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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
Ayer el gobernador Miguel Márquez sólo aceptó dar una pista sobre el asesinato del alcalde electo de Jerécuaro, Rogelio Sánchez Galán. “No, no, yo creo que esa no es la línea de investigación”, dijo para descartar prácticamente que la muerte del militante del PVEM tuviera tintes políticos. Así, las secuelas inmediatas del crimen dejaron en el ánimo no la duda ni la suspicacia, sino prácticamente la certeza de que en la delincuencia organizada estaba detrás del atentado.
No fue necesario elucubrar nada. De acuerdo con algunos medios en el estado, pocas horas más tarde el procurador general de Justicia, Carlos Zamarripa, empezó a soltar datos: participaron más de tres personas en el ataque, se transportaron en varios vehículos y utilizaron armas de grueso calibre.
De ser cierto todo eso, estaríamos ante la evidencia de que el crimen organizado ha decidido intervenir de forma contundente en la política estatal. Está de más que su motivo haya sido el secuestro, la extorsión o el simple robo. Actuó contra un político postulado por el PVEM y convertido en alcalde electo por una mayoría de votos indiscutible. Y eso no le importó.
El clima social y político resultante, si se confirma esa versión, no será muy distinto al que había antes del asesinato. Pero reiteraría que la acción delincuencial se ha intensificado de pronto y quién sabe por qué razones, como ha sucedido en otros lugares, en momentos distintos y con víctimas diferentes. Frente a la consternación de los guanajuatenses que centran ahora su mirada en Jerécuaro, pero que no dejan de voltear hacia puntos no tan distantes donde pudiese ocurrir lo mismo.
No es la primera vez que criminales atacan a políticos. El 7 de mayo de 2012, Luis Enrique Torres León, entonces candidato a regidor del PVEM en Cortazar, fue secuestrado. Durante las campañas de ese año se filtraban versiones sobre amenazas a otros políticos, incluso que a algunos “se los llevaron a pasear”. Sucedió lo mismo durante el proceso electoral que concluyó el 7 de junio pasado, lo que llevó a la Secretaría de Gobierno a dotar de escoltas a algunos candidatos. La escalada criminal sigue ahí, con unas autoridades estatales cada vez más rebasadas.
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