Redacción SomosMass99
Guanajuato, Gto. / Jueves 11 de junio de 2015
Alrededor de 2 mil maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), padres de los 43 estudiantes desaparecidos y alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa marcharon en Chilpancingo para exigir castigo a los responsables del asesinato del maestro Antonio Vivar Díaz, ocurrido el domingo pasado EN Tlapa de Comonfort.
Los contingentes realizaron una protesta en el Palacio de Gobierno, posteriormente tomaron la Autopista del Sol México-Acapulco y luego se dirigieron a la sede de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en donde realizarán una protesta.
Cabe recordar que el maestro murió luego de un operativo implementado por policías federales en Ayutla, para rescatar a tres de sus compañeros que se encontraban retenidos, luego de las acciones que derivaron en la detención de 7 maestros e integrantes del Movimiento Popular Guerrerense, a quienes se les decomisaron bombas molotov.
Promueven acción urgente
En tanto el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha iniciado una campaña para promover una acción urgente por las víctimas del ataque en Tlapa.
El documento señala que frente a la violencia generada por el actuar de las fuerzas de seguridad pública estatales y federales en Tlapa de Comonfort, Guerrero, antes y durante la jornada electoral del pasado 7 de junio de 2015, invitan firmar esta acción urgente en línea para exigir al gobierno estatal y federal:
Garantizar la integridad de la población de Tlapa y de las personas detenidas por la Policía Federal en las instalaciones de la CETEG.
Llevar a cabo una investigación independiente, expedita y eficiente de todos los hechos ocurridos el día 7 de junio, con especial atención a la ejecución del joven Antonio Vivar Díaz; así como procesar a las autoridades responsables de la misma.
Iniciar los procesos administrativos y judiciales contra autoridades Estatales y Federales que faltaron a su deber de prevenir razonablemente estas graves violaciones a los derechos humanos.
Garantizar la atención integral, médica y psicológica, de las personas lesionadas.
Establecer la verdad y reparar integralmente los daños a las víctimas y sus familiares.

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