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©Gaudencio Rodríguez Juárez
La variabilidad de criterios para definir el maltrato hacia los niños y niñas, sumado a la dificultad para detectarlo y a la falta de sistemas de reunión de datos, hace difícil la generación de estadísticas e indicadores confiables.
En México al igual que en muchos otros países, las cifras oficiales de casos de maltrato hacia este sector de la población pueden no ser un reflejo fiel de lo que ocurre en la sociedad. De hecho, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en sus recomendaciones a nuestro país en el 2006 le preocupaba la “falta de datos actualizados y desglosados sobre el número y la situación geográfica de los […] casos de violencia y abuso de niños, los niños víctimas de explotación comercial y sexual, los niños víctimas de trata, los niños privados de libertad, […]».
Las organizaciones de la sociedad civil que a diario atienden el problema, tienen la impresión de que la violencia hacia los niños y niñas va a la alza. Por su parte, las instituciones públicas tienden a afirmar que lo que está en aumento es la denuncia.
Expertas y expertos en el tema concluyen lo que parece ser más acercado a la realidad: se denuncia más y además aumentó y aumentará en los Estados que no protegen las garantías individuales, en los Estados donde las leyes no sean para todas y todos.
La especialista Eva Giberti señala que estamos frente a la tendencia que conduce a encubrir la gravedad de lo que sucede, neutralizándolo mediante la generalización: “el maltrato infantil siempre ocurrió”, la cual es una frase consagrada por el imaginario social que omite la responsabilidad social aquí y ahora. “Si revisamos la historia de la niñez y la historia de las civilizaciones ―continúa Giberti―, encontraremos, detallada, la enunciación de las ferocidades cometidas contra niños y contra niñas, lo cual no autoriza a aliviarse ni a desentenderse de los padecimientos actuales de nuestras niñas y niños. No hay razón alguna para tranquilizarse, por el contrario, es preciso registrar que determinados adultos pueden ser —y eligen ser— peligrosos para cualquiera de ellos”.
Mientras que Ana María Fernández advierte que “la existencia de ancianos maltratados por sus hijos, niños maltratados por sus padres, mujeres golpeadas, da cuenta de hasta donde se ha perdido la idea de ciudadanía, la honorabilidad”.
Urge pues, que las instituciones cumplan la función para la que fueron creadas, para que la gente no quede librada a su suerte y lo que prime no sea la ley del más fuerte.
Un sólo caso debería ser motivo de preocupación y ocupación. Un sólo caso debería llevarnos a tomar medidas de protección integral, a afinar las leyes, a promover la adquisición de habilidades para la crianza, etcétera. Más allá de la polémica, de lo que se trata es de responsabilizarnos por las niñas y niños de nuestra sociedad.
Psicólogo / [email protected]
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