SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Martes 25 de agosto de 2015
Virgilio Andrade, Secretario de la Función Pública, el viernes pasado informó de la no existencia de conflicto de intereses por parte del Presidente de la República, su esposa y su secretario de hacienda en la compra de tres diferentes inmuebles. El anuncio fue totalmente anticlimático pues desde mucho antes la sociedad estaba segura que esa sería exactamente la conclusión. ¿Por qué resultaba imposible pensar en un resultado diferente?
Durante la campaña electoral, en 2012, Enrique Peña Nieto prometió la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción. Una vez electo, en noviembre del mismo año mandó a través de sus dos partidos, PRI y Partido Verde, una iniciativa para desaparecer la Secretaría de la Función Pública y crear la mencionada Comisión. La iniciativa no fue aprobada y el tema entró en un largo impasse.
En noviembre de 2014, el escándalo de la casa blanca de Peña Nieto, resultado del trabajo de investigación de la periodista Carmen Aristegui, puso de manifiesto que ser parte de la familia presidencial permitía obtener dividendos como una casa de siete millones de dólares de una de las empresas más favorecidas por el presidente desde tiempos en que gobernaba el estado de México.
Apenas un mes después aflora otro escándalo de corrupción. El Secretario de Hacienda Luis Videgaray, fue señalado por comprar una propiedad al mismo empresario de la casa blanca, Juan Amando Hinojosa, en Malinalco, estado de México, en condiciones sumamente ventajosas.
En enero el escándalo de corrupción alcanza directamente al Presidente Peña Nieto, pues se le acusa de haber comprado una casa en Ixtapan de la Sal a un empresario que luego fue beneficiado con contratos millonarios.
En sólo tres meses igual número de acusaciones de corrupción alcanzan al círculo familiar, a uno de los incondicionales de Peña Nieto y hasta el mismo Presidente. Será esta avalancha de acusaciones la que obligue al titular del Ejecutivo a tener que ofrecer una respuesta y no la iniciativa propia.
La respuesta llegó en febrero de este año y consistió en nombrar a Virgilio Andrade como Secretario de la Función Pública, ordenándole realizar la investigación para determinar la existencia de conflictos de intereses en los tres asuntos antes referidos.
Desde el mismo momento del nombramiento y de la orden de investigar, la sociedad sabía cuál sería la conclusión. La inexistencia de autonomía de la Secretaría de la Función Pública y del personaje nombrado, la marcada incapacidad para investigar, así como la manifiesta falta de voluntad para combatir la corrupción, eran el marco para un final que estaba escrito desde el primer momento.
A nadie sorprendió el resultado pues el capitalismo de cuates que domina en el país está cimentado sobre la garantía de plena impunidad.
@edgarcortezm
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