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©Gaudencio Rodríguez Juárez*
Cuando un niño (la palabra se refiere también a la niña) es abandonado, o cuando las autoridades como el DIF o Ministerio Público lo desvinculan de sus padres para iniciar una investigación por el maltrato denunciado, se abre un nuevo capítulo en la vida de ese niño.
Al rescatarlo generalmente es llevado a una institución residencial. Pero ahí no termina la intervención —o no debería terminar—. Ahí inicia. Es en ese momento cuando se debe comenzar la elaboración de un proyecto de vida que le proporcione bienestar.
Dicho proyecto se ha de plantear después de hacer una vasta investigación psico-social, familiar y jurídica, y siempre ha de mantener como prioridad permitir al niño criarse en su propia familia nuclear o reinsertarlo en su familia ampliada o extensa.
Pero cuando esto no es posible debido a que no existe alguien que pueda hacerse cargo del niño o porque su vida corre peligro con esos padres debido a los altos niveles de violencia, es momento de decisiones contundentes en el interés superior del niño.
La experiencia en la atención a víctimas infantiles me permite constatar que la mayoría de los padres no maltratan a sus hijos por una cuestión de maldad o dolo (lo cual no les quita responsabilidad moral, penal y civil) sino que suele obedecer a otras razones; las principales tienen que ver con la falta de habilidades para la crianza y malas condiciones para ejercerla: pobreza, desempleo, bajas salarios, que llevan a aumentos de estrés.
Estos padres podrían mejorar si lograran reconocer el daño generado y asumir las consecuencias de sus actos. En este caso existe un buen pronóstico ante una intervención que tenga como finalidad rehabilitar las habilidades parentales (incluye mejorar sus condiciones ambientales y contextuales) para posteriormente reintegrarles a sus hijos.
Sin embargo, existen otros padres/madres que tendrán un mal pronóstico y a los que, de hecho, no habría que reintegrárselos, sino pensar en alternativas más contundentes de protección, tipo la pérdida de la patria potestad.
Me refiero a los padres que Kempe describió hace ya algunas décadas: padres crueles que pueden torturar a sus hijos lenta y repetidamente; los psicóticos, los sociópatas agresivos; padres cuya adicción al alcohol y drogas les hacen incapaces de dar atención mínima a sus hijos lactantes; familias en las que los padres carecen de habilidades mentales mínimas o padres sencillamente demasiado jóvenes para atender y criar a los niños, siempre y cuando no existan en el seno de la familia otras personas que puedan encargarse del niño.
También tienen mal pronóstico las familias en las que otros niños han sido ya gravemente lesionados y en las que pueden haberse dado una o más muertes no aclaradas. Padres que al cabo de seis o nueve meses de tratamiento, no muestran mejoría alguna o tan sólo muy escasa o aquellos que son incapaces de aceptar cualquier clase de ayuda dentro del período razonable de seis meses a un año, que insisten inconmoviblemente en su derecho de tratar a sus hijos como les parezca, o bien, que prosiguen en estilo de vida tan caótico y carente de relaciones fijas que tienen poco que ofrecer a los niños.
Estos son los casos donde después de promover la pérdida de patria potestad, habrá que reinstalar el derecho a vivir en familia, evitándoles vivir de manera excesiva en las casa hogar, lo cual puede ser una medida necesaria y urgente ante el maltrato pero no debe ser permanente si existen otras alternativas familiares como la adopción, la tutela, el acogimiento familiar, etcétera.
El derecho de niños y niñas es a vivir en una familia no en una institución. Los derechos hoy son ley, es decir, deben garantizarse a plenitud.
*Psicólogo / [email protected]
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