SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Martes 5 de enero de 2016
La crisis de derechos humanos instalada en el país requiere de un plan para salir de la misma. Para tal propósito es indispensable enfocar claramente dónde empezar. A continuación señaló algunas de las que considero deben ser prioridades para 2016.
Poner un alto a la impunidad y mostrar que la justicia es factible para los casos de violaciones a derechos humanos. La historia reciente da cuenta de numerosos casos de afectaciones a los derechos humanos: derrumbe en la mina Pasta de Conchos que sepulta a 65 mineros y la negativa por parte de las autoridades para rescatar sus cuerpos (2005); represión en Atenco en contra del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y agresiones sexuales en contra de mujeres (2006); incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora donde fallecieron 49 niñas y niños (2009); asesinato de Juan Francisco Sicilia junto con seis personas más en Morelos (2011); represión en contra de ciudadanos durante la toma de posesión del Presidente Peña Nieto (2012); ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del ejército en Tlatlaya (2014); desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa (2014); ejecuciones extrajudiciales por parte de Policía Federal en contra de civiles en Apatzingán (enero 2015) y Tanhuato (mayo 2015).
El recuento anterior es sólo una muestra de una cauda mucho mayor. Los casos mencionados tienen en común la impunidad, es decir investigaciones deliberadamente incompetentes que dejan sin consecuencias los atropellos a los derechos humanos.
Entonces una prioridad debe ser mostrar que la impunidad es inaceptable y dar pasos para castigar a los responsables. Esto podría concretarse, como una posibilidad, en aprovechar al máximo el apoyo y experiencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que la investigación sobre la desaparición de los 43 sea exitosa y contribuya en adelantar la capacidad de investigación de la PGR y de alguna Procuraduría estatal.
Otra alternativa sería establecer un conjunto de acciones contra la impunidad, por ejemplo dotar a las oficinas de derechos humanos de las distintas dependencias de facultades para investigar seriamente los abusos de su propio personal. Otra alternativa sería establecer desde el gobierno federal, a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, un programa que asuma la tarea de investigar rigurosamente algunos casos y concrete el mensaje de no más impunidad.
Precisar los énfasis en materia de seguridad, sus objetivos y los indicadores de avance anual hasta 2018. Iniciamos el 2016 con el asesinado de la presidenta municipal de Temixco, Morelos. Claro recordatorio del enorme déficit de seguridad que arrastra el país. Eduardo Guerrero, especialista en materia de seguridad califica así el momento. “En esos tres años [2012 – 2015] descendieron las ejecuciones, los índices de secuestro y se intentó un rediseño institucional del sector dedicado a la seguridad. Al igual que el de su predecesor, el gobierno de Enrique Peña Nieto apostó sobre todo a privilegiar el uso de la fuerza y la militarización. Y sin embargo no vivimos en un país más seguro. Los indicadores más rigurosos señalan que en estos tres años ha tenido lugar un incremento significativo la incidencia delictiva”. (http://bit.ly/1mBqlns)
Algunos de los énfasis en materia de seguridad podrían ser discutir y lograr un acuerdo sobre el modelo de policía, pues resulta inútil por completo que algunos gobiernos, estatales y municipales pugnen por mando único, mientras que otros apuntan en sentido opuesto. Un aspecto esencial más, sería amarrar la entrega de recursos destinados para seguridad a resultados verificables.
Una vez iniciada la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio trabajar por una mejora continua y sostenida. El 18 de junio de este año debe estar ya funcionando en todo el país este otro sistema de justicia penal y para entonces apenas tendremos lo indispensable. A partir de ahí habrá que trabajar para consolidar, entre muchos, una policía profesional, con formación y capacidad de investigar; Ministerios Públicos con habilidad y herramientas para coordinar a las policías y peritos en aras de una investigación creíble y capaz de enfrentar cuestionamientos; así como que la prisión preventiva sea excepcional. Parte del esfuerzo tendrá que orientarse para que la noción de justicia deje de asociarse con cárcel y se acerque al desarrollo de soluciones alternas a nuestros conflictos.
Las posibilidades pueden ser muchas más, pero en aras de lo dicho al inicio, me quedo con estas.
@edgarcortezm
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