Redacción SomosMass99
Guanajuato, Gto. / Miércoles 12 de agosto de 2015
En medio de una profunda crisis de derechos humanos en México, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), instituciones y expertos independientes firmantes hicieron un enérgico llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto a que retome los estándares internacionales y los aportes de expertos y expertas para que la reforma a Ley General de la Tortura, implique una auténtica transformación y no se traduzca en cambios cosméticos.
En el pronunciamiento las organizaciones señalan que el 10 de julio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73 que faculta al Congreso a expedir leyes generales en diversas materias, entre ellas tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. A través de ésta, se sientan las bases para la creación de una Ley General en la materia que deberá expedirse dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la mencionada reforma.
- Preocupa a OSC que el Gobierno Federal guarde silencio sobre los avances en la elaboración del proyecto de Ley General contra la Tortura.
Esta reforma se da en medio de una profunda crisis de derechos humanos, donde el Gobierno Federal ha minimizado la gravedad del uso generalizado de la tortura y otros malos tratos; acompañado de la impunidad que existe en la casi totalidad de los casos. La Procuraduría General de la República (PGR) ha informado que de 2006 a 2014 recibió 4,055 denuncias por el delito de tortura, de las cuales los fiscales solamente han decidido abrir investigaciones en 1,884 casos, de éstas tan solo 11 casos han existido consignación. Al momento, solamente se tiene registro de 5 sentencias firmes en todo el país por el delito de tortura, según fuentes oficiales.
- Nadie puede quedar impune por cometer estos abusos en México.
Es fundamental asegurar que nadie quede impune por cometer estos abusos en México. De lo contrario, es difícil dar credibilidad a las muestras de voluntad de las autoridades, pues la efectividad del gobierno para abordar la problemática está en su capacidad de mostrar resultados.
El establecimiento de salvaguardas frente a la tortura y malos tratos en la legislación es una responsabilidad fundamental del Estado y debe asumirse como una política que comprometa la acción integral de éste. En esa medida, no debe depender de las contingencias políticas inmediatas y debe tener objetivos claros y verificables a corto, mediano y largo plazo.
Entre los firmantes se encuentran Amnistía Internacional México, el Centro de Derechos Humanos ‘Miguel Agustín Pro Juárez’, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, el Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), entre otros.
Comparte en Facebook
Twittéalo
