de las actividades de las zonas implicadas en la protesta.
Su intervención, añadió, no implica “en modo alguno” la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que Perú es parte.
La resolución dijo que la intervención se efectuará conforme a lo dispuesto en el decreto que establece las Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.
La resolución fue firmada por el presidente de Perú, Ollanta Humala, y por los ministros de Defensa, Jakke Valakivi, y del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.
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