Redacción SomosMass99
Guanajuato, Gto. / Lunes 23 de noviembre de 2015
Organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación porque el proceso de designación en curso de dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de transparencia y de garantías de que los designados serán independientes.
Recomiendan establecer en la ley un procedimiento claro y transparente, donde se garantice la participación de la sociedad en general. Y advierten que luego del acuerdo de la Mesa Directiva del Senado, publicado el viernes 20 de noviembre, se confirma que es posible imponer un proceso menos exigente y más expedito que el previsto en un acuerdo anterior de la Comisión de Justicia de la Cámara alta.
- Una decena de organizaciones se pronunciaron por el derecho acontar con jueces imparciales en el más alto tribunal del país.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado democrático de derecho explicó que “una democracia exige proteger principios fundamentales entre los que se encuentra la división de poderes”. “Esto implica un poder judicial independiente, imparcial y autónomo. Si no se logra que los mejores y más independientes abogados lleguen a la Corte, se pierde la esencia de la democracia: la independencia judicial”.
Por su parte Artículo 19, Borde Jurídico, el Centro Prodh, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Designaciones Públicas, la Fundación Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundar, Gire, el Instituto de Justicia Procesal Penal, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y México Evalúa, recordaron que el procedimiento comienza con la elección de ternas por parte del Presidente de la República, sin embargo, esta elección suele recaer entre personas cercanas a él y a sus consejeros jurídicos.
Para la elección en curso de dos nuevos ministros, señalan que el Ejecutivo Federal envió al Senado, el 13 de noviembre pasado, dos listas con tres nombres de juristas aspirantes a convertirse en ministros del tribunal de más alto rango en el país, pero de acuerdo con las organizaciones, al abstenerse de justificar sus propuestas, el Presidente mostró que la elección de aspirantes carece de criterios objetivos y preestablecidos.
Asimismo advierten que ya que los senadores están a cargo de la segunda parte del proceso, en la que hacen comparecer a los candidatos y votan entre ellos, cada vez que se presenta una vacante en la Suprema Corte, los legisladores establecen el procedimiento y los tiempos que van a utilizar para llevar a cabo estas tareas, a partir de acuerdos parlamentarios que se crean y modifican sin restricción alguna. Así sucedió la semana pasada, agregaron, cuando la Mesa Directiva del Senado aprobó un acuerdo para la designación de ministros que modificó tan sólo un día después, adelantando con ello la comparecencia de aspirantes para el 24 de noviembre en lugar de que ésta se lleve a cabo a principios de diciembre, como estaba originalmente previsto.
Las organizaciones destacan que los procedimientos para la evaluación de aspirantes que adoptó la Comisión de Justicia del Senado representan un avance, no obstante la actuación de la Mesa Directiva de la Cámara alta el pasado jueves pone en evidencia la fragilidad de los avances ya que la Mesa puede llegar a imponer un proceso menos exigente y más expedito.
- El Senado está obligado a realizar una elección no de ‘los menos malos’, sino de ministros con un perfil y experiencia probados.
“Las comparecencias ante la Comisión de Justicia es lo que más debemos proteger”, subrayó Iván García Gárate, Profesor de derecho e investigador asociado de Borde Jurídico. “Cualquier acuerdo de la Mesa Directiva para restringir la amplitud y profundidad de estas comparecencias es un límite a nuestro derecho a contar con jueces imparciales”.
“Es fundamental que el proceso estable y transparente para que proporcione certeza a la sociedad en cuyo interés se da el nombramiento”, expresó por su parte Ana Dulce Aguilar, Directora de Proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal. “La emisión de múltiples acuerdos por parte de la Mesa Directiva deja en entredicho el cumplimiento de esta obligación democrática pues arroja dudas sobre el verdadero efecto del procedimiento publicado por acuerdo de la Comisión de Justicia”.
Los ponentes enfatizaron la necesidad de que los senadores sean verdaderos evaluadores y vayan más allá de ratificar a candidatos que se muestran como los candidatos favoritos de la presidencia.
«El Senado está obligado a interpretar los requisitos constitucionales que aplican a la designación de ministros de una forma amplia y conforme a los más altos estándares internacionales, de tal modo que no se limiten a tramitar una elección de ‘los menos malos’, sino que se aseguren de elegir a quienes por su perfil y experiencia previa estarán exentos de incurrir en impedimentos por conflicto de interés, falta de compromiso con una cultura de la legalidad y los derechos humanos o presunción de falta de imparcialidad”, agregó Silvano Cantú, investigador asociado de Artículo 19 México.
La falta de una ley reglamentaria que exija que los aspirantes a ministros sean seleccionados bajo criterios objetivos preestablecidos es la razón de fondo de la incertidumbre del actual proceso, apuntaron las organizaciones.
“Necesitamos que el proceso quede en una ley. Y que este nuevo proceso nos ayude a corregir las deficiencias del actual sistema de designaciones”, estimó Layda Negrete, Coordinadora del proyecto de calidad de justicia de México Evalúa. “Lamentamos también que el presidente haya decidido dejar pasar la oportunidad de mandar dos ternas de mujeres, hay juristas talentosas en todo el país y si éstas no están como aspirantes a ministras en esta ocasión, es porque el Ejecutivo prefirió no ampliar la diversidad en nuestro más alto tribunal”, agregó la investigadora.
Comparte en Facebook
Twittéalo
