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Edgar Cortez
Martes 18 de agosto de 2015
Actualmente en el país existen numerosas expresiones de inconformidad ciudadana, son personas y/o grupos que se oponen a decisiones gubernamentales autoritarias y muchas veces ilegales, que afectaran sus vidas, su hábitat o los recursos naturales esenciales para su subsistencia. Muchas de estas expresiones son acalladas mediante la criminalización de la protesta social. ¿En qué consiste esta práctica?
La criminalización de la protesta social es un proceso político, jurídico, mediático y social en el que el Estado emplea acciones represivas y utiliza la legislación penal en contra de los actores sociales para darles un trato de delincuentes. En otras palabras, el poder punitivo del Estado es usado para avasallar el conflicto social.
Presentemos algunos ejemplos de cuan vigente está la criminalización de la protesta social. Marco Antonio Suástegui es un defensor de derechos humanos e integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (CECOP) quienes han mantenido una oposición durante años a la construcción de la presa La Parota, planeada para inundar tierras y comunidades campesinas en razón de dotar de agua potable a la ciudad de Acapulco.
Este defensor fue acusado de robo, detenido en junio de 2014 y encarcelado en un penal ubicado en Tepic, Nayarit. La defensa jurídica ha tenido que resolver el traslado de Suástegui a un penal de Guerrero además de garantizar su derecho a la defensa adecuada frente a la acusación.
Otro ejemplo es el de Nestora Salgado. Ella es una defensora comunitaria y dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Guerrero, detenida ilegal y arbitrariamente el 21 de agosto de 2013. Durante un par de años ha tenido que enfrentar diversas acusaciones tanto locales como federales y a la fecha sigue privada de su libertad en un penal de Nayarit.
Otro ejemplo extremo es lo que sucede en Puebla, donde actualmente 134 ciudadanas y ciudadanos están en la cárcel o sujetos a proceso por acusaciones presumiblemente originadas por su práctica de oposición al régimen cuasi monárquico del gobernante panista.
La criminalización tiene múltiples manifestaciones pues se expresa en acusaciones de delitos comunes en contra de las personas defensoras de derechos humanos, tipificando nuevos delitos pensados para ser aplicados a los activistas ciudadanos, desprestigiándolos cuestionado públicamente su trabajo por funcionarios y/o empresario. En el caso de mujeres defensoras haciendo públicos asuntos de su vida estrictamente privada.
En síntesis se puede decir que la criminalización busca anular o, al menos, restringir el ejercicio de algunos derechos, particularmente el derecho a la protesta.
@edgarcortezm
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